En los últimos meses se han hecho evidentes algunas de las debilidades de la estrategia de protección de activos externos venezolanos. Hasta ahora, las sanciones habían sido bastante exitosas en mantener a raya a los acreedores mediante su prohibición explícita de transferir activos del gobierno venezolano sin autorización del Departamento de Estado norteamericano. Sin embargo, hay razones sustanciales para pensar que eso podría cambiar aceleradamente.
Como veremos, las debilidades de la estrategia de protección de activos se traducen en dos frentes de riesgo inmediato y uno potencial. El primer riesgo inmediato es la perdida de activos externos ubicados fuera de Estados Unidos. El segundo es el embargo de activos en suelo americano por parte de ciertos grupos que gozan de ventajas legales frente a los acreedores convencionales. El riesgo latente es el desgaste natural del apoyo norteamericano, a medida que este sopesa los intereses de los venezolanos contra los de sus acreedores.
Hay que comenzar explicando que existe un desbalance marcado entre el tamaño de nuestros activos y pasivos externos. Por un lado, la deuda externa venezolana se encuentra cerca de los 160 mil millones de dólares, más de tres veces su Producto Interno Bruto (PIB). Además, esta cifra sigue creciendo con la acumulación de intereses atrasados y nuevos fallos en contra del país. La contrapartida son los activos externos del sector público venezolano, que podrían estar cerca de los 20 mil millones de dólares. Estos no hacen más que decrecer, ya sea porque son tomados por los acreedores o simplemente porque su valor se evapora como consecuencia de la mala administración, como es el caso de Alunasa en Costa Rica.
La agencia de prensa Reuters reveló recientemente que el puertorriqueño Banco San Juan Internacional (BSJI) recibió autorización de un tribunal portugués para embargar fondos congelados de PDVSA en una cuenta de Novo Banco. BSJI está reclamando alrededor de 83 millones de dólares como compensación por el incumplimiento de un contrato de crédito. Como si esto fuera poco, O-I Glass (antigua Owens-Illinois) y ConocoPhillips están reclamando, respectivamente, 616 millones de dólares y 57 millones de dólares de esta misma cuenta. En total Novo Banco mantiene entre 1.600-1.800 millones de dólares congelados a nombre de varias entidades del gobierno venezolano, pero solo una parte de esto está a nombre de PDVSA.
“Debemos reconocer que la mayoría de estas demandas son legítimas, y tarde o temprano encontrarán oídos receptivos en el Ejecutivo y Cortes americanas”
Más allá de las sumas, la revelación más preocupante del reportaje es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le otorgó a BSJI una licencia específica para tomar posesión de los fondos. Esto apunta a un desgaste significativo en la disposición del gobierno norteamericano a proteger nuestros activos, al menos fuera de su territorio.
Reuters también reveló que Conoco está intentando embargar fondos congelados a nombre de PDVSA en Jamaica. A finales de 2019, el gobierno del país caribeño informó que estaba depositando pagos adeudados por la compra de petróleo bajo el esquema Petrocaribe en una cuenta custodia, con el fin de cumplir con las sanciones norteamericanas. La deuda para el momento totalizaba 115 millones de dólares, de los cuales es probable que solo una porción haya sido depositada en la cuenta.
También hay que tener en cuenta el caso de Propernyn AB, la filial holandesa de PDVSA que sirve como paraguas de sus activos en Europa y algunas islas del Caribe. En diciembre del año pasado, una corte holandesa autorizó la subasta de las acciones de Propernyn en favor de Conoco.
La subasta de Propernyn viene a sumarse a la pérdida parcial de las acciones en la sueca Nynas AB, su subsidiaria más valiosa. A raíz de las sanciones, Nynas se vio forzada a solicitar una reorganización dirigida por una corte sueca. Como parte de este proceso, PDVSA cedió un interés accionario del 35% a una fundación independiente, reteniendo solamente un 15% de la compañía. El traspaso fue opaco y se desconoce si Venezuela recibió compensación por las acciones cedidas, pero hay que resaltar que la OFAC levantó las sanciones que pesaban sobre Nynas a pesar de que fueron abogados designados por Nicolás Maduro quienes representaron a la compañía en la reorganización.
Pasando a los activos en EE.UU., la revelación más preocupante vino de la agencia de noticias REDD Latam, que advirtió que grupos de víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se encuentran persiguiendo activos del gobierno venezolano. Estas inusuales demandas se basan en la Ley de Seguro de Riesgo contra el Terrorismo de 2002 (TRIA, por sus siglas en inglés), que permite a ciudadanos norteamericanos embargar activos de las FARC o sus agencias e instrumentalidades. La conexión podría no ser evidente a primera vista, pero varios tribunales norteamericanos ya han determinado que el gobierno venezolano satisface la definición de agencia o instrumentalidad de las FARC por sus vínculos con el grupo armado.
“La deuda externa venezolana se encuentra cerca de los 160 mil millones de dólares, más de tres veces su Producto Interno Bruto”
Sobre esto vale la pena hacer dos consideraciones. Primero, que la ley TRIA tiene un alcance bastante amplio y los demandantes que se amparan en ella no requieren de licencias de la OFAC para tomar nuestros activos. Segundo, que esta ley requiere la presencia de dos condiciones para autorizar un embargo: Que exista un vínculo con las FARC y que los activos estén bloqueados. Esta última condición implica que, de forma no-intencional, las sanciones económicas han expuesto a los activos de Venezuela en estos casos.
Los tres grupos de víctimas involucradas en estos casos reclaman un total de 434 millones de dólares y han identificado más de 400 millones de dólares en cuentas y otros activos de varias entidades públicas venezolanas, incluidas PDVSA, Bandes y el BCV. Estos demandantes tienen una clara ventaja ante los acreedores convencionales al no requerir de licencias de la OFAC y, en efecto, ya han logrado tomar algunas cuentas.
Finalmente, debemos tener presente ciertos riesgos a futuro que quedan latentes. Una protección indefinida de nuestros activos estaría en conflicto directo con el interés del Gobierno norteamericano en preservar su estatus como centro de las finanzas globales, ya que debilita su imagen como jurisdicción con protecciones robustas para los acreedores. También debemos reconocer que la mayoría de estas demandas son legítimas, y tarde o temprano encontrarán oídos receptivos en el Ejecutivo y Cortes americanas.
Ya hay ciertas señales de cansancio en Estados Unidos. El juez Leonard Stark, que preside el caso de Crystallex, lo dejó plasmado al escribir que “cada día que Crystallex no recupera su sentencia es una afrenta al sistema judicial de los EEUU”. De hecho, el juez ha permitido que la planificación de la subasta de PDV Holding (empresa matriz de Citgo) prosiga a pesar de no contar con una licencia de la OFAC para concretar la venta.
Todo lo anterior apunta a una acumulación de riesgos significativos que vienen en un momento en el que la capacidad de respuesta del Gobierno interino está afectada por los desacuerdos políticos. En la última ronda de rendiciones de cuenta ante la Asamblea Nacional electa de 2015, las juntas ad hoc y Procuraduría Especial hicieron énfasis en la necesidad urgente de que el Legislativo apruebe los desembolsos para la defensa de los activos.
La situación es tan crítica, que la procuraduría se ha visto forzada a introducir cartas excusándose de participar en varios juicios por la falta de presupuesto para contratar abogados. Aquí hay que recalcar que no se trata de que los fondos no estén disponibles, sino de que la Asamblea no ha autorizado su uso por razones políticas.
La realidad de estos riesgos parece no haber pasado desapercibida. El Comisionado Presidencial para la Relaciones Exteriores, Julio Borges, ha admitido que el actual esquema de protección no puede ser permanente y ha propuesto transferir los activos en el extranjero a un fideicomiso independiente operado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su parte, Horacio Medina, presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA, ha sugerido que la misma se encuentra trabajando en estrategias alternativas.
El desbalance entre el tamaño de nuestros activos y pasivos externos hace difícil una solución que no pase por un acuerdo con los acreedores. También es difícil imaginar que la búsqueda de este acuerdo pueda prorrogarse indefinidamente. Es claro que las sanciones solo son una medida temporal y la estrategia requiere una renovación significativa.
*Estratega Senior en EMFI Securities.