Es casi una coreografía en la que cada bailador intenta imponer su paso al otro, lucen concertados a veces y muy descoordinados de pronto, sobre todo cuando la música se vuelve estridente frente a lo evidente de los hechos. Esta la imagen que me viene a la mente cada vez que la señora Michelle Bachelet rinde informes sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Un nuevo informe ha sido dado a conocer a la Asamblea General de la ONU por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta vez el régimen venezolano cada vez más curtido frente a estas retóricas de los organismos internacionales, reaccionó haciendo lo que sabe hacer, apresando, persiguiendo, desapareciendo.
El informe repite lo que ya todos conocemos, y se queda corto, frente a la descripción de los desmanes cometidos por una de las dictaduras más brutales que se haya instaurado en nuestro Continente, la cual no cede un milímetro en su afán por triturar la totalidad de los derechos que le asisten a los venezolanos. La presencia de una oficina de la Alta Comisionada dentro del territorio venezolano, ha sido motivo de distintas posturas por los expertos, defensores de derechos humanos, y parte de la comunidad internacional. Algunos opinan que es mejor contar con esa instancia antes que no tener nada, otros atribuyen que su presencia, es la causa de la timidez con la que se abordan algunos temas en los informes. Sea cual sea la realidad, lo que a mi juicio es más importante, es la incapacidad que las observaciones de la Alta Comisionada para persuadir a la dictadura en atender la grave crisis de derechos humanos.
“El régimen ahora opta por ignorarla [Michelle Bachelet] y conoce que más allá de las altisonantes intervenciones que se producirán en el Consejo de Derechos Humanos, eso no pasará de ahí”
Algunos me dirán que el informe es lapidario describiendo la brutalidad del régimen revolucionario, y efectivamente lo es, pero cada vez es más evidente que deja de mencionar aspectos importantes que generan gran incomodidad a Nicolás Maduro y sus aliados. En informes anteriores, por ejemplo, se mencionaba a la gran corrupción y la desinversión como causa primordial de las violaciones de los derechos económicos y sociales de la población. En la misma línea se destacaba la salida del territorio de millones de compatriotas que buscaban un futuro mejor frente a las complejas condiciones de vida que imperan en el país. De eso ya no hay menciones, salvo para cuestionar las sanciones internacionales a las que están sometidos mayoritariamente personeros de la dictadura. También frente a cada situación analizada, se saluda, se aplaude o se congratula sobre supuestos avances en torno al restablecimiento de derechos por parte del “gobierno”, tal como si hubiese algún propósito de enmienda, que todos sabemos que no existe.
Pero quiero referirme especialmente a un hecho que, en mi criterio, define de forma muy precisa cual es la postura del régimen frente a los informes de la oficina de la Alta Comisionada. El pasado 2 de julio, publicado el informe en cuestión, pudimos leer que dice textualmente:
El ACNUDH siguió documentando restricciones a las libertades fundamentales que limitan el espacio cívico y democrático. La labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación se vio obstaculizada por restricciones normativas y administrativas, y en algunos casos sus miembros se enfrentaron a procesos penales relacionados con su trabajo.
Funcionarios continuaron haciendo declaraciones públicas despectivas contra actores percibidos como críticos del Gobierno, incluso a través de medios de comunicación institucionales y sitios web oficiales. Personas defensoras de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación independientes fueron calificados de “criminales” o “terroristas”. Algunos funcionarios también instaron a la persecución penal de esas personas. El descrédito y la difamación de los actores de la sociedad civil afectan a sus derechos fundamentales, incluidos los derechos a la no discriminación, a la protección contra las amenazas a su vida e integridad personal, y a la presunción de inocencia en casos de criminalización.
El ACNUDH analizó 19 casos de personas defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas activistas locales, periodistas, sindicalistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, que se encontraban enfrentando procesos penales durante el período que abarca el informe. … criminalización de formas legítimas de participación cívica, como la protesta, la organización, la expresión de opiniones críticas o la participación en la política. El ACNUDH identificó preocupaciones relacionadas con el debido proceso, como procedimientos de allanamiento e incautación y detenciones que se llevaron a cabo sin órdenes judiciales, el uso rutinario de la prisión preventiva, el incumplimiento de los plazos procesales, la denegación de acceso a defensa legal de la propia elección de la persona acusada y la falta de acceso oportuno y completo a los expedientes y documentos del caso por parte de la defensa.
No pasaron 24 horas de la publicación de estos señalamientos, cuando los miembros de la organización no gubernamental Fundaredes, quienes vale decir que han hecho un destacadísimo trabajo de difusión de los Derechos Humanos violados o en peligro en territorio fronterizo, fueron detenidos a su salida de una oficina del Ministerio Público, en la cual denunciaban el acoso del cual estaban siendo víctimas por funcionarios de “seguridad” del Estado.
Cualquier Estado al que se le hayan atribuido conductas tan reprochables, al menos acoge un poco de prudencia o muestra preocupación frente a la acusación a la que se le somete, pero no el régimen chavista. En un solo día ejecutaron todo aquello de lo que se le acusaba en el informe sin el menor rubor, desaparecieron a Javier Tarazona y sus colaboradores, luego los condujeron de forma clandestina a tribunales, les impidieron la designación de abogados de su confianza, y los privaron de libertad bajo cargos inventados de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria. Todo esto mientras lanzaban una campaña de descrédito por sus medios.
Bachelet no tiene la fortaleza ni la capacidad de disuadir a una tiranía de estas características. Es probable que la perciban como una amiga o ex, con la que se tiene alguna disputa momentánea, pero con la que se sabe que habrá reconciliación en cualquier momento. El régimen ahora opta por ignorarla y conoce que más allá de las altisonantes intervenciones que se producirán en el Consejo de Derechos Humanos, eso no pasará de ahí. Por eso era harto conocido que la diplomacia dictatorial encabezada por Jorge Arreaza, no estaba preparando ninguna declaración como respuesta, ellos saben muy bien que los esfuerzos deben ponerlos en lo que pueda ocurrir en la Corte Penal, no en ese espacio. No pasará de ahí, además porque esos informes no llaman a las cosas por su nombre, ahí no aparece la palabra “presos políticos”, las torturas, asesinatos y desapariciones no se catalogan como crímenes de lesa humanidad, sino como simples violaciones de derechos; y, finalmente, siempre concluyen con tímidas recomendaciones que instan a la resolución de los problemas del país mediante diálogos y negociaciones inocuas, mientras tanto, miles siguen muriendo.
El régimen actúa como lo haría cualquier delincuente que nada teme frente a la recomendación de portarse bien que le hace un antiguo camarada, sólo le preocupa ir preso, por eso el foco en este momento está en otro lado.