El 11 de marzo pasado la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó en primera discusión un proyecto de Ley de las Ciudades Comunales. La ley representa la continuación del proceso jurídico-legal que desde el segundo gobierno de Hugo Chávez se viene adelantando para imponerle al país un modelo de régimen socialista “del siglo XXI” que, como desarrollaremos más abajo, carece de legitimidad. En el terreno, los consejos comunales y las comunas, que Chávez impulsó como bases del Poder Popular, han tenido escaso éxito en el cumplimiento de las funciones utópicas que les asignan las “leyes socialistas”. Su primordial función hasta ahora parece ser la de formar parte de la maraña institucional de naturaleza clientelar que maneja Nicolás Maduro y el bloque de fuerzas civiles y militares que lo perpetúan en el poder. Esta ley y la reconfiguración de la geografía urbana que de ella pudieran surgir, serán un adefesio más en el país fantástico que retóricamente se ha venido construyendo desde el aparato de propaganda pública que hoy representan los medios de comunicación del Gobierno.
El carácter ilegítimo del Estado Comunal
El Estado Comunal, modelo del “socialismo del siglo XXI” ideado por Hugo Chávez en su segundo gobierno (2007-2013), nunca obtuvo legitimidad democrática. El presidente presentó esta propuesta como una transformación radical del régimen político aprobado en la Constitución de 1999 y conocido como de democracia “participativa y protagónica”. Fue elaborada por él y una Comisión Presidencial que creó para que lo asesorara. Mediante un decreto la oficializó y le exigió trabajar en completa confidencialidad, sin consultar a nadie excepto con él. Cuando lo presentó para su revisión a la Asamblea Nacional dijo que era una propuesta “de su puño y letra”. El proyecto de reforma constitucional tuvo 69 artículos y, como exige la Constitución, fue sometido a referendo popular en diciembre de 2007, resultando rechazado por el voto popular. Al ser negado por el soberano, la reforma debería haberse engavetado o pospuesto hasta otro período constitucional, pero eso no se hizo. Esto le ha dado al socialismo chavista un carácter de imposición autoritaria sobre el país y es, en parte, la explicación de los problemas que ha tenido para enraizarse.
Consejos comunales y comunas ¿cuál es la situación?
En una exploración que llevé a cabo hace tres años sobre la evolución de consejos comunales y comunas en la etapa chavista-madurista pude constatar un estancamiento del crecimiento y desarrollo de las mismas. El resultado de ese estudio está publicado en la revista Nueva Sociedad, marzo-abril, 2018. Observé también que se consolidaba una tendencia, que en el caso de las comunas estaba presente desde su propia concepción en la Ley Orgánica de Comunas: Servir de brazos operativos del Estado iliberal -léase autoritario- en construcción. Atadas las comunas al partido oficialista y al Gobierno, las leyes que las norman y toda la estructura comunal en construcción desfiguraron la concepción participativa de la Constitución de 1999 para darle un giro estatista que contradice el espíritu y la letra de la Carta Magna.
La democracia participativa constitucional debe entenderse como una relación de la gente con el poder, donde se apela a una combinación de instituciones representativas y directas. Ambas se complementan y a la vez controlan. Esta democracia con relación a la representativa de la Constitución de 1961, se impulsó luego de muchos debates en el seno de la sociedad y del Estado, que ocurrieron en las últimas décadas del siglo XX. En medio de la crisis profunda y global que atravesábamos, la combinación de instituciones directas y participativas surgió como medio que podría corregir la exagerada intervención estatal y de los partidos sobre la sociedad. Las instituciones participativas tienen virtudes como son, fortalecer atributos ciudadanos, tejido organizativo y pueden mejorar las condiciones para la inclusión de sectores excluidos. Al fortalecerse al ciudadano autónomo, se esperaba un balance más equitativo entre sociedad y Estado y la posibilidad de ejercer contraloría sobre funcionarios públicos. La ley de consejos comunales de 2006, las leyes socialistas de 2010 y todo el conjunto de disposiciones jurídicas y legales que los gobiernos de Chávez y Maduro han elaborado alrededor de esta materia van en la dirección contraria, es decir, no fortalecen al ciudadano sino a los que están en el poder.
“El Gobierno de Maduro no cree en la participación, no entiende de qué se trata, pero sí tiene necesidad de afianzar su control social”
Según declaraciones oficiales recientes existen más de 3.240 comunas en el país. Sin embargo, no existe un censo oficial desde 2013 cuando se contabilizaron unas 1.400. Para 2018 cuando hice mi estudio, no habían crecido, más bien estaban en retroceso o a lo sumo estancadas. No hay forma de constatar la cifra oficial, pero levanta muchas dudas. En los años de Maduro los consejos comunales y comunas han sido objeto de grandes descuidos por parte del Gobierno. Los apoyos financieros a proyectos comunitarios han disminuido en medio de una brutal crisis económica y fiscal. Estas formas comunitarias han sido consideradas como una forma de organización más entre otras, como las de mujeres, estudiantes o jubilados. Si se consideran las Salas de Batalla Social como comunas puede que se pueda incrementar la cifra de 1.400 a un poco más, pero no mucho. Por otra parte, en Caracas y otras ciudades, consejos, comunas, salas, CLAP, RAS y UBCH, están conformados muchas veces por las mismas personas, que se desdoblan en varios roles según la necesidad. Estas personas son activistas chavistas en su mayoría, que se dedican a gestionar ante el Gobierno diversas demandas y necesidades de sus vecinos. Reparten cajas de alimentos, bombonas de gas, ayudan a que la gente para obtener servicios del Gobierno, envío de cisternas de agua, arreglos de calles, y así. Son, digamos, gestores ante el Gobierno para resolver problemas. Cuando indagamos en 2018 sobre comunas rurales, constatamos algunas experiencias exitosas en unidades productivas agrícolas que contaban con apoyo estatal. Pero, con todo, pensar que esto crea empoderamiento o autogobierno es temerario.
Con las imperiosas necesidades que viven la población no se puede descartar, sin embargo, que estas estructuras organizativas estén siendo reactivadas por la gente para juntarse y tratar de resolver problemas con los que no pueden solos. Familias se apropian de estos espacios en busca de articularse entre sí para presionar, por ejemplo, para recibir recursos y servicios del Estado. Estas tendencias corresponden a una ciudadanía restringida, de escasos derechos y con relaciones con el poder más parecidas al vasallaje que a la ciudadanía democrática.
La Ley de las Ciudades Comunales no corregirá este entuerto. El Gobierno de Maduro no cree en la participación, no entiende de qué se trata, pero sí tiene necesidad de afianzar su control social y repetir con palabras y leyes como esta, para una parte de su base, que está siguiendo el legado del “comandante eterno”, como dice al principio dicha ley.
La utopía “socialista” vuelta distopía
Quizás resulte un poco asombroso encontrar en el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales una elaborada fantasía sobre la sociedad venezolana en construcción. La ley proyecta un país vibrante de participación, que gracias a este nuevo instrumento legal continuará hacia una escala superior la articulación de consejos comunales y comunas en una nueva territorialidad política administrativa. Venezuela se proyecta emancipada de los vicios del capitalismo y acercándose al Buen Vivir y los parámetros de desarrollo elaborados por la ONU. La ley pareciera ser ajena a la crisis humanitaria, hiperinflación, profunda pobreza que cubre a más del 90% de las familias, y a la desigualdad que es de las peores del Continente. Es ajena a la masiva diáspora que ya se contabiliza en cerca de seis millones. Uno no puede sino preguntarse: ¿Por qué se sigue queriendo presentar semejante mentira?, ¿quiénes lo creerán?, ¿qué rol juega en la perpetuación en el poder de Maduro? La respuesta no es unívoca ni fácil.
La Ley de las Ciudades Comunales, bien vista, llegó con retardo. Fue en 2010 cuando se aprobaron intempestivamente las leyes socialistas que dieron una pseudo legalidad a estructuras comunales que no existían en la Constitución vigente y que son base del Estado Comunal o socialista. Ese diciembre se aprobó la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que dio una interpretación nueva al proceso de descentralización, al conducirla por instancias territoriales del Poder Popular, un poder ausente en la Constitución. Dijo así: “El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. En consecuencia, el Consejo Federal de Gobierno establece los lineamientos que se aplican a los procesos de transferencia de las competencias y atribuciones de las entidades territoriales, hacia las organizaciones de base del Poder Popular” (Itálicas mías). Con este artículo, el Gobierno pretendió sembrar el embrión de una nueva división política administrativa del Estado que no estaba contemplado en parte alguna. La Ley Orgánica de las Comunas le dio forma a la comuna y la definió como un espacio “socialista” que articulaba un grupo de consejos comunales. Ya se señalaba en esta ley la posibilidad de constituir ciudades comunales y federaciones de ciudades comunales. Estas nuevas territorialidades iban a recibir funciones y recursos que estaban destinados a las entidades federales y municipios. Han pasado once años para que apareciera esta ley que sigue lo pautado allí. La ley es muy similar a la de los consejos y las comunas, en el sentido de cómo se constituye y los órganos que posee. No dice cómo se eligen a los voceros de sus órganos y no aparece nada sobre su vinculación a municipios y entidades federales. Es como si estas ya no existieran. Al igual que los consejos comunales y las comunas, las ciudades deben construir el socialismo, la propiedad es social colectiva, deben inculcar valores contrarios a la decadencia capitalista. Nada nuevo.
Me parece que la aparición de esta propuesta de ley pudiera tener varios objetivos políticos. Uno sería, como dice la exposición de motivos, complacer demandas de activistas de comunas y seguidores chavistas que se han beneficiado de estas estructuras y creen en ellas. Es la base chavista que aún queda y que encuestas recientes calculan en un 20% a 25% de ciudadanos. Otra sería que se considere que el proceso de desconcentración administrativa que aúpa esa ley, pudiera aliviar las cargas fiscales de un Estado en bancarrota, haciendo que los ciudadanos sufraguen los costos de servicios públicos. Esto fue, por cierto, una propuesta del neoliberalismo en los años ‘90. Aún otra explicación sería que el gobierno de Maduro necesita divulgar políticas, medidas, leyes y mentiras, que luego se congelan, no se ejecutan o se usan para otros propósitos; como, por ejemplo, confiscar tierras, infundir miedos o distraer de otros problemas. Una cuarta, que se busque con ellas reactivar las bases chavistas desmovilizadas y apáticas. Se me ocurren varias otras, como preparase para movilizaciones electorales próximas, o incluso justificar no hacer elecciones, alegando que el pueblo participa en estos espacios y no hace falta más.
La Ley de las Ciudades Comunales seguirá su curso como parte de ese Estado paralelo que Chávez propuso sin convencer. El texto refleja una utopía totalmente desvinculada de la realidad, una disociación esquizofrénica que viniendo del discurso público intoxica, confunde y asusta. Pero, en realidad, no presagia nada nuevo, sino la continuidad de un gobierno rechazado por las mayorías, que busca engañar para permanecer perpetuamente.