Tras dos décadas de constantes esfuerzos y diferentes estrategias, pareciera que, desde hace más de un año, el juego está trancado. La oposición venezolana ha agotado todo tipo de instancias con el mismo objetivo: Conseguir la salida del régimen. Se ha intentado a través de elecciones presidenciales, referéndums revocatorios, juicios políticos, declaración de abandono del cargo del Presidente de la República, diferentes diálogos con observación internacional y por supuesto, a través de intensas y largas protestas en las calles. A medida que se agotaban más y más instancias, una gran parte de la población perdía la esperanza de encontrar una salida pacífica del régimen chavista.
Para refrescar un poco la memoria
La instancia que más rápido perdió credibilidad fue, sin duda, la electoral, y esto se debe a distintas razones: Tras las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 14 de abril de 2013, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) desconoció los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando un fraude electoral y exigiendo una auditoría total del proceso. Luego de la masiva victoria de la MUD en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, el régimen neutralizó a la Asamblea Nacional electa, declarándola en desacato en enero del año siguiente a través de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y desconociendo cualquier acto emanado por este órgano. Para colmo, en el 2017 el régimen instaló en el Palacio Federal Legislativo, una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya elección violó totalmente el procedimiento expuesto en los Artículos 347, 348 y 349 de la Constitución Nacional; y tomando acciones que no le competen a un poder constituyente como, por ejemplo, revocar a la Fiscal General de la República. Finalmente, en octubre de 2016, el CNE paralizó y acabó con el proyecto de Referéndum Revocatorio llevado adelante por la MUD, exigiendo detalles que no contempla el ordenamiento jurídico y violando gravemente el Artículo 72 de la Constitución.
La última elección donde la MUD decidió participar, fueron las regionales de octubre de 2017. En este proceso, la MUD logró obtener 4,9 millones de votos, unos 2,8 millones de votos menos de lo que obtuvieron dos años antes en las parlamentarias. Es decir, en tan solo dos años, la MUD perdió un 36,3% de sus votantes.
Luego de esto, el régimen ha ido prácticamente solo a diferentes elecciones, enfrentándose con candidatos con muy poca credibilidad y apoyo, y ganando siempre con un amplio margen. En las elecciones municipales de diciembre de 2017, el régimen obtuvo el 71,3% de los votos, ganando 305 alcaldías, mientras que una pequeña coalición de partidos opositores obtuvo las otras 29. Posteriormente, en marzo de 2018, la ilegítima ANC convocó unas elecciones presidenciales, estas se llevaron a cabo con una participación sumamente baja (46%) y un respaldo internacional tan limitado que solo alrededor de 15 países reconocieron la elección. Nicolás Maduro obtuvo el 67,8% de los votos y se instaló para gobernar seis años más.
Finalmente, en diciembre de 2020, en medio de la pandemia, se realizaron las elecciones parlamentarias, también con uno escaso respaldo internacional y una participación del 30,5%, donde el régimen obtuvo el 69,3% de los votos, reflejados en 256 escaños de 277 a escoger.
Ahora bien, la recién instalada Asamblea Nacional convocó, por primera vez desde 2006, un procedimiento de postulaciones electorales para elegir los cinco nuevos rectores del CNE. Estos cargos, si bien tienen una duración de siete años, en el 2014 el TSJ renovó a los rectores asumiendo una “omisión legislativa” del Artículo 296 de la Constitución, artículo que establece, junto con la Ley Orgánica del Poder Electoral, el procedimiento de postulación y elección de los rectores.
Este procedimiento inicia con la conformación de un Comité de Postulaciones Electorales, el cual está compuesto por 21 miembros: 11 diputados elegidos por el seno de la Asamblea Nacional y 10 miembros postulados por la sociedad civil. El Comité está encargado recibir las postulaciones, entrevistar a los postulados y hacer una depuración de la lista que finalmente será presentada a la Asamblea Nacional para que esta designe, con la aprobación de las 2/3 de sus diputados, a los nuevos rectores del CNE.
El 22 de febrero del presente año, el Comité de Postulaciones Electorales, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello, dio inicio al plazo para las postulaciones y el 4 de marzo iniciaron el proceso de entrevista y evaluación de los postulados. Para ese entonces, la lista comprendía 75 nombres. Sin embargo, tras una extensión del plazo de postulaciones de 14 días, atendiendo a la solicitud de la Asamblea Nacional, anunciaron la conclusión de este proceso el 3 de abril, dando inicio la fase de evaluación de los nuevos 45 postulados.
El diputado Giuseppe Alessandrello anunció que el día 27 de abril, el Comité de Postulaciones Electorales presentará ante la Asamblea Nacional a los aspirantes a rectores para que este órgano proceda a la elección y designación de los cinco rectores que encabezarán el Poder Electoral por los próximos siete años en Venezuela.
Esto podría cambiar la tendencia de la intención de voto que ha presentado la ciudadanía en la última década, dependiendo por supuesto de quiénes sean estos nuevos cinco rectores y la postura de los partidos políticos de oposición ante su nombramiento.
Tomando en cuenta la caída de la participación electoral en los últimos años y sus principales razones, un nuevo CNE podría darle un giro al asunto y ubicaría la salida electoral nuevamente en la mesa como una opción realista.
El primer impacto de esta nueva directiva electoral, lo podríamos este mismo año, en unas posibles elecciones municipales y regionales que se esperan para diciembre. Varios factores pueden cambiar dependiendo de la designación de los nuevos rectores. Si los partidos consideran que generan confianza, podríamos volver a ver, después de cuatro años, a los principales partidos políticos llamando a votar en Venezuela. O bien se podría ver un incremento en la voluntad del sufragio activo y pasivo, es decir, más candidatos y mayor participación.
“Según el Artículo 72 de la Constitución, a partir del 10 de enero de 2022 se puede convocar un Referéndum Revocatorio al cargo del Presidente de la República”
Si bien una elección municipal, a estas alturas no cambia mucho las cosas a nivel macro, independientemente del resultado, podría ser un experimento interesante para entender cuál es el verdadero impacto de un nuevo CNE en el panorama político en Venezuela. Los resultados de la participación electoral en esta elección podrían ser un indicio de gran importancia, pues nos darían una idea del efecto del nuevo CNE en la intención al voto y sabremos si esta nueva directiva cumpliría con un proceso más justo y transparente que los anteriores.
Yendo a un plano más macro, es importante recalcar que, según el Artículo 72 de la Constitución, a partir del 10 de enero de 2022 se puede convocar a un Referéndum Revocatorio al cargo del Presidente de la República. El resultado de la elección de diciembre nos permitirá saber cuál es la influencia de la nueva directiva del CNE en el proceso electoral y en la intención de voto de la ciudadanía.
Hay un dilema interesante en el caso, y es que los principales partidos de la oposición venezolana y la amplia mayoría de la comunidad internacional desconoce totalmente a la Asamblea Nacional integrada en su mayoría por diputados adeptos al régimen, y por tanto, ignoran cada acto emanado por este órgano. Esto complica mucho la posibilidad de que los partidos suscriban el nuevo CNE y se presenten a una elección.
Sin embargo, tomando en cuenta el fracaso de las demás medidas y acciones, puede que no vean otra opción más que la electoral. Esta podría ser la oportunidad perfecta para ello: Un nuevo CNE, un experimento en las municipales de diciembre, y ya tendrán más claro el panorama en caso de que algún sector decida convocar el Referéndum Revocatorio el próximo año.
La última incógnita que queda por despejar es: Tras todas las irregularidades de la última década en materia electoral, ¿por qué el régimen aceptaría la conformación de un nuevo CNE imparcial y transparente?
No es secreto que el aislamiento del régimen se debe al desconocimiento internacional de sus instituciones, principalmente la de la Presidencia de la República. El vencimiento del cargo de los rectores del CNE y la desconfianza que tiene la ciudadanía por la salida electoral, son factores que le vienen muy bien al régimen para intentar lavarse la cara ante la comunidad internacional, alegando la celebración de elecciones libres y, tras la abstención opositora, ganándolas ampliamente.
Ahora, si bien se pueden lograr ciertas condiciones electorales a través de presión interna y externa, las irregularidades de los últimos años han dejado daños irreparables que impiden la garantía de una elección totalmente libre hasta que no hay un cambio profundo en las instituciones del Estado. Recordemos que, a través de la Fiscalía y la Contraloría, el régimen ha inhabilitado dirigentes opositores. A esto se le suman los presos políticos, los perseguidos, los exiliados, el hecho de que hayan arrebatado la titularidad de los partidos a sus verdaderos líderes para asignarles su imagen a chavistas disidentes de la oposición. Estas irregularidades no pueden ser sanadas por una nueva directiva del CNE, pero sí se pueden conseguir las condiciones mínimas para hacer respetar la normativa electoral, el correcto desarrollo de la campaña y los comicios, y la imparcialidad e independencia del CNE.
Hoy por hoy, el juego está trancado. Se ha dicho muchas veces que “todas las opciones están sobre la mesa” cuando realmente no existe ninguna propuesta realista, ni una ruta clara. El régimen tiene clara su estrategia y ya queda de parte de la oposición si destrancan el juego o no. Si consiguen la presión, si se organizan, se ponen de acuerdo y ejercen acciones siguiendo una ruta común y posible, o si seguimos esperando.