La democracia representativa o liberal, como señalamos en la columna anterior, ha sido objeto de incontables debates y críticas. Su pobre desempeño en Venezuela desde los años ochenta fue creándole una matriz de opinión negativa que, con la aparición de Hugo Chávez y su discurso contra ella, se consolidó en sectores de la población. En la actualidad muchos venezolanos creen que los males que aquejan a Venezuela provinieron de ese régimen político, de sus partidos y dirigentes.
Esto no es cierto. La crisis venezolana no fue originada por el sistema político. Las relaciones entre los gobernantes y los gobernados de la democracia representativa, es hoy una dimensión importante de la crisis, pero no la iniciaron. Ella se engendró en las relaciones entre el Estado y la economía, cuando el modelo industrialista de sustitución de importaciones mostró fallas, que exigían rectificaciones que no se hicieron. La crisis económica se visibilizó en febrero de 1983, con el Viernes Negro, cuando el gobierno de Luis Herrera Campins pasó a controlar el mercado cambiario, y procedió a la primera devaluación del bolívar en veinte años.
La poca capacidad o voluntad de las elites de entonces de construir acuerdos para modificar ese modelo económico, explica el constante deterioro de las condiciones de vida de la población hasta fines de siglo. La voluntad de imponer reformas económicas sin consulta ni negociación, como quiso hacerlo Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, tampoco creó la crisis, pero empeoró la situación. Como resultado, el país vivió procesos inflacionarios, subidas y desplomes del Producto Interno Bruto, el empobrecimiento creciente de numerosas familias, escasez y crecientes corruptelas. La corrupción en torno al negocio cambiario, controlado por el Ejecutivo Nacional, comenzó entonces.
Esto le hizo un gran daño a la democracia representativa. Al no resolver los problemas, no tener disposición a hacer acuerdos, ni responder a las expectativas de la población, los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, se hicieron blanco de la polarización política que emergió en la campaña presidencial de 1998. Hugo Chávez calificó a los partidos del Puntofijismo de oligárquicos y responsables de lo que sucedía. Y, sin reconocer la naturaleza profunda y estructural de la crisis, la achacó a las “cúpulas podridas”, es decir, simplificó la crisis a un asunto de elites ladronas que debían ser desalojadas del poder.
“Suiza y Uruguay son considerados ejemplo de una mezcla exitosa de ambos modelos, aunque son muy distintos entre ellos”
En la sociedad de los años ochenta, demandas de salir de la crisis mediante la profundización de la democracia tuvo un consenso relevante. Se solicitaba desde partidos opositores y organizaciones civiles reformas de descentralización y participación. En su primer año de gobierno, satisfaciendo estas sentidas demandas, Chávez impulsó una Asamblea Nacional Constituyente, para que elaborase una nueva Carta Magna bajo tales orientaciones. La Constitución de 1999 cambió el régimen liberal por uno que denominó “participativo y protagónico”.
¿Qué es una democracia participativa? Aquí comienzan los malos entendidos. En general, se asocia este tipo de democracia a la directa inventada por las ciudades-estado de la Grecia clásica, donde el pueblo soberano -los ciudadanos- gobernó sin intermediarios desde la plaza pública. En los grandes debates sostenidos durante la Revolución Francesa y la de Estados Unidos, esa forma de democracia se consideró impracticable e inconveniente. Como alternativa se ideó el modelo representativo, donde mediante elecciones libres y competitivas, el soberano delega su derecho a gobernar a un grupo de ciudadanos, que se profesionalizan para esta materia.
Un régimen de democracia al estilo de la Grecia clásica, no existe en el mundo. Los que más se acercan a ese modelo en Occidente, tienen instituciones que combinan la representación con la participación directa. Suiza y Uruguay son considerados ejemplo de una mezcla exitosa de ambos modelos, aunque son muy distintos entre ellos. Lo que las caracteriza es que, dentro del marco de los principios e instituciones liberales, como el sufragio universal, directo y secreto, la independencia de poderes, los derechos individuales, el pluralismo y la alternancia, conviven formas y mecanismos de democracia participativa.
La Constitución venezolana de 1999 se coloca al lado de países que entienden el régimen participativo como una combinación de representación y democracia directa. En particular, el Artículo 5 pareciera muy claro: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público…” (Itálicas mías).
“La combinación de democracia representativa y participativa puede ayudar a que ambas se complementen en sus virtudes, y se controlen sus defectos”
Bajo su orientación, el gobierno de Chávez impulsó tanto innovaciones comunitarias participativas, como mesas de trabajo y presupuestos participativos, donde se toman decisiones en asambleas, como mecanismos de democracia directa como referendos, consultas populares y revocatorias de mandato, donde el soberano se expresa mediante el sufragio universal, directo y secreto. Las innovaciones comunitarias han sido pensadas para promover la inclusión y el empoderamiento de personas y comunidades que hasta entonces habían padecido exclusiones, desigualdades y un déficit de derechos ciudadanos. Ellas tienen el potencial para, como señalan las teorías sobre la participación, facilitarla inclusión, el autodesarrollo individual, el empoderamiento y la inculcación de valores como la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad ciudadana.
La polarización política, sin embargo, ha hecho que el oficialismo sostenga hoy otra interpretación de la democracia participativa constitucional. Según esta, ella permite el desarrollo de un régimen socialista, entendido como un régimen participativo sin principios ni instituciones liberales, lo que Chávez llamó en su segundo gobierno un Estado Comunal. Esto es falso. En la parte referida a los principios fundamentales de la Carta Magna, además del Artículo 5 ya señalado, en el Artículo 2 se establece la “preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo” (Itálicas mías), y en el Artículo 6 se asienta que el gobierno, entre otros atributos, es democrático, participativo, alternativo y pluralista (ídem). Estos son principios de la democracia representativa. Los derechos civiles y políticos están concebidos como individuales, otro aspecto propio de la democracia liberal. Y en el Artículo 23 se reconocen los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República, todos ellos con la lógica de los derechos humanos liberales. El Artículo 115reconoce la propiedad privada. Chávez fue consciente de que la Constitución consagraba un modelo híbrido anclado en un sujeto político individual y no colectivo, por ello buscó cambiarla en 2007 mediante un plebiscito de reforma, pero la voluntad popular no lo aprobó. De allí que el régimen socialista o comunal carezca de legitimidad democrática y que Nicolás Maduro permanentemente use una retórica mentirosa para hacer creer que su gobierno se apega a la Constitución.
Así como con la democracia representativa, también existen importantes debates y dudas sobre las bondades de la democracia participativa. Las experiencias nazis, fascistas y del socialismo realmente existente en el siglo XX que, aduciendo ser fórmulas de democracia sin representación, desembocaron en regímenes totalitarios, desprestigió mucho a esta versión de la democracia.
A diferencia de la democracia liberal, la participativa se caracteriza por el ejercicio frecuente de la soberanía por parte del ciudadano. Innovaciones participativas como mesas técnicas sirven para resolver, en colaboración con el gobierno, problemas de servicios públicos -como agua, telecomunicaciones o gas-, lo que, sin duda, ayuda a inculcar valores de ciudadanía. Referendos pueden corregir y controlar mejor a autoridades electas, o removerlos cuando no cumplen sus deberes. Pero, implica también muchos costos en tiempo y dinero para deliberar, organizar reuniones, consultas, referendos, etc. Se ha demostrado que las asambleas no necesariamente garantizan ni la participación de todos ni decisiones más libres que el sufragio universal y secreto. Y, si quienes participan son de procedencia social o económica muy homogénea, la intolerancia hacia el disenso o la diferencia suelen prevalecer. Por ello, la combinación de democracia representativa y participativa puede ayudar a que ambas se complementen en sus virtudes, y se controlen sus defectos. Después de la dolorosa experiencia que bajo la Constitución de 1999 hemos vivido, ella necesita revisarse. Pero, las innovaciones participativas comunitarias y los mecanismos de democracia directa que incorporó deben mantenerse ajustadas al espíritu democrático inicial, que fue que convivieran juntas. Así fue entendida la democracia participativa cuando actores sociales y políticos buscaron en los ochenta profundizar la democracia que se tenía para salir con ella de la crisis y no, como desde el segundo gobierno de Chávez se ha sostenido en el discurso oficial. Los venezolanos, en rigor, nunca votamos por el socialismo del siglo XXI. La única vez que se nos preguntó, que fue en el plebiscito de reforma constitucional de 2007, dijimos que No.