Actores políticos y sociales venezolanos, dentro y fuera del país, no cesan de soñar, diseñar y luchar para replantar en Venezuela un orden político de libertades e igualdades. La polarización política no nos permite, sin embargo, compartir entre todos ese anhelo, ni encontrar caminos para alcanzarlo de manera unida.
Existe, primeramente, una disputa por el término y cada quien piensa que su democracia es la verdadera. Para unos la democracia de partidos, la de 1958 y las décadas siguientes, es la correcta y se refieren a ella con nostalgia. Para otros, la democracia participativa y protagónica, asentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, es muy superior e incompatible con la anterior, y hablan con añoranza de los gobiernos de Chávez. La mayoría piensa que ninguna de estas dos está hoy funcionando en Venezuela y más del 80%, según diversas encuestas, quiere un cambio político, convencidos de que sólo así remontaremos esta pavorosa crisis.
Esa democracia deseada cambia según sea la alineación que se tenga en el polarizado país al cual pertenecemos. De acuerdo con resultados de mediciones hechas por la encuestadora Delphos en enero, apenas un 15% de venezolanos está conforme con el gobierno de Nicolás Maduro. Otro 15% le gustaría un cambio político, pero dentro del chavismo. Eso nos lleva a un tercio de la población que no añora la democracia representativa del pasado. O quizás, que no estaría de acuerdo con el regreso al poder de actores políticos y sociales que sostuvieron a la hoy conocida como democracia del Puntofijo.
“La democracia venezolana comenzó con buen pie, gracias a un conjunto de compromisos entre actores prodemocráticos o poderosos de la sociedad venezolana”
Es una porción de ciudadanos nada deleznable, que problematizan una vuelta a ese régimen político. Porque no existe en el mundo moderno democracias que no sean liberales o representativas. Aunque se han propuesto democracias no liberales -iliberales-, como la del gobierno de Viktor Orbán en Hungría, ellas, más temprano que tarde, han desembocado en autoritarismos personalistas. La misma Venezuela es un ejemplo. Hugo Chávez anunció querer ir a una democracia sin instituciones liberales como la independencia de los poderes públicos, el pluralismo político y la alternancia. Como resultado propició directamente la posibilidad de un régimen autoritario como el que hoy preside Nicolás Maduro.
El esfuerzo que debemos hacer, entonces, por encontrar una ruta pacífica y crecientemente compartida para alcanzar una democracia a la venezolana nos obliga a un debate sincero y lo más objetivo posible sobre las fallas del sistema democrático representativo y, también, de democracia participativa y protagónica. Enmendar los errores de ambas permitirá la emergencia de una democracia del siglo 21 para Venezuela.
Para comenzar, refiriéndome a la democracia representativa, es necesario resaltar un prejuicio que se ha hecho común, que es referirse a los pactos o compromisos políticos como algo pernicioso, que traiciona los intereses del ciudadano o del pueblo llano. Esto es falso. Los acuerdos políticos son imprescindibles en sociedades complejas con sectores de intereses divergentes. Sin ellos, no es posible convivir en paz. Consensuar un piso común mínimo en las relaciones políticas es quintaesencia de la democracia. Si no entendemos que necesitamos un nuevo pacto social y político para dilucidar nuestras diferencias, de acuerdo a normas que nos comprometamos a cumplir, no volveremos a tener una vida civil. Habremos de aceptar la bota militar, los colectivos armados y la guerra como forma de relacionarnos. Sobre acuerdos similares al Pacto de Puntofijo de 1958 se construyeron democracias resilientes hasta hoy, como son los casos de Chile y España.
“En los años ‘80 se hizo evidente el agotamiento del modelo económico industrialista, de sustitución de importaciones, altamente dependiente del ingreso fiscal petrolero”
Los problemas de la democracia venezolana construida desde 1958, en mi criterio, no derivaron de los acuerdos. Al contrario, la democracia venezolana comenzó con buen pie, gracias a un conjunto de compromisos entre actores prodemocráticos o poderosos de la sociedad venezolana. No fue el Pacto de Puntofijo, o los otros acuerdos que entonces se firmaron -el Advenimiento Obrero-Patronal, o el de la Santa Sede- o se hicieron de manera tácita -con los militares- donde falló la democracia venezolana.
Nuestra democracia, construida con el esfuerzo y vidas de muchos ciudadanos, falló por falta de acuerdos. En los años ‘80 se hizo evidente el agotamiento del modelo económico industrialista, de sustitución de importaciones, altamente dependiente del ingreso fiscal petrolero. Ante el creciente desajuste económico, la democracia no supo, no pudo o no quiso construir los compromisos necesarios para impulsar un proyecto económico alternativo. Esto ocurrió a mediados de los años ‘80, durante el gobierno de Jaime Lusinchi.
Dos ejemplos servirán para ilustrar este momento de inflexión. El gobierno de Jaime Lusinchi, que comienzó en 1984, después del “Viernes Negro” de 1983, elaboró el VII Plan de la Nación, con una metodología de planificación estratégica, que contemplaba la participación de una gama de sectores sociales con intereses diversos en el ejercicio planificador. Se hizo un diagnóstico muy preciso de la crisis económica y se introdujeron propuestas de reformas importantes al modelo económico, planteando la privatización de empresas públicas. Este Plan no pudo ser aprobado por las resistencias que recibió, particularmente por parte de sectores empresariales. Los empresarios se atemorizaron -o indignaron- ante la propuesta de crear un “tercer sector” en la economía, pasando algunas empresas estatales a propiedad de sus trabajadores. El ministro de Cordiplan, Luis Matos Azócar, renunció, el Plan fue engavetado y ese período de gobierno se orientó por un Plan de Inversiones mucho más limitado en sus alcances.
“Nuestra democracia, construida con el esfuerzo y vidas de muchos ciudadanos, falló por falta de acuerdos”
El segundo ejemplo. En la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), decretado por el presidente Lusinchi en su primer año de gobierno, los comisionados nombrados para ese propósito, que venían de distintos partidos, del funcionariado público y de organizaciones civiles, no pudieron llegar a acuerdos en torno al diseño de una economía alternativa a la rentística. Lograron sí, acuerdos casi unánimes para hacer reformas políticas importantes, la descentralización y la participación directa fueron dos que pasarían luego a la Constitución de 1999. Sin embargo, al someter las reformas políticas al presidente, tanto su gobierno como el partido Acción Democrática las rechazaron y/o postergaron.
Así, no fueron los pactos sino los partidos hegemónicos, sus dirigentes e importantes asociaciones civiles, como los empresarios, quienes fallaron al no comprender ni aceptar la severidad de la crisis que se desarrollaba. Al abortarse las posibilidades de impulsar mediante acuerdos las necesarias reformas, los gobernantes posteriores, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera las impusieron. Y no serían graduales, ni pensadas para Venezuela, como fueron diseñadas en los gobiernos previos, sino programas de ajustes económicos, dictados por el Fondo Monetario Internacional.
Desafortunadamente para Venezuela, las elites no pudieron ser convencidas, ni de la gravedad de la crisis, ni de la necesidad de sacrificar parte de sus intereses particulares para alcanzar el bien común. Así, llegamos a fines de siglo, cuando veremos cómo los ciudadanos, acosados por una crisis que se prolonga sin solución, apuestan por un líder de encendido verbo populista. Chávez trae un potente discurso de cambio que divide a la sociedad entre buenos y malos, oligarquías y un pueblo sufrido. La ruptura populista, con su mensaje de un nuevo comienzo, abre el siglo 21 para Venezuela.