«Desde siempre la Guayana Esequiba fue territorio de Venezuela y sufrió un despojo imperial. Ese territorio es de los venezolanos y las venezolanas y lo vamos a reconquistar» afirmó Nicolás Maduro el 7 de enero, al decretar el desarrollo de la fachada atlántica de Venezuela en el Esequibo. “Es una barbaridad levantar el adefesio de 1899, el conciliábulo del imperio del momento para tratar de arrebatarle a Venezuela el territorio Esequibo”, añadió Jorge Rodríguez al estrenarse como presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional. “El imperialismo estadounidense y sectores opositores del país buscan generar estrategias ilegales para despojar a Venezuela del territorio Esequibo”, completa el inefable Diosdado Cabello en una tercera declaración relevante, perfectamente alineada con el tema.
¿Por qué este repentino y renovado interés de ocuparse del Esequibo tras 20 años de abandono del chavismo? No hay duda de que el 2020 no fue un año como los anteriores. De las hondas heridas económicas de este “annus horribilis” se encargó el FMI en su contabilidad económica de la pandemia, que midió un decrecimiento global del orden del 5%. De esa catástrofe general destacan dos números extremos: La mayor caída del Producto Interno Bruto del mundo, de -25% en Venezuela (doblemente brutal al saber que la del año anterior había sido de -35%), y el mayor crecimiento del mundo, de 26% en su vecina Guyana. Más de 50 puntos de distancia en crecimiento económico entre la empobrecida Venezuela y su próspera vecina.
¿Cómo puede explicarse el renovado interés del gobierno de Maduro en el Esequibo?, ¿se trata de una, casi natural, envidia que generan esos enormes 50 puntos que separan la prosperidad de la miseria nacional?, ¿o hay algo más?
“El problema más grande con las narrativas adoptadas en torno a Guyana es su carácter suma cero”
“Y de pronto el Esequibo existe” dice Colette Capriles en estas mismas páginas de La Gran Aldea, aseverando que el territorio en reclamación es elemento clave de construcción de un relato nacionalista y anti-imperialista acaso inspirado en la lucha argentina del dictador Videla por las Malvinas. El analista Gianni Finco sugiere una segunda posibilidad: La controversia territorial del Esequibo, representa una rendija donde la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, desconocida por las mayorías de las democracias del mundo, tendría un papel ante organismos multilaterales como la ONU, y ello explicaría la postura.
Hay una tercera explicación: Sabiéndose a las puertas de un proceso de negociación del problema venezolano, el gobierno de Maduro desea elevar sus bazas negociadoras escalando el conflicto geopolítico especialmente ante Noruega, España y el Reino Unido.
Caimanes del mismo pozo (petrolero)
El denominado Esequibo es un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados, constituye 40% de la Guayana actual, y comprende un área de plataforma marítima rica en petróleo y otros recursos naturales. A raíz de las exploraciones petroleras autorizadas por el gobierno de Georgetown en parte del área en disputa, sólo ExxonMobil espera producir unos 750.000 barriles diarios para 2025 (más del doble de los barriles que Venezuela produce actualmente), lo que transformaría a Guyana, en un país pobre de 800.000 habitantes, en una potencia petrolera con uno de los más elevados Producto Interno Bruto per cápita del mundo.
Además de ExxonMobil, son socias de Guyana en la exploración petrolera las también norteamericanas Hess y Chevron; las británicas Tullow y Nexen; Total de Francia; la NOC de Qatar; las canadienses Eco Atlantic y CGX; y la española Repsol. Por su parte la noruega Equinor y Petronas de Malasia, tienen una posición importante en Suriname. En conjunto, vienen realizando inversiones mil millonarias en aguas del territorio en disputa y sus áreas aledañas.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Un hito principal de esta historia se da en 1899, cuando el laudo arbitral de París fijó las fronteras del territorio guyanés. Mucha agua ha corrido hasta la fecha, pero podría afirmarse que, en los últimos 20 años, Maduro, primero como canciller de Chávez y luego como presidente, abandonó el Esequibo. En 2004, el propio Chávez afirmó que: “El gobierno venezolano no se opondría a ningún proyecto en el Esequibo que vaya en beneficio de sus habitantes”.
Una de las últimas oportunidades para que Venezuela ejerciera sus derechos sobre el territorio en reclamación fue en 2017 cuando se reactivó el caso y Ban Ki-moon, entonces Secretario General de la ONU, dio un ultimátum a la controversia, otorgando el plazo de un año a las dos naciones para llegar a un acuerdo, tras haber quedado suspendidas las gestiones en 1990. Venezuela no actuó. Más recientemente, y muy vencido ese plazo, António Guterres, actual Secretario General de las Naciones Unidas, decidió enviar el asunto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El pasado 18 de diciembre, la CIJ declaró su jurisdicción para resolver la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana. Ahora el caso pasará a una segunda fase, donde la propia Corte apreciará si el laudo de 1899 es válido, como argumenta Guyana. Venezuela lo considera nulo y reclama aproximadamente el 75% del área que está al occidente del río Esequibo, bajo control actual guyanés. Venezuela podrá participar en la segunda fase del caso, pues nuestro país ha ratificado su apego a la Carta de la ONU. El Estatuto de la CIJ es parte integral de este tratado y establece que las decisiones de la Corte son obligatorias para las partes en litigio.
“La declaración de jurisdicción de la CIJ de diciembre 2020, ratifica que fue un error optar por no comparecer en la primera fase del caso y limitar la defensa del país a la consignación de un informe”
A la decisión de la CIJ del 18 de diciembre, el gobierno venezolano reaccionó intentando poner la responsabilidad de un desenlace desfavorable a Venezuela en manos del secretario general de la ONU, António Guterres. El gobierno de Maduro no reconoce el traslado del caso a la CIJ y, el pasado 7 de enero, anunció el envío de una carta a Guterres donde defiende la falta de jurisdicción de la Corte, pide atender una propuesta de diálogo, y manifiesta su firme disposición de defender la integridad territorial de Venezuela en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966.
En Ginebra, Reino Unido y Venezuela convinieron buscar una solución práctica, negociada y pacífica, bajo el auspicio de Naciones Unidas, a la disputa con la entonces colonia británica. El problema es que, el 18 de marzo de 2018, Guterres declaró el fracaso de varias décadas de esfuerzos de mediación. Esto fue lo que motivó a Guyana, un par de meses después, a solicitar la intervención de la Corte.
Evidentemente el discurso oficial del gobierno venezolano ha sufrido un cambio importante. De aquel benévolo laissez faire de Chávez en 2004 se ha pasado, no sin sorpresa, a las agresivas aseveraciones de la nomenklatura que afirman que la Guayana Esequiba es territorio de Venezuela “desde siempre”, y ha sufrido un “despojo imperial”.
¿De quién es la culpa?
El gobierno venezolano intenta instalar una narrativa según la cual, si la Corte falla a favor de Guyana, la culpa sería del Secretario General de Naciones Unidas por su negativa a reabrir la mediación, cerrada oficialmente desde 2018. Este parece un intento por confundir a la ciudadanía menos informada.
Lo cierto es que la atribución de responsabilidades debe partir del examen de las estrategias empleadas por cada uno de los actores de la disputa. Sin duda alguna, las causas de un fallo contrario a los intereses venezolanos, estaría en cada una de las decisiones tomadas por su gobierno. Lo mismo aplica para Georgetown.
Una razón para que Venezuela rechace la jurisdicción de la CIJ es la mala experiencia previa: La única vez en que la disputa fue sometida y resuelta por un tribunal de cinco árbitros en 1899, tuvo resultados muy desfavorables para los intereses venezolanos.
La declaración de jurisdicción de la CIJ del 18 de diciembre 2020, ratifica que fue un error optar por no comparecer en la primera fase del caso y limitar la defensa del país a la consignación de un informe. Venezuela tenía muy buenos argumentos para tratar de convencer a la Corte de su falta de jurisdicción para resolver la disputa con Guyana.
No obstante, un examen del discurso oficial sugiere la comisión de otros errores de larga data en la construcción de la narrativa de las fronteras venezolanas. En 1983 los adolescentes venezolanos cantaban a viva voz una canción del grupo Témpano que se adueñó del ánimo nacional: El Esequibo es mío, es tuyo, es tierra venezolana… El Esequibo es mío, es tuyo, es nuestro… Había en esa época un moméntum favorable y un relato construido y con hondo calado en la opinión pública. El más reciente ejemplo de cómo las narrativas generan y refuerzan convicciones y acciones políticas podemos verlo en asalto al Capitolio de los EE.UU. El discurso político da forma a los problemas sociopolíticos y a su eventual manera de atenderlos (o desatenderlos).
En este sentido, los últimos 20 años han resultado exorbitantemente caros. Desde 1999 se elaboró una narrativa oficial ideologizada que, lejos de crear consenso en la sociedad, desconectó al discurso de la realidad y, a esta, de unas políticas fronterizas en consonancia con el interés nacional. El punto de partida de estas contradicciones está en que la disputa con Guyana, al poner en juego el dominio de recursos naturales, contenía toda la potencialidad de generar tensiones nacionalistas de cierto tamaño por parte de ambos países, especialmente de Venezuela, desde hace tiempo. Sin embargo, la frontera nunca se mantuvo militarizada ni existió un tono de confrontación en el discurso de las partes, en particular el venezolano oficial.
¿En qué ha fallado la narrativa en torno a la frontera con Guyana? Por un lado, en la identificación de amenazas. En general, cuando se ha construido el discurso en torno a ella, las amenazas se identifican con elementos ajenos a Guyana; principalmente intereses transnacionales e imperiales, creando incentivos para que el gobierno guyanés aproveche la situación para explotar el territorio en disputa y desestime la solución negociada. Un error de cálculo basado en una candidez muy costosa. Aquí pesó mucho la identificación del gobierno venezolano con el discurso de ideología socialista y el cambio de la dinámica geopolítica de la región a principios de siglo, donde se insistía en percibir la presencia de Estados Unidos como una amenaza, y las relaciones con Cuba como una alianza para poder enfrentarla.
De las premisas temáticas manejadas por el gobierno venezolano tanto en los incidentes fronterizos ocurridos en 2015 como en sus antecedentes respecto de Guyana, puede desprenderse la falta de correlación narrativa-realidad. En vez de percibir el riesgo de perder el territorio en reclamación por una acción del gobierno guyanés, se enfocó la disputa territorial dogmáticamente, como un riesgo de perder el poder político por una maniobra imperial. Hugo Chávez afirmaba tratarse de “viejas estrategias imperialistas […] para dividirnos, o incluso para empujarnos a conflictos armados”. Maduro, por su parte, afirmaba en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2015: “Es difícil la relación con EE.UU., ellos son imperio que buscan dominar al mundo, tienen sus ojos en la riqueza de Venezuela, porque donde hay riqueza petrolera ahí van ellos; además, tienen la seria y absoluta decisión de desmontar y derrotar el ejemplo que significa en América Latina la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI, que se ha echado a andar desde Venezuela”.
Otro error derivado de la ingenua invisibilización de las amenazas provenientes de Guyana, fue la ausencia de cualquier alusión a la necesidad de asegurar la frontera esequiba. Una actitud de vigilancia activa era necesaria para reaccionar rápido ante cualquier acción del país vecino que amenazase con tirar al traste la actitud de colaboración necesaria para resolver la controversia, espíritu del Acuerdo de Ginebra.
En sustitución de las variables de seguridad o vigilancia activa, el discurso oficial venezolano incluyó la premisa de la cooperación geopolítica incondicional. Un error doble. Primero porque el carácter geopolítico de esta cooperación descuidó por completo el carácter territorial y fronterizo que debió tener siempre la cooperación con Guyana. La determinación fronteriza ha debido ser el objetivo primordial de la política exterior con Guyana; además, era condición previa de toda cooperación geopolítica sana. En segundo lugar, el mecanismo de cooperación emblema, Petrocaribe, tuvo un marcado carácter unilateral (todo para los países caribeños, casi nada para Venezuela) que fue en detrimento de nuestros intereses.
“Venezuela tenía muy buenos argumentos para tratar de convencer a la Corte de su falta de jurisdicción para resolver la disputa con Guyana”
De las premisas temáticas manejadas por el discurso del Gobierno tanto en los incidentes fronterizos ocurridos en 2015 como en sus antecedentes, se desprende esa inclinación por privilegiar la cooperación geopolítica, antes que la cooperación fronteriza con Guyana (objetivo fundamental desde 1966).
El carácter de la cooperación Venezuela-Guyana lo marcó el ex presidente Hugo Chávez. No obstante, a partir de 2014, distintas expresiones emitidas a través de la Cancillería venezolana siguieron destacando el deseo de estrechar las relaciones bilaterales “con particular énfasis en las relaciones de cooperación y comercio justo a través de Petrocaribe”, y la “voluntad de continuar cultivando y profundizando las relaciones de amistad y solidaridad con sus hermanos latinoamericanos y caribeños”. De determinación de la frontera interterritorial, nada.
A partir de junio de 2015, vinieron elogios, exaltaciones y reivindicaciones a la política exterior del gobierno predecesor del presidente Nicolás Maduro, destacando el sentido de continuidad otorgado por éste último: “Fue gracias al comandante eterno Hugo Chávez, que se implementaron diversos programas de cooperación, solidaridad y hermandad tales como Petrocaribe, para la estabilidad y seguridad energética de la región… Esta política que pone en práctica sublimes principios humanistas con el pueblo de Guyana, ha sido de gran impacto y éxito para la prosperidad verdadera de nuestro hermano pueblo guyanés, y el presidente Nicolás Maduro así le ha dado continuidad”, dice un comunicado oficial de la cancillería venezolana de por esos días. De la prosperidad verdadera del pueblo venezolano, nada. Mientras tanto, como se ha dicho, el gobierno guyanés podría explotar cerca de un millón de barriles de petróleo diarios.
Y no parece haber reciprocidad en los afectos de Petrocaribe, pues pese a las condiciones muy favorables que se tejieron en términos de la venta de petróleo a sus miembros, a cambio de votos en las instancias internacionales, la popularmente llamada Petrodiplomacia, Caricom nunca ha dejado de apoyar la posición de Guyana. El Caricom vivió de la petrochequera venezolana durante 20 años. Ahora aspira a vivir de la guyanesa. De Unasur, Petrocaribe y Celac como sistemas de integración, queda poco. O nada.
¿Se podía haber hecho mejor?
El problema más grande con las narrativas adoptadas en torno a Guyana es su carácter suma cero. Son discursos en los que un país gana y el otro pierde. Un discurso falaz, por demás, porque si de algo depende la economía de cada país de América Latina para alcanzar el éxito, es de la ayuda y cooperación de cada vecino.
¿Había otra forma de abordar la reclamación fronteriza? Seguro. Por pequeños que sean los países, cada vez que existe una disputa fronteriza que involucra recursos naturales, el instinto nacionalista empuja a las partes a afirmar que aquello les pertenece. Una posible solución pasaba por construir una suerte de garantía de explotación compartida de esos recursos. Cada parte, antes del descubrimiento del yacimiento por parte de ExxonMobil, debía confrontar el dilema de no saber si los recursos se encontrarían del otro lado para poder figurarse una solución de suma positiva, donde ganasen todos.
Venezuela ha perdido 20 años de potencial cooperación efectiva. Con Guyana estamos a punto de perder 160 mil kilómetros cuadrados de un territorio rico en recursos naturales, pero también se han perdido enormes oportunidades económicas colaborativas en términos de las destrezas técnicas y profesionales, del know how que hubiera podido aportar al desarrollo de la región una empresa como PDVSA. Más allá de la pérdida de las riquezas del subsuelo, o submarinas, la verdadera fuente de riqueza está en el valor agregado, en la capacidad de producción, refinación, y en la cadena logística de distribución del negocio petrolero, aspectos donde Venezuela, de las manos de PDVSA y Citgo tenía clarísimas ventajas competitivas y una oportunidad de negocio excepcional.
La posibilidad de que el petróleo fuese patrimonio exclusivamente venezolano, quizá hubiese enfrentado a Guyana con la posibilidad de ceder en el tema limítrofe a cambio, por ejemplo, de subsidios petroleros. Pero Guyana no sólo ya recibió toda la ayuda que Venezuela podía darle, sino que ya sabe dónde están los recursos y ha establecido acuerdos de exploración y explotación con las grandes petroleras del mundo. Ahora es muy difícil que quiera ceder parte de ese territorio. En estos momentos Guyana es apenas una oportunidad económica y de desarrollo perdida. A sabiendas de ello, el Gobierno la usa sólo como palanca retórica, intentando azuzar la conflictividad geopolítica con actores claves del Norte Global que tienen intereses en el sector, en la esperanza de que ello pueda elevar sus posturas en las negociaciones próximas con la mediación de Europa, la Gran Bretaña y el Reino de Noruega.
Es un aprendizaje muy doloroso enterarse de que las disputas territoriales hay que resolverlas antes de que se conozca al detalle la riqueza que hay en la región.