Venezuela comenzó el año 2021 en medio de un vacío institucional, en el que ya no existe un Parlamento legítimo, ni legal en el país. La Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2015 era el único poder reconocido internacionalmente, a partir del cese de su periodo constitucional el 4 de enero de 2021 queda claro que en el país solo existe un gobierno que tiene control territorial y aunque la comunidad internacional occidental no reconoce su legitimidad, admite su poder fáctico.
La decisión de los parlamentarios electos en el año 2015 de prolongar -al menos durante un año- su mandato no está exenta de dudas legales y políticas, especialmente en todo lo que rodea a la aprobación (en diciembre de 2020) de la Ley de Reforma parcial de la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia y la reforma parcial a la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.
En una sesión virtual vía Zoom, con cámaras apagadas, con 28 diputados suplentes incorporados irregularmente porque los principales de estos curules también se encontraban en la sesión y sin votación nominal se aprobó la reforma de ambas leyes. En el caso de la reforma a la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia, los diputados que integran la bancada de Acción Democrática (28 diputados) decidieron salvar su voto argumentando que no era necesaria la reforma. No obstante, sí acordaron la reforma de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela.
Como ya se sabe, el funcionamiento del Parlamento a partir del 4 de enero de 2021 -momento en que culminó su periodo constitucional de 5 años- es asumido permanentemente por la Comisión Delegada que tiene su sustento en los Artículos 195 y 196 de la Constitución de la República y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. No obstante, en estos artículos se especifica que la Comisión Delegada se encarga de las tareas correspondientes de la Asamblea Nacional cuando esta se encuentra en receso.
Sin embargo, no existe en la Constitución, ni en el Reglamento Interior y de Debates norma alguna que permita que esta Comisión, que por mandado del Artículo 195 de la Constitución, debe quedarse de guardia durante el receso parlamentario, pueda sustituir al Poder Legislativo Nacional con vocación de permanencia indefinida pues su temporalidad breve deriva del Artículo 196 de la Carta Magna.
La carta de la consulta popular celebrada entre el 7 y 12 de diciembre de 2020 tampoco aporta solidez a la decisión tomada; especialmente por la ausencia de auditorías creíbles que avalen los resultados presentados y porque la Consulta no ha funcionado ante los ojos de la comunidad internacional como sustituto imperfecto de la ausencia de validación electoral para la continuidad del Parlamento -ahora Comisión Delegada- y por ende de la figura de la Presidencia encargada.
No debe olvidarse que la Presidencia encargada de Juan Guaidó no es inherente a la persona, sino que deriva del cargo de Presidente de la Asamblea Nacional.
Adicionalmente, la creación del Centro Político -conformado por los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT)- para sustituir al llamado Centro de Gobierno del Gobierno interino, plantea otras interrogantes. Más allá de intentar disminuir en la práctica el rol y poder de Leopoldo López en torno a las decisiones que toma la encargaduría de Juan Guaidó, no queda claro si esta instancia está prevista para funcionar realmente como órgano de control y consulta sobre el uso que tendrá el Fondo para la Liberación; o se comienza a configurar una nueva estructura política que pueda asumir la conducción de la oposición en 2021.
“En el caso de la reforma a la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia, los diputados que integran la bancada de Acción Democrática (28 diputados) decidieron salvar su voto argumentando que no era necesaria la reforma”
El análisis preliminar de estas decisiones es negativo. La oposición no solo se aísla cada vez más de los factores de poder real en el país (el sector militar), sino también del factor social. Adicionalmente, sin la validación electoral no existe forma de establecer mecanismos de toma de decisión dentro de la oposición; mecanismos que hicieron efectiva a la extinta Mesa de la Unidad Democrática y su éxito político y electoral en los comicios parlamentarios del año 2015.
La principal apuesta de la oposición institucional -agrupada ahora en torno a la Comisión Delegada- sigue siendo que la Emergencia Humanitaria Compleja que afronta el país provoque un alzamiento civil, que llevará a los militares a retirar su apoyo a Maduro. En los dos últimos años la precarización del país solo ha servido para afianzar al statu quo en el poder.
No obstante, existen factores dentro de la oposición que comienzan a valorar la posibilidad que las sanciones se usen para obtener concesiones sustantivas que hagan un proceso de cambio de política irreversible, pero menos incierto y gradual. Para que esta estrategia sea efectiva se necesita el aval de la nueva administración de Estados Unidos.
La UE ajusta su postura
La posición de la Unión Europea (UE) no es sorpresiva. El calificativo de “Asamblea Nacional saliente” otorgado al Parlamento electo en 2015 describe las discrepancias entre los países miembros del bloque hemisférico para encontrar consenso en torno a la situación de Venezuela. Sin embargo, aceptar la tesis de continuidad permanente e indefinida y sin garantías concretas de cambio no es posible para el bloque hemisférico.
Debe recordarse que solo el Reino Unido permitió gestiones de los representantes del Gobierno interino sobre los activos de Venezuela, el resto de los 26 países del bloque hemisférico -incluidos Italia, España y Portugal– no lo aceptaron e incluso solo recibieron a los enviados de Guaidó como representantes especiales, pero no avalaron -como ocurrió en EE.UU.- que tomarán el control de las sedes diplomáticas.
Por ahora se desconoce la posición británica sobre este tema una vez que se concretó su salida de la Unión Europea, y aún no es clara la estrategia que seguirá la administración de Joe Biden para Venezuela.
La declaración del 6 de enero sugiere que la UE (como bloque) ha decidido dejar atrás el debate sobre la legalidad de la Presidencia interina e incluso parece abrir las puertas a reconocer eventualmente en temas muy específicos al nuevo Parlamento cuando en su comunicado indica: “La UE lamenta profundamente que la Asamblea Nacional asumiera su mandato el 5 de enero sobre la base de estas elecciones no democráticas”.
En este momento se puede inferir que el Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell intentará buscar una nueva negociación política en torno a Venezuela y a los comicios regionales previstos para final de año; y que la UE ha decidido tratar con Maduro aunque no lo considere presidente legítimo, sino de facto. Esta es la principal pérdida de espacio para la oposición institucional agrupada en torno a la Comisión Delegada. La duda en este caso es quiénes representarán a la oposición venezolana en una negociación o si el Centro Político participará en este proceso.
Jorge Rodríguez y el reconocimiento indirecto a la AN
La figura del presidente de la Asamblea Nacional que entró en funciones el 5 de enero de 2021 será clave en lograr el reconocimiento -indirecto- de esta instancia en la comunidad internacional. La presencia de Jorge Rodríguez en cualquier proceso de negociación promovido por la comunidad internacional no será solo a título de representante de Maduro, será también como Presidente del Parlamento venezolano; una jugada que intentará usar el chavismo para ir logrando paulatinamente que se reconozca como Poder Legislativo a las personas electas en los cuestionados comicios del 6 de diciembre de 2020.
Sin respaldo de los ciudadanos
Como se indicó en anteriores textos los electores dudan de la legitimidad de la continuidad del Parlamento electo en 2015, así como de la legitimidad del Parlamento electo el 6 de diciembre de 2020 y que se instaló el 5 de enero de 2021.
Según un estudio de la firma Datanálisis 45,6% de los venezolanos afirmaron -en noviembre pasado- que era ilegítimo la realización de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Apenas 35% (la amplia mayoría de estos quienes se definen como chavistas) consideraban al evento como legítimo.
Por otra parte, para 43% de los ciudadanos la Asamblea Nacional que resultara del proceso del 6 de diciembre no se podía considerar legítima.
Esta opinión es extensiva a la continuidad de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Según los resultados de Datanálisis 55,6% de los venezolanos creían que no se debe considerar legítimo al Parlamento electo en 2015 más allá del límite constitucional del 5 de enero, si esta continuidad no se define en un proceso electoral.
Si el aval a la continuidad del Parlamento electo en 2015 se analiza por autodefinición política, destaca que apenas 35% de quienes se dicen opositores sostienen que sería una instancia legítima, al igual que 12% de los independientes.
@puzkas
*Datanálisis. El estudio se realizó entre el 2 y 10 de noviembre de 2020. Consistió en 500 entrevistas en hogares, para un error muestral de +/-4,38%.