El caso de cómo el controversial diputado Luis Parra, vinculado a empresarios del chavismo, logró una curul por un espacio al que no estaba postulado, después de perder las elecciones por la lista regional de Yaracuy, es un buen resumen de las condiciones electorales del 6D; y del trasfondo de las “garantías” negociadas entre los llamados partidos de la “mesita” y el gobierno de Nicolás Maduro.
La victoria de Parra, como segundo en la lista de la Alianza Venezuela Unida, no tiene explicación técnica alguna. Incluso, el mismo lunes la presidenta delConsejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, daba el segundo boletín de los resultados que “con una tendencia estable y sin posibilidad de cambio” (el rebranding de la “tendencia irreversible” de Tibisay Lucena) proclamaba como ganador de ese escaño al diputado José Gregorio Noriega, anuncio que no generó ningún revuelo porque, como seguía apareciendo en el portal del Poder Electoral hasta este jueves, Noriega estaba de segundo en la lista nacional de esa coalición; mientras que Parra encabezaba la lista del estado Yaracuy.
Pero menos de 48 horas después algo inexplicable cambió y Parra saltó de esa lista regional a la “lista nacional” para desplazar a Noriega, su compañero de partido, y obtener un escaño como diputado. El artículo 7 de las Normas Especiales para las Elecciones a la Asamblea Nacional prohíbe que los candidatos por lista regional se postulen simultáneamente por la lista nacional. Para poder hacer este salto desde la lista de Yaracuy, Parra tenía que renunciar primero a su postulación por ese estado e inscribirse como candidato en la llamada lista nacional. Esto debía ser informado de manera oportuna por el CNE a los electores, para que estos supieran por quién votaban cuando presionaban las tarjetas de los partidos en la pantalla de las nuevas máquinas.
“En el tarjetón electoral de este 6D ni siquiera había la posibilidad de votar por la ‘lista nacional’ de forma directa, pues los votos de la ‘lista nacional’ se obtenían sumando los de las listas regionales en cada estado”
Todo esto apunta a que este cambio dudoso e inexplicable del sitio de postulación de Parra se produjo después de las elecciones, una vez que se conoció su derrota en Yaracuy; lo que viola lo establecido en el cronograma publicado por el CNE que indica que estos cambios podían producirse hasta el 6 de noviembre. En una entrevista con el periodista Vladimir Villegas este jueves, Parra se limitó a asegurar que su modificación se hizo en el lapso previsto por el cronograma. “No hay ni cambio ni modificaciones que no te permita lo que la ley y el cronograma establece”, dijo sin presentar pruebas de lo afirmado.
Al anuncio de la propia presidenta del CNE el lunes, que da cuenta que ni el órgano electoral se había enterado del supuesto cambio -pues anunció a Noriega como ganador-, se añade una rueda de prensa que el diputado José Brito dio el martes, en la que este admitió que Parra, quien milita en el mismo partido, había sido derrotado en el estado Yaracuy. “Una demostración de que honramos esa palabra es que Luis Parra pudo haber escogido una posición privilegiada y decidió irse a la Venezuela profunda”, señaló Brito ese día, de acuerdo con lo reseñado por el periodista Víctor Amayaen sus redes.
La decisión del CNE de revertir su propio anuncio parece partir de criterios políticos y no técnicos. Parra fue señalado por la oposición, y por documentadas investigaciones periodísticas, de estar vinculado a empresarios del chavismo. El portal Armando.info señaló que el dirigente era el enlace entre el empresario Carlos Lizcano y un grupo de diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional; que usaron esa instancia en 2019 para otorgar certificados de “buena conducta” a empresarios vinculados con Alex Saab, detenido hoy en Cabo Verde y acusado por Estados Unidos de ser el “testaferro” de Nicolás Maduro. En la entrevista con Villegas de este jueves, Parra negó conocer a Saab y atribuye las acusaciones a una “campaña” en su contra. “Yo ni si quiera lo conozco, ni siquiera sé quién es ese señor”.
Esta no es la primera concesión que el Gobierno o alguna institución del Estado le hace a Parra. En enero de este año el dirigente intentó usurpar la presidencia de la Asamblea Nacional, que encabeza Juan Guaidó, en lo que se denominó la “Operación Alacrán”. La oposición denunció, con audios como prueba, que el Gobierno ofreció miles de dólares a los diputados para que desconocieran a Guaidó. A pesar del fracaso nacional e internacional del plan, el gobierno de Maduro reconoció a Parra como presidente del Parlamento.
Además, Parra y sus compañeros fueron favorecidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que intervino el partido Primero Justicia (PJ), del que formaban parte, y les entregó la tarjeta y los símbolos de la organización a Brito, otro de los implicados en las gestiones a favor de empresarios relacionados con Saab. Curiosamente, el mismo TSJ revirtió esta decisión, pocas horas antes de que se iniciaran las postulaciones para el 6D, pero el máximo juzgado no dejó a Parra sin posibilidad de postular candidatos, pues les entregó la tarjeta de Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), que los dirigentes trasformaron en el tarjetón en Primero Venezuela, usando los colores negro y amarillo en un intento porque la tarjeta se confundiera con la de PJ en la boleta.
El caso de Timoteo Zambrano
Otro caso que levantó controversia fue el del diputado Timoteo Zambrano quien, también a última hora, logró hacerse con un puesto por la lista nacional. A diferencia de Parra, el secretario general de Cambiemos sí estaba en la lista nacional de su partido y asegura que tenía una alianza con Avanzada Progresista (AP) y el Movimiento Ecológico que le permitió lograr la reelección.
La pregunta es cuándo se realizó esta alianza. Zambrano asevera que este cambio se hizo antes de la fecha establecida por el cronograma (6 de noviembre), pero que no se reflejó a tiempo porque “el sistema se había caído”. De nuevo, no hay constancia de que el CNE, o el propio partido, hayan informado sobre este cambio a los electores, para que estos conocieran por quién estaban sufragando.
“El sistema, entonces, le sirvió principalmente al PSUV que logró hacerse de casi todos los puestos del nuevo Parlamento a pesar de que obtuvo 1.281.206 votos menos que hace 5 años”
El artículo 169 del Reglamento General de la Lopre establece que el Poder Electoral debe elaborar un acta especificando cada una de las sustituciones y modificaciones presentadas 10 días antes de los comicios. “La falta de elaboración, publicación o remisión del acta a que se contrae el presente artículo, será considerada falta grave en las obligaciones de los miembros de la Junta Electoral, así como también de la coordinadora o coordinador de postulación designado por la Junta Nacional Electoral”, señala el texto. Se desconoce si el organismo cumplió con esta norma.
La misteriosa “lista nacional”
La llamada “lista nacional” por la que entró Parra fue una controversial innovación de estas elecciones, cuestionadas en prácticamente todas sus etapas. La nueva modalidad de postulación surgió de los acuerdos electorales de la Mesa de Diálogo Nacional (MDN) y se ofreció como una supuesta garantía de que la asignación de escaños de este 6D iba a ser más proporcional con la votación obtenida por los partidos, algo que nunca ocurre porque desde la llegada del chavismo el sistema sobrerrepresenta a la organización que tenga más votos.
Desde el principio, expertos y organizaciones civiles advirtieron que esta lista no garantizaba la proporcionalidad establecida en la Constitución y que más bien violaba los Artículos 186 y 188 de la Carta Magna que apuntan que las elecciones del Legislativo tienen un carácter regional, y que los diputados tiene que tener una vinculación con sus estados. Para agravar esta irregularidad, en el tarjetón electoral de este 6D ni siquiera había la posibilidad de votar por la lista nacional de forma directa, pues los votos de la lista nacional se obtenían sumando los de las listas regionales en cada estado.
El tiempo les dio la razón a los expertos, pues la lista no hizo más equitativa la distribución de cargos. Como indica la propia página web del organismo electoral, el PSUV logró el 91,34% de los 274 escaños disputados este domingo, con el apoyo de 69,32% de los votantes, faltando por definir los 3 representantes indígenas. El sistema, entonces, le sirvió principalmente al PSUV que logró hacerse de casi todos los puestos del nuevo Parlamento a pesar de que obtuvo 1.281.206 votos menos que hace 5 años, pero también le fue útil a los dirigentes que negociaron esas condiciones, como Parra y Zambrano, que volverán al Hemiciclo a través de este nuevo invento.
Otras irregularidades
Pero no sólo hay dudas sobre el respeto a los lapsos en el caso de las postulaciones de candidatos. También surgieron otras sobre los tiempos para ser cambiado de centro de votación. A pesar de que en la mañana del 6D Nicolás Maduro aparecía como elector del Liceo Miguel Antonio Caro en Catia, el mandatario terminó sufragando en la Escuela Ecológica Bolivariana Simón Rodríguez ubicada dentro de Fuerte Tiuna. Mientras votaba fue migrado en la web del CNE hasta el centro en el que ejercía su derecho y en el que todavía aparece sufragando en el portal.
El mismo Maduro indicó después que él había solicitado su cambio de centro de votación por informaciones de un plan para asesinarlo. Sin embargo, no dejó claro si solicitó ser cambiado dentro del lapso previsto para ello o si el organismo hizo una excepción debido a estos planes en su contra. El CNE tampoco ha dado una explicación sobre este caso.
Todas estas irregularidades se suman a los cuestionamientos a la elección que se iniciaron con la misma designación del CNE por el TSJ, algo que correspondía a la Asamblea Nacional. Un informe elaborado por ocho organizaciones de la sociedad civil (Centro de Justicia y Paz – CEPAZ; Movimiento Ciudadano Dale Letra; Red de Observación Electoral Asamblea de Educación; Red Electoral Ciudadana; Red OSC Sinergia AC; Observatorio Electoral Venezolano – OEV; Observatorio Global de Comunicación y democracia – OGCD, y Voto Joven) recoge la violación a la Constitución en este tema.
“Las irregularidades cometidas a lo largo del proceso, le permitió al PSUV ganar más de 90% de los escaños con el apoyo de 20% del Registro Electoral”
“La Sala Constitucional del TSJ no sólo designó a los miembros del CNE sino que, yendo aún un poco más allá, nombró en el mismo acto a dos de sus magistradas como autoridades del órgano electoral: Indira Alfonzo, que pasó a ocupar la presidencia; y Gladys Gutiérrez, quien se incorporó al organismo electoral como rectora principal”, precisa el documento.
El texto también resalta el hecho de que ese mismo juzgado intervino a nueve partidos en un lapso de tres meses. Entre estos “se contaban no sólo organizaciones identificadas con la oposición (Acción Democrática; Movimiento Primero Justicia; Voluntad Popular; Bandera Roja; Acción Ciudadana En Positivo, y Movimiento Republicano) sino también otras que, perteneciendo a la alianza oficialista Gran Polo Patriótico, habían decidido postular candidatos propios (Patria para Todos, Compromiso País, y Tupamaro)”.
Sin criterios técnicos o legales conocidos el CNE, usurpando las funciones del Poder Legislativo, cambió el sistema electoral y elevó la cantidad de diputados a escoger de 167 a 277, incluyendo la llamada “lista nacional”, todo ignorando lo que establece la Constitución sobre la definición del número de escaños. “Esta lista no se relaciona con ninguna de las dos modalidades de voto prevista en la ley, y de acuerdo con la normativa especial del CNE, esa lista de adjudicación nacional no se vincula al voto directo del elector si no que funciona como una especie de elección de segundo grado sin que el escaño represente a un estado en particular”, apunta el informe.
A esto se agrega el uso de un sistema electoral nuevo, sin el tiempo requerido para hacer las auditorías necesarias sobre su funcionamiento y que presentó fallas en la transmisión de las actas el día de las elecciones; así como la ausencia de observadores internacionales creíbles. El ventajismo con el uso de recursos del Estado para hacer campaña a favor de los candidatos del PSUV, y las amenazas en contra de los ciudadanos de quitarles las bolsas de comida y otros beneficios si no acudían a sufragar.
Quizás todos estos elementos pesaron en la decisión del 69% de electores, que de acuerdo con el propio CNE, decidieron no ir a votar. Un porcentaje que contrasta con el de 74% de participación de las elecciones parlamentarias de hace 5 años, pero que, con la ayuda de las irregularidades cometidas a lo largo del proceso, le permitió al PSUV ganar más de 90% de los escaños con el apoyo de 20% del Registro Electoral.