Fue una pieza clave en el gobierno interino de Juan Guaidó, donde cumplió el rol de Procurador Especial de la República, posición desde donde hizo diversas gestiones para tratar de garantizar la protección de activos externos de la nación. Finalmente, José Ignacio Hernández presentó su renuncia al cargo a mediados de este año, pero ha seguido de cerca los litigios internacionales de Venezuela y lo relacionado con la deuda. La reciente decisión de la jueza Katherine Polk, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sobre los bonos PDVSA 2020 vuelve a ponerlo en el centro de la atención. De manera firme asegura que esa decisión de la Corte de Nueva York es errada y apelable; pero es necesario ir más allá en las investigaciones sobre las gestiones y las promesas hechas a los bonistas.
–¿Qué lectura hace de la sentencia de la Corte de Nueva York sobre los bonos PDVSA 2020?
-Es una sentencia muy criticable por dos razones. La primera es que la Corte de Nueva York usurpó la voz de la Asamblea Nacional para reinterpretar el acuerdo del 27 de septiembre de 2016, que de manera clara cuestionó el uso de Citgo como colateral del bono 2020; y ningún tribunal norteamericano puede interpretar la voluntad de gobiernos extranjeros, con lo cual, aquí se cometió una clara extralimitación. La segunda crítica es que la Corte consideró que la Constitución de Venezuela no era aplicable a los bonos 2020 y eso es un error, porque PDVSA es una empresa pública que nunca puede desvincularse de lo dispuesto en la Constitución.
-¿Se puede apelar la reciente sentencia o ya es muy claro hacia dónde va la decisión judicial final?
-Es una sentencia apelable y es, además, la primera de una serie de decisiones de un juicio que puede tardar mucho más tiempo. Así que esto no es el punto y final, ni el último acto del proceso; esto tan sólo es una primera instancia. En litigios largos y complejos, a veces, se obtienen decisiones desfavorables en el camino, pero eso no significa que el resultado final no pueda ser positivo.
“Mientras los venezolanos estaban migrando en oleadas enormes porque no tenían acceso a medicinas y alimentos y estaban muriendo, Nicolás a Maduro pagó millardos de dólares a los tenedores de bonos y eso, desde cualquier punto de vista, es inmoral”
José Ignacio Hernández
-Algunas voces dicen que la mencionada sentencia es la confirmación de que se debía negociar con los bonistas, ¿al día de hoy piensa que es así?
-Esa crítica no tiene sentido, porque en realidad la estrategia nunca fue demandar o negociar, sino demandar y negociar. Las conversaciones con los tenedores de los bonos 2020 comenzaron en marzo de 2019, y se extendieron hasta avanzado el mes de octubre de ese año. Yo estuve involucrado intensamente en esas negociaciones, que incluso luego de la demanda continuaron. Por tanto, quienes afirman que en lugar de demandar se ha debido negociar, parten de un error. Pues, en realidad, se hicieron las dos cosas, como suele suceder en muchos casos complejos como este, puesto que el litigio es una herramienta que puede facilitar el establecimiento de acuerdos. Una muestra clara de ello es que, en el juicio, las partes firmaron un contrato de dispensa que suspendió toda acción en caso de incumplimiento. Ese es un claro ejemplo de cómo sí se negoció. Yo quisiera además entender a qué tipo de negociación se refieren estas voces críticas. Pues es necesario recordar el reducido espacio con el cual el Gobierno interino se enfrentó a este problema: La Junta Administradora ad hoc de PDVSA no disponía de fondos para honrar los bonos 2020 -ni ninguna de las obligaciones heredadas de Chávez y Maduro-. La posición política de la Asamblea Nacional, además, siempre fue muy clara en cuanto a la necesidad de hacer cumplir lo dispuesto en el Acuerdo de 2016. Finalmente, cualquier renegociación pasaba por el acuerdo con todos los tenedores, algo prácticamente imposible. Pese a ello, como dije, desde marzo de 2019 se mantuvieron negociaciones, pero la posición sostenida por los tenedores de los bonos, por las razones dadas, no podía ser aceptada.
-En un comunicado del Gobierno interino del 16 de agosto de 2019 se dice que “la demanda es el resultado de un proceso de evaluación complejo en el que se determinó que era la única alternativa”. ¿Quiénes participaron en ese proceso de evaluación compleja?, ¿la decisión se llevó a la plenaria de la Asamblea Nacional?
-Sí se llevó. Estos son los hechos: El 27 de octubre de 2019 PDVSA tenía que pagar alrededor de mil millones de dólares, que no los tenía En esas fechas se intentó llegar a un acuerdo razonable con los acreedores, pero tuvieron una posición absolutamente inflexible y exigían condiciones que estaban muy por encima de las posibilidades de la empresa y que, además, no se correspondían con los acuerdos de la Asamblea Nacional. Por ello, el 15 de octubre de 2019 la Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo que, ratificando lo decidido en 2016, emplazó a PDVSA a ejercer acciones legales. Lo cierto es que la situación era muy comprometida, pues si PDVSA no pagaba, o si cuestionaba judicialmente los bonos, se perdía Citgo de manera inmediata. Fue entonces, el 24 de octubre de 2019 cuando el Departamento del Tesoro decide suspender la Licencia General 5, que le permitía a los bonistas quedarse con Citgo, con la condición de que PDVSA presentara una demanda de nulidad. Es decir, la suspensión de la Licencia General 5 abrió la puerta para que PDVSA demandara, destrancando así el juego que estaba en un punto muerto por la falta de acuerdo con los tenedores. Por eso reitero que es un error pensar que la demanda cerró la vía de la negociación, pues era la única alternativa existente y además las negociaciones continuaron después de la demanda, como lo demuestra el contrato de dispensa firmado.
-¿Cree que la “posición inflexible” de los bonistas obedeció a que su verdadero interés era ejecutar el colateral y apoderarse de Citgo?
-Yo creo que la operación fue fraudulentamente perpetrada por el régimen de Nicolás Maduro a espaldas de la Asamblea Nacional, como ahora quiere hacerse con la llamada “Ley constitucional Antibloqueo”. Las condiciones financieras de la operación fueron irracionales: PDVSA se endeudó más y encima pagó una prima de más de 500 millones de dólares a los tenedores que participaron en la operación. Por si fuera poco, el régimen de Maduro colocó a Citgo como colateral, a pesar de que el riesgo de default de la deuda era elevadísimo. Como he explicado, durante las negociaciones, los tenedores fueron absolutamente inflexibles, con posiciones que por razones legales y financieras no podían ser aceptadas. Esto les allanaba el camino para tomar control del 50,1% de Citgo, para pagar una deuda que, en el peor de los casos, es inferior al valor de mercado de esa posición de control.
-¿Hoy estamos en una mejor posición frente a los bonistas que antes de que introdujeran la demanda?
-Hoy PDVSA está en la misma posición en la que estaba el 25 de octubre de 2019, lo que de por sí es un hecho que es muy bueno si se considera que en enero de 2019 pocos creían que Citgo lograría ser preservada. Hoy podemos decir que la estrategia legal implementada, en cumplimiento de claros mandatos de la Asamblea Nacional, permitió resguardar a Citgo al menos dos años. Y así más allá de lo que pase con el juicio, los tenedores no pueden tomar control de Citgo, al menos hasta el 19 de enero de 2021 que es cuando vence el periodo de protección producto de la suspensión de la Licencia General 5.
-Si se pierde el juicio, ¿cuál es el monto que se deberá pagar?
-Como la Junta Administradora ad hoc de PDVSA no cuenta con recursos, el monto se pagaría, en el peor de los casos, cediendo la mayoría accionaria de Citgo. Sería lo que resta del bono 2020 que ronda los 1,8 millardos de dólares; insisto, en el peor de los escenarios. Por ello, quienes insisten en que ha debido negociarse -lo que insisto, siempre se ha hecho- deberían explicar de dónde van a salir los recursos para pagar esa cantidad, en especial en un país como Venezuela que atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja única, agravada por la pandemia. Si en esos dos años la transición se hubiese dado, las opciones quizás serían otras. Pero la transición no se ha dado, pese a lo cual, y contra todo pronóstico, se ha salvado Citgo.
-La sentencia de la Corte de Nueva York prácticamente dice que la declaración de la Asamblea Nacional, en septiembre de 2016, no fue contundente y no declaró la ilegalidad del bono. ¿Ese fue el pecado original o talón de Aquiles de este proceso?
-Esa decisión de la Corte de Nueva York es errada por las dos razones que te explique al inicio. No sólo está el Acuerdo de septiembre de 2016, también está el Acuerdo del 15 de octubre de 2019. La posición histórica de la Asamblea siempre ha sido clara: PDVSA no tenía capacidad para ceder a Citgo como colateral, sin autorización previa de la Asamblea Nacional, pues esa cesión solo puede hacerse por medio de contratos de interés público nacional, un aspecto en el que la Asamblea ha insistido en varias oportunidades. La Corte, lamentablemente, decidió reinterpretar a la Asamblea Nacional, incluso, manipulando erradamente una de las opiniones que presenté como Procurador Especial.
-Se sabe que el lobby de los bonistas es muy grande, ¿hasta dónde llegó en este caso?
-Hay una declaración del gerente de Ashmore, que es el principal tenedor de los bonos 2020, donde dice que cuando la Asamblea Nacional vota el acuerdo del 27 de septiembre de 2016, ellos hablaron con el diputado Rafael Guzmán y con el señor Francisco Rodríguez; y ambos le prometieron que el Parlamento no iba a ir a más y no repudiaría la operación. Esa declaración es pública, y fue realizada bajo juramento. Por supuesto, ahora que la Corte de Nueva York decidió erradamente reinterpretar el Acuerdo del 2016, señalando que este nunca objetó la constitucionalidad de la operación, la declaración de Ashmore podría tener otras implicaciones. La Fracción 16 de Julio ha pedido que se investigue la declaración de Ashmore y yo, como venezolano, creo que ese hecho debe ser aclarado en beneficio de todos. Preparo un extenso informe que remitiré a la Asamblea Nacional sobre este caso. Más allá de eso, no tengo conocimiento directo de hasta dónde llegaron las gestiones de los bonistas; pero si puedo decir que cuando fui Procurador, recibí presiones y enfrenté más de un obstáculo por hacer cumplir la decisión de demandar la nulidad de estos bonos.
-¿De quién recibió esas presiones?
-De distintos miembros de la Asamblea Nacional y del Gobierno interino, pero yo creo que en este momento eso no es algo sobre lo que convenga ahondar. Algunas de esas presiones querían hacer ver que la demanda de nulidad fue un invento mío. Es un error. Desde abril de 2019, cuando la Asamblea aprobó el pago de intereses bajo protesta, hasta el Acuerdo del 15 de octubre de 2019, la posición de la Asamblea siempre fue clara en el sentido que había que hacer valer, incluso por la vía judicial, el Acuerdo de 2016. Todas esas decisiones se tomaron de manera unánime, como también fue unánime, según entiendo, la decisión de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA de presentar la demanda. Yo respaldé esas decisiones. Pero la demanda no fue una idea que yo saqué de un sombrero, o que respondió a una posición hostil frente a los tenedores.
-¿Por qué en la sentencia la juez Katherine Polk dice que los argumentos de la República entorno a la nulidad del bono 2020 fueron “fatalmente socavados” por una opinión que usted emitió en agosto de 2019?
-Terrible. Agarraron un documento y solo seleccionaron aquello que les interesó. En esa opinión que mencionas, yo dije que en 2016 la Asamblea Nacional no declaró la inconstitucionalidad de los bonos y eso es cierto; pero no lo hizo por una razón simple, que la Corte ignoró completamente en esta sentencia, y es el hecho de que el 27 de septiembre de 2016, cuando se publica ese acuerdo del Parlamento, no se habían emitido los bonos y PDVSA no había firmado ningún contrato. Los contratos se firmaron un mes después. Entonces, ciertamente el Poder Legislativo no declaró la nulidad de la operación pero porque no había bonos que anular. Lo que sí hizo en ese Acuerdo fue rechazar la capacidad de PDVSA para comprometer a Citgo como colateral, como analicé extensamente en mi opinión. Lo que pasa es que la Corte de Nueva York asumió que podía reinterpretar el acuerdo de 2016 como si fuese el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y eso es un error jurídico evidente, que cualquier corte de apelaciones va a corregir de forma inmediata.
-Usted ha afirmado que el Gobierno interino nunca ha tenido intención de repudiar la deuda, pero ¿al introducir la demanda de nulidad no están, en la práctica, desconociéndola?
-La deuda se repudia cuando simplemente se desconoce y se asume como no existente. Repudiar la deuda significa hacerse “el maula” y tanto PDVSA como el Gobierno interino nunca hicieron eso. Por el contrario, se dio la cara a los tenedores de los bonos, se insistió en que estábamos abiertos a reconocer reclamaciones legítimas que derivaran de los bonos y reiteramos que la única causa legal para cuestionar la operación es que PDVSA no podía comprometer a Citgo como colateral sin autorización de la Asamblea Nacional. Nunca se cuestionó la operación de canje en sí, sólo el colateral sobre Citgo. La posición del Gobierno además quedó reflejada en los lineamientos de julio de 2010, que insisten en que la renegociación de la deuda debe ser ordenada y consensuada. Los tenedores han podido aprovechar esta oportunidad pero decidieron no hacerlo, manteniendo posiciones inflexibles. Esto lo expliqué siendo Procurador, cuando se demandó la nulidad publiqué un comunicado diciendo que el litigio no implicaba desconocer la deuda y que sólo se estaba cuestionando el colateral, no el canje en sí.
“El problema es que la transición no se ha dado, y hasta tanto no se logre no se podrá renegociar la deuda y sin eso no se puede salvar a Citgo”
José Ignacio Hernández
-¿Es cierto que en el juicio los bonistas lo acusaron de querer amedrentar a su testigo experto?
-Eso lo señaló el señor Francisco Rodríguez, según recuerdo. ¡Eso es mentira! Todo el juicio fue declarado confidencial a petición de los tenedores, pero yo no estaba de acuerdo, porque eso impedía que informaciones importantes como la declaración de Ashmore que antes mencioné, pudieran ser del conocimiento de la Asamblea Nacional y del resto de la ciudadanía. Ahí peleamos para que no hubiese confidencialidad de esa documentación, al final la Corte decidió que se debían liberar una serie de documentos y que los datos de todos los expertos tenían que ser públicos, salvo los de un testigo de los bonistas que vive en Venezuela. La razón principal fue proteger a ese testigo por las condiciones políticas venezolanas, algo enteramente razonable. Jamás haría lo que me hicieron a mí, esto es amedrentar a otros por el ejercicio de la profesión. En todo caso, los argumentos jurídicos del caso son suficientemente sólidos como para tener que acudir a estas tretas, por lo demás reprochables.
-¿Por qué cuando se hicieron cargo de los juicios continuaron trabajando con los bufetes que antes defendieron a la PDVSA de Rafael Ramírez?
-Porque uno no se cambia de caballo a mitad del río. Cuando se reconoce al presidente Juan Guaidó el 23 de enero de 2019, técnicamente ese día el Gobierno interino comenzó a ser responsable de todos los juicios, quisiera o no. A mí me ratifican como Procurador un mes después. Eso significa que los procesos de Venezuela estuvieron un mes sin dueño en Estados Unidos, por eso cuando yo asumí el cargo, mi objetivo inmediato era uno: Tomar control de los juicios, y eso se hace diciéndole a los abogados de la República y de PDVSA que solo pueden seguir instrucciones del Gobierno interino. Había cinco despachos de abogados, tres de ellos decidieron seguir trabajando con el Gobierno interino y los otros dos continuaron con el régimen de Maduro, como informé a la Asamblea Nacional reiteradamente. Para todos los nuevos casos y asuntos complejos se seleccionaron, mediante procedimientos competitivos, nuevos escritorios jurídicos. Este objetivo, por supuesto, nunca lo asumí pensando que la transición tardaría tanto en llegar. Fue más bien una suerte de “mientras tanto”, que se prolongó demasiado en el tiempo por razones ajenas a la Oficina del Procurador Especial.
-¿Por qué el bono PDVSA 2020 tenía un tratamiento especial en el régimen de sanciones estadounidenses?
-Maduro decidió incumplir la deuda venezolana en 2017, pero el bono 2020 estaba garantizado con Citgo y por eso fue honrado siempre por el régimen. Es decir, que mientras los venezolanos estaban migrando en oleadas enormes, porque no tenían acceso a medicinas y alimentos y estaban muriendo, Nicolás a Maduro pagó millardos de dólares a los tenedores de bonos y eso, desde cualquier punto de vista, es inmoral. Yo reconozco que los contratos de deuda deben cumplirse, pero al mismo tiempo considero que el Estado está obligado a satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Es decir, pagar la deuda en un país que está atravesando una Emergencia Humanitaria Compleja está mal y eso es lo que hizo el madurismo. En 2018 la dictadura empieza a jugar con la idea de que las sanciones impedirían a los acreedores tomar control de Citgo, por eso el gobierno de Estados Unidos toma la decisión de obligarlo a pagar, permitiendo a los tenedores apoderarse de dicha empresa si hay un incumplimiento. En enero de 2019 les pedimos revertir eso porque ya era Guaidó el que estaba ejerciendo de Presidente encargado, y en octubre se aprobó la protección a Citgo.
-¿Cuánto de la estrategia de la deuda estaba supeditada al “cese de la usurpación”?
-¡Toda! Modestia aparte yo cumplí exitosamente todas las tareas que me dieron, que fueron básicamente tres: Poner orden en los litigios; diferir los riesgos más inminentes a los activos venezolanos; y sentar las bases de la renegociación de la deuda. Las tres las hice, pese a las severas limitaciones bajo las cuales tuve que ejercer el cargo. El problema es que la transición no se ha dado, y hasta tanto no se logre no se podrá renegociar la deuda y sin eso no se puede salvar a Citgo. En otras palabras: La solución definitiva para Citgo es el “cese de la usurpación”. Yo diseñé una estrategia que, al menos, ha permitido diferir riesgos por dos años, lo que es sin duda bastante. De haberse logrado la transición en ese lapso, otra sería la historia. En vista del desmoronamiento que se ve en la oposición, ¿qué va a pasar con los juicios en enero y quiénes van a continuar a cargo de ellos? Desde el punto de vista jurídico, que es el único punto desde el cual yo puedo opinar, la situación es muy sencilla: Para Estados Unidos, Juan Guaidó sigue siendo Presidente interino hasta que el gobierno de Estados Unidos reconozcan un nuevo gobierno. Mientras eso no pase, el diputado Guaidó y las autoridades que él ha designado seguirán siendo los únicos representantes de Venezuela en ese país, como por cierto reconoció la OEA en su reciente Resolución de 21 de octubre. Pero lo que protege a Citgo en lo inmediato no es el reconocimiento al Presidente interino, es que la suspensión de la Licencia General 5 continúe; y para eso sí se necesita una decisión del gobierno de Estados Unidos antes del 19 de enero 2021, dejando a salvo, claro está, lo que pase en el juicio, que establece mecanismos adicionales de protección. La fecha es muy mala, porque el nuevo mandato presidencial estadounidense empieza el 20 de enero del 2021. Pero en todo caso, insisto: Sin transición no hay solución definitiva para Citgo y para el problema de la deuda.