Hace poco menos de un mes, el Presidente (E) Juan Guaidó participó en la XX Reunión del Consejo Presidencial Andino, en una clara muestra del compromiso de los países de la subregión con la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. En ese contexto, los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú, así como el Presidente encargado de Venezuela, expresaron que el regreso a la democracia “permitirá viabilizar el retorno de Venezuela al Sistema Andino de Integración en calidad de País Miembro, luego de seguir las negociaciones y los procedimientos que correspondan según lo establecido en el Acuerdo de Cartagena”, como quedó plasmado en la Declaración Presidencial. Con ese acto se oficializaba el retorno parcial de Venezuela al bloque subregional de la Comunidad Andina de Naciones o CAN.
Este acercamiento, más allá de los apoyos políticos que sin duda son sólidos y bienvenidos, abre un espacio de reflexión: ¿Es posible avanzar en el regreso a este esquema de integración regional, o se trata aquí de un nuevo grupo que se va a dedicar a respaldar declarativamente los esfuerzos de democratización?, ¿existen las condiciones para que Venezuela asuma este compromiso?, ¿qué se requiere?
“¿Es posible avanzar en el regreso a este esquema de integración regional, o se trata aquí de un nuevo grupo que se va a dedicar a respaldar declarativamente los esfuerzos de democratización?”
A primera vista, pareciera que la ruta que se está marcando a través de este mandato del más alto nivel, está orientada a fortalecer y reactivar los apoyos políticos internacionales. Esto en sí mismo no es malo, pero corre el riesgo de sufrir el mismo desgaste que ha tenido el Grupo de Lima, surgido en el 2018. La retórica política sin capacidad de ofrecer algún tipo de resultado tangible, ni basta para avanzar en el cese de la usurpación, ni ayuda a los miles de venezolanos que requieren de medidas urgentes para rescatar una mínima calidad de vida.
Sin embargo, la CAN no es un grupo político ni es un grupo nuevo. Es un esquema amplio de Integración Regional que nació en 1969.
El Acuerdo de Cartagena, como se llamaba cuando se creó, surge de la aspiración común de concebir la integración económica como el motor de crecimiento y desarrollo de los países unidos por la cadena montañosa de los Andes. Todo un reto, si nos imaginamos lo difícil que es atravesar los picos andinos de norte a sur, desde Venezuela hasta Chile. Inspirados en la experiencia de la Comunidad Económica Europea, se perseguía, a través de una normativa común a todos los países, la eliminación de las barreras comerciales para crear un mercado común del que pudieran beneficiarse 100 millones de habitantes, y en el que los bienes producidos en la región pudiesen competir entre sí, protegidos por igual frente a bienes importados de otros países.
En 51 años, son muchos los cambios. El Acuerdo de Cartagena fue generando una mayor institucionalidad supranacional y un mayor compromiso político, crea las condiciones para una Unión Aduanera, la armonización de las economías de los países Miembros y la coordinación política, hasta que, en 1996, a través del Protocolo de Trujillo, los Presidentes decidieron la reagrupación de todos los tratados e instituciones andinas bajo un solo paraguas conocido como el Sistema de Integración Andino, base jurídica de la actual Comunidad Andina de Naciones.
“La CAN no es un grupo político ni es un grupo nuevo. Es un esquema amplio de Integración Regional que nació en 1969”
La membresía ha sufrido los avatares de dictaduras (las tres experiencias en la región denunciaron el Acuerdo de Cartagena), crisis económicas, distintos niveles de desarrollo industrial, y un sinfín de incumplimientos por parte de los Miembros. Pero también ha impulsado avances importantes, en particular en la década de los ‘90 y principios de los 2000 mediante políticas de apertura económica, así como el vibrante y positivo intercambio comercial colombo-venezolano que le dio tanto dinamismo a la zona (hasta que Chávez, de manera inconsulta, decidiera el retiro de Venezuela en el 2006). Por ello, la integración, como modelo de articulación internacional, sigue siendo una tarea pendiente.
En lo particular, la historia de la participación de Venezuela en ese bloque también ha sido accidentada. No obstante haber participado en las discusiones preparatorias que dieron origen al Acuerdo de Cartagena, y a pesar del discurso integracionista que arranca con el nacimiento mismo de la era democrática posterior a la caída de Pérez Jiménez, no fue sino hasta 1973, durante la primera Presidencia de Rafael Caldera, que el país se hizo Miembro Pleno. La complejidad de las negociaciones políticas y económicas, las sensibilidades propias del renacer democrático, aunado al hecho real de un tejido productivo marcado por la riqueza petrolera, pero muy poco diversificado, condujo a que el tema se introdujera en la agenda nacional desde arriba y desde afuera, es decir, planteado como un asunto de interés regional y gubernamental, como parece suceder ahora.
En aquel entonces, costó mucho incorporar en la agenda a los actores y fuerzas productivas de la sociedad venezolana, y se requirió de una intensa, tediosa, y minuciosa labor de consultas. Un regreso a la CAN supone un proceso similar de consultas en una coyuntura distinta, con un país depauperado que pasó de ser la cuarta economía, a la última del hemisferio, con unas cifras de pobreza de más del 95% de la población, según datos de Encovi.
“El vibrante y positivo intercambio comercial colombo-venezolano que le dio tanto dinamismo a la zona (hasta que Chávez, de manera inconsulta, decidiera el retiro de Venezuela en el 2006). Por ello, la integración, como modelo de articulación internacional, sigue siendo una tarea pendiente”
Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta la trama de acuerdos políticos y comerciales a los que Venezuela pertenece en este momento. Baste citar, por ejemplo, la pertenencia de Venezuela al Mercosur, también decidido por Chávez de manera inconsulta, de espaldas a los intereses del país, y signado por una agenda internacional ideológica que poco o nada tuvo en cuenta objetivos de desarrollo de la población. La normativa y eventual compatibilidad del Mercosur con la CAN debe ser evaluada por expertos, y discutida con los Estados Parte del esquema de uno o con los Miembros Plenos del otro. En momentos en que los apoyos políticos son tan necesarios para seguir impulsando este esfuerzo internacional de apoyo a la restauración democrática en Venezuela, es prioritario cuidar las relaciones con todos los aliados.
Por último, una reflexión sobre la agenda que más conviene una vez escuchados todos los sectores. Sin duda es necesario el mercado internacional para reactivar la economía, y sin duda el apoyo político de los países andinos es un activo importante. Pero la labor en este período de transición debe centrarse en el restablecimiento de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los venezolanos, como son el derecho a la vida, a la identidad, al trabajo, a la propiedad, a la prosperidad.
En definitiva, un regreso a la CAN se hará realidad sólo a partir de un esfuerzo colectivo del hemisferio y de la región, de políticos y empresarios, de los gremios, de la sociedad civil. Y mientras llega la democracia, puede también ser una excelente oportunidad para crear los puentes necesarios entre viejas y nuevas generaciones, a fin de cerrar la brecha que la dictadura ha dejado en la “práctica de integración”.
*Internacionalista, experta en negociaciones comerciales multilaterales, ex Embajadora ante la Confederación Suiza y la ONU Ginebra.