El chavismo, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no piensa darle ningún tipo de respiro a la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición. Prueba de ello es que envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) a dos de las principales artífices del cerco que ha levantado en torno al Parlamento para que organicen las elecciones que deberán renovarlo y así darle el tiro de gracia al único poder del Estado que no ha estado bajo el control del Palacio de Miraflores en las últimas dos décadas.
La nueva presidenta del organismo comicial, Indira Alfonzo Izaguirre, ha dejado en claro su alineación con los intereses de Nicolás Maduro, no solo por sus vínculos con el ex diputado y ex gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, de quien llegó a ser asistente, sino también por su actuación como magistrada del máximo juzgado desde que en 2014 se incorporó para cubrir la vacante del fallecido Oscar León Uzcátegui. En la víspera de la Nochevieja de 2015, desde la Presidencia de la Sala Electoral interrumpió el receso judicial y comenzó a recibir demandas del oficialismo contra las legislativas que habían perdido apenas tres semanas antes; y redactó la polémica sentencia número 260, con la cual arrebató la mayoría de 2/3 partes a la oposición al suspender la posesión de los diputados del estado Amazonas por presuntas irregularidades en su elección.
El fallo envió a la papelera la jurisprudencia que la instancia judicial había dictado desde su creación en el 2000, cuando estableció que “las actas de escrutinio sólo pueden ser impugnadas una vez que se ha producido la proclamación del candidato vencedor por el Consejo Nacional Electoral, pues es éste el acto que pone fin al proceso electoral”.
“La manera como fueron designados los nuevos miembros del CNE pone en duda que el mismo sea capaz de organizar unos comicios libres, transparentes y confiables, a menos a la luz de la comunidad internacional”
Un lustro después la misma Sala Electoral, en su sentencia 59, señaló: “El sufragio, tanto en sentido activo -elegir- como pasivo -ser elegido-, no se agota en el simple hecho de votar o resultar electo, sino que debe extenderse a su reconocimiento y, en algunos casos, a la entrega misma del poder al magistrado que ha sido electo, puesto que su desconocimiento o negativa de entregar el poder al funcionario electo, resulta, a efectos prácticos, una flagrante violación del referido derecho constitucional. La fase de ‘proclamación’, no sólo debe entenderse como un pronunciamiento del órgano electoral competente sobre el conocimiento de un determinado resultado electoral, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: Juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc.”.
Ambos dictámenes dejan en claro que el TSJ no podía impedir la posesión de los diputados de Amazonas, como lo hizo y si había dudas sobre cómo resultaron electos, solo podría removerlos de sus puestos tras un juicio donde se probara que las irregularidades alteraron significativamente el resultado.
La sentencia que Alfonzo no solo arrebató a la AN la mayoría necesaria para reformar la Constitución, aprobar leyes orgánicas o modificar la conformación de los otros poderes públicos sino que además sentó las bases del llamado “desacato”, con el cual a lo largo de los últimos cuatro años le ha impedido ejercer sus funciones legisladoras y contraloras.
Lealtad garantizada
Aunque la nueva presidenta del CNE tiene algunos conocimientos sobre el funcionamiento del organismo, pues entre 2005 y 2006 laboró en él, de acuerdo a su currículo. Esta no ha sido la razón que parece haber privado en su nombramiento, sino más bien su compromiso con el chavismo.
“Ella es una persona operativa y ejerce sus cargos como un perro de presa. Hace lo que la superioridad le exige sin chistar. En el TSJ, por ejemplo, se desenvolvía más como una asistente de Maikel Moreno (presidente del máximo juzgado) que como una magistrada. Ella recibía las órdenes de Moreno y se las transmitía a los demás magistrados de su Sala o de otras, si fuera necesario”, afirmó una ex alta funcionaria del Estado que la conoce, quien agregó: “Tiene el cerebro de un edecán, más que de un abogado”.
“Indira Alfonzo no ha tenido empacho en violar los lapsos procesales fijados en las leyes orgánicas del TSJ y de Procesos Electorales al tramitar el caso de los diputados de Amazonas”
Prueba de esa lealtad con el oficialismo, es que Alfonzo no ha tenido empacho en violar los lapsos procesales fijados en las leyes orgánicas del TSJ y de Procesos Electorales al tramitar el caso de los diputados de Amazonas sin importar que eso le haya valido ser sancionada por gobiernos como el de Canadá o Panamá. Si al principio la funcionaria demoró horas en responder las demandas del chavismo, incluso interrumpiendo las vacaciones navideñas, luego al tramitar el asunto ha ido mucho más lento al extremo que mantiene engavetado el caso, pese a que desde mediados de 2018 está en fase de sentencia.
Saliendo de una rival
Pero Alfonzo no es la única rectora que ha dejado en claro su animadversión contra la AN opositora, así la flamante rectora Gladys Gutiérrez no tuvo reparos en firmar todas y cada una de las más de 100 sentencias que la Sala Constitucional ha dictado desde 2016 contra el Parlamento y mediante la cual no solo le ha impedido ejercer sus tareas sino que se las arrebató o se las ha permitido realizar al Gobierno, mediante el ya eterno Estado de Excepción. Su comportamiento le ha valido haber sido sancionada también por los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE) y del Grupo de Lima.
Gutiérrez, quien es considerada una ficha de la familia Chávez, fue candidata a la Gobernación de Nueva Esparta por el extinto Movimiento Quinta República (MVR), embajadora en España y procuradora general de la República. Pese a que no tenía carrera judicial, en 2010 fue nombrada magistrada de la Sala Constitucional y en 2014 se convirtió en presidenta del TSJ, logrando poner fin a casi siete años de Luisa Estella Morales en ese puesto.
“La flamante rectora Gladys Gutiérrez no tuvo reparos en firmar todas y cada una de las más de 100 sentencias que la Sala Constitucional ha dictado desde 2016 contra el Parlamento”
La funcionaria no ha tenido reparos en dejar en claro a quién apoya. Así en febrero de 2015 advirtió: “El Poder Judicial garantizará la inexorable protección del orden constitucional legítimamente constituido y legalmente instaurado (…) El TSJ ha sido y seguirá siendo baluarte para garantizar la estabilidad institucional, así como para preservar la paz pública y el normal desenvolvimiento del desarrollo nacional”.
Quienes la conocen la califican de “vacía”. “No es brillante en lo absoluto y es incapaz de trabajar en equipo”, apuntó ahora un ex magistrado que compartió con ella responsabilidades en la directiva del máximo juzgado.
El envío de Gutiérrez al CNE, sin embargo, es analizado más en clave interna. “Creo que Maikel Moreno consiguió salir de un rival por la Presidencia del TSJ”, apuntaron desde el organismo rector del Poder Judicial.
Pese a que en 2017 fue desplazada por Moreno al frente del máximo juzgado y durante meses se habló de la posibilidad de que se jubilara o incluso renunciara, desde finales del año pasado su nombre volvió a sonar como posible candidata a encabezar el organismo, en especial luego de las versiones que aseguran que Moreno habría estado involucrado en la frustrada insurrección militar del 30 de abril de 2019.
Todo lo anterior, aunado a la manera como fueron designados los nuevos miembros del CNE, pone en duda que el mismo sea capaz de organizar unos comicios libres, transparentes y confiables, a menos a la luz de la comunidad internacional.