La prolongación por otros 30 días del Estado de Alarma constitucional para contener la expansión del Covid-19 implica para el país un abismo de dos meses, con las principales actividades suspendidas y los venezolanos confinados a sus hogares, y sin garantías de que entonces se pueda comenzar un proceso de normalización.
Es verdad que la pandemia del coronavirus tiene en jaque a la economía mundial, pero esta circunstancia alcanzó a Venezuela en medio de una alta vulnerabilidad y sin medios para resistir los embates de la crisis. De hecho, 2020 sería el séptimo año consecutivo de contracción económica para Venezuela. No había ningún elemento que hiciera pensar lo contrario, tras dos décadas de destrucción del aparato productivo nacional y el sostenimiento de un modelo económico inviable. Pero la epidemia ha agudizado los problemas al punto de que los economistas ya hablan de una caída del PIB de 20% este año, lo que implicará que la economía terminará 2020 siendo 80% más pequeña de lo que fue en 2013.
Lo peor es que la zanja puede seguir creciendo. El colapso de la industria petrolera nacional y el poco margen para comercializar sus productos en el marco de las sanciones internacionales, más la sobreoferta global de hidrocarburos y el hundimiento de los precios, colocan las finanzas de la nación contra las cuerdas. Ecoanalítica estima que las exportaciones petroleras del país se desplomarán a 380.000 barriles diarios, lo que podría terminar generando ingresos por tan solo 4.000 millones de dólares.
“Sin un acuerdo político luce lejana cualquier opción que ayude a atender las necesidades fundamentales de la población y sentar bases para una recuperación posterior”
Sin ahorros, sin ingresos y con una economía arrasada, es poco el margen de maniobra de las autoridades para hacer frente no solo a la crisis sanitaria en puertas, sino a la debacle económica que se espera. Esto queda en evidencia en la limitada adopción de medidas compensatorias para el sector privado, aun cuando los empresarios han solicitado flexibilizaciones y rebajas de cargas impositivas para poder resistir una cuarentena que mantiene al país paralizado.
Se estima que 60% del sector comercial está inactivo, la banca solo opera de forma digital, y las pocas industrias que seguían en pie tras oleadas regulatorias y de expropiaciones están cerradas salvo aquellas que operan en los sectores priorizados (salud y alimentos, esencialmente). Pero a esto se añade la escasez de gasolina, de la que no hay perspectivas de solución en el corto plazo, lo que pone en riesgo la producción agropecuaria, la distribución de alimentosy medicinas, así como la prestación de servicios básicos.
En conclusión, un abismo del que será difícil que el país pueda salir solo.
El régimen de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por buena parte de la comunidad internacional, carece de capacidad para gestionar asistencias financieras para el país; algo que sí puede hacer la presidencia interina de Juan Guaidó. Pero sin un acuerdo político luce lejana cualquier opción que ayude a atender las necesidades fundamentales de la población y sentar bases para una recuperación posterior.
Aun en tiempos de pandemia, la agenda política se impone por encima de todo.