Al procurador Especial de la República designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, le ha tocado una labor compleja. Desde que asumió la responsabilidad de ayudar a preservar los activos de lo que él considera el país más endeudado del mundo, ha debido lidiar no solo con bonistas y acreedores que hoy exigen ante tribunales internacionales que la República honre sus compromisos, sino también con las amenazas del régimen de Nicolás Maduro, quien ya lo acusó de traición a la patria por el caso Crystallex.
Hernández hoy lleva desde su oficina más de 60 casos de litigios internacionales, los cuales agrupan montos cercanos a los 15 mil millones de dólares en activos del país.
-¿Cuál es el estatus de la demanda que se emprendió contra los tenedores de bonos PDVSA 2020?
-El juicio de nulidad contra el bono PDVSA 2020 se encuentra en la etapa final de sustanciación. Ya fueron recabadas todas las pruebas con testimonios y más de 1.500 documentos que dictan toda la historia del proceso por el cual el bono fue emitido en octubre de 2016. Debido a la pandemia del coronavirus el caso ha sufrido retrasos, y ahora se estima que la audiencia final se celebre en julio.
“Nuestra oficina tiene a su cargo aproximadamente 60 casos, tanto en litigios como en arbitrajes, que envuelven reclamaciones por montos que pueden llegar a 15.000 millones de dólares en activos”
José Ignacio Hernández, Procurador Especial de la República designado por la Asamblea Nacional
-¿Qué acercamientos han tenido con los bonistas al margen de este proceso?
-La Junta Administradora ad hoc mantuvo conversaciones con los bonistas 2020, que mostraron una posición intransigente en tanto que pretendían el reconocimiento íntegro del bono. Sin embargo, como todos los demás órganos del poder público, esta Junta está vinculada a las decisiones de la Asamblea Nacional, que mediante acuerdos cuestionó la operación sobre CITGO. El colateral establecía que todos los contratos del bono PDVSA 2020 eran de interés público nacional, y al ser celebrados con entidades no domiciliarias en Venezuela éstas debían ser autorizadas previamente por el Poder Legislativo. El Parlamento hizo esta advertencia, sin embargo, los bonistas decidieron ignorarlas. Incluso en fechas recientes, en las negociaciones con la Junta ad hoc de PDVSA, han pretendido continuar con el desconocimiento de las decisiones vinculantes de la Asamblea.
-¿Cuántos litigios de este tipo están abiertos y cuáles son los estatus y montos de estos?
-Nuestra oficina tiene a su cargo aproximadamente 60 casos, tanto en litigios como en arbitrajes, que envuelven reclamaciones por montos que pueden llegar a 15.000 millones de dólares en activos. La deuda pública externa heredada de Chávez y Maduro es de aproximadamente 150.000 millones de dólares, lo cual convierte a Venezuela en el país más endeudado del mundo, y, además, eleva notablemente el riesgo de litigios en contra de la República. Es por eso que prácticamente la mitad del trabajo en la oficina del procurador general se orienta a la atención de esos litigios y arbitrajes.
-Con respecto al Fondo de Litigio, ¿en qué casos y para cuáles procedimientos se ha utilizado?
-La implementación del Fondo de Litigio ha funcionado muy bien. El Comité Técnico designado por la Asamblea Nacional ya autorizó la distribución del presupuesto, así como los proyectos a ejecutar. Se han mantenido reuniones periódicas donde se informa el avance de esos casos y de manera paulatina se ha ido solventando la delicada situación que tenía el Estado venezolano con relación al pago de honorarios profesionales, sin embargo, es mucho trabajo que queda por hacer en esa materia.
-El 22 abril vencen dos licencias importantes: La concedida por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a Chevron para operar en Venezuela, y la que impide a los tenedores del bono PDVSA 2020 ejecutar sus garantías sobre CITGO. ¿Qué se puede esperar en cada caso?, ¿qué gestiones se han hecho?
-En relación con la licencia que permitiría a los tenedores del bono ejecutar el colateral a partir del 22 de abril, estamos plenamente convencidos de que será renovada. El propósito de esa licencia era otorgar una cobertura especial a favor de CITGO mientras dure el juicio que, como ya dijimos, será hasta julio; por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que Estados Unidos va a continuar apoyando la política de protección de nuestra empresa filial. Mucho más delicada es la decisión de la licencia, que también vence, relacionada con la operación de Chevrón y otras empresas en el sector petrolero en Venezuela. Esa es una situación que compete exclusivamente a la política interna norteamericana, razón por la cual no es conveniente emitir opinión.
“La deuda pública externa heredada de Chávez y Maduro es de aproximadamente 150.000 millones de dólares, lo cual convierte a Venezuela en el país más endeudado del mundo”
José Ignacio Hernández, Procurador Especial de la República designado por la Asamblea Nacional
-¿Cuál es el estatus del caso Crystallex?
-Como he informado públicamente yo estoy inhibido del cargo Crystallex, no manejo el día a día del caso, eso lo atienden los abogados que están a cargo de ello. Sin embargo, la información pública a la que puedo referirme es que la República y PDVSA solicitaron la revisión del caso ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que es la entidad que deberá decidir si admite o no esta solicitud. Recordemos que el caso fue suspendido por el juzgado de Delaware tomando en cuenta entre otras razones, las recientes decisiones de la Oficina del Tesoro, que blindan completamente a CITGO de cualquier medida de ejecución.
-Sin aprobación de la Asamblea Nacional los contratos de las empresas mixtas donde Rosneft cede su participación al gobierno ruso serían ilegales, ¿qué pasará con tales contratos y con las operaciones de esas empresas?
-Todo contrato de interés público nacional celebrado entre PDVSA y una empresa no domiciliada en Venezuela, debe ser previamente autorizado por el Parlamento. Ese es el caso de cualquier tipo de acuerdo entre filiales de PDVSA como la CVP (Corporación Venezolana de Petróleo) y empresas rusas en el marco anunciado por Rosneft. Es por eso que cualquier transacción que se realice en esa materia sin la autorización previa del Poder Legislativo sería inconstitucional en los términos del Artículo 150 de la Constitución de 1999.
-Desde distintos sectores se reimpulsa la posibilidad de una transición política en Venezuela, en este contexto, ¿qué tan avanzada está la Ley Ómnibus que ha venido preparando su despacho?
-La oficina a mi cargo ha continuado trabajando en los procesos de reforma legislativa necesaria para la transición. La Ley Ómnibus, que recoge todas las reformas legislativas necesarias para reconstruir los mecanismos de mercado y atender las restricciones que impiden el crecimiento económico y el financiamiento internacional, está bastante adelantada. Esperamos, en las próximas semanas, presentar una nueva versión para la discusión en la Asamblea, que es la instancia que tiene la última decisión.