William Barr anunció el pasado 26 de marzo, la presentación de una acusación por parte de su oficina del Departamento de Justicia, contra lo que denominó ‘un cartel criminal de tráfico de drogas y promotor de actos terrorista encabezado por Nicolás Maduro y varios de sus allegados en el poder’. Barr es un veterano de mil batallas judiciales, frente a algunos de los casos más complejos por los que ha transitado la justicia norteamericana, vale decir que ha salido airoso en la mayoría de ellos, lo que le ha servido para haber ejercido el cargo de Fiscal General en dos periodos, con dos presidentes distintos.
El Fiscal Barr es un neoyorquino, abogado y experto en gobierno, graduado con honores en la Universidad George Washington y la de Columbia, respectivamente, de acuerdo con la información de la página del Departamento de Justicia, trabajó en la Casa Blanca durante la administración Reagan en política interna. Bajo la presidencia de George H. W. Bush se desempeñó como Fiscal General Adjunto de 1990 a 1991; Fiscal General Adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica de 1989 a 1990, y el 77º Fiscal General de los Estados Unidos de 1991 a 1993.
Se trata de un experto en casos de gran envergadura, especialmente en criminalidad organizada transnacional, lo cual no es precisamente del manejo de cualquier fiscal. Personalmente ha dirigido estrategias de investigación y de juicio en asuntos de importancia global, como actos terroristas, narcotráfico a gran escala y crímenes cibernéticos. Se trata pues de un sujeto que a estas alturas de su carrera ya nada tiene que probar, es un funcionario consagrado que tiene un prestigio que le asegura tener un puesto seguro en la historia contemporánea de los Estados Unidos.
“La investigación es una actividad creativa que pone a prueba las capacidades y la inteligencia de los encargados de llevarla a cabo. La investigación criminal es ciencia, arte, sagacidad, profunda inteligencia, todo eso junto”
Es Barr quien culmina una investigación que, en palabras de su misma oficina, tiene diez años de iniciada con todas las incidencias que esto implica. Es una causa en la que han participado varios fiscales federales bajo la dirección de otras gestiones del Departamento de Justicia, de modo que ha habido una intensa e ininterrumpida actividad de indagación que termina en la acusación que ha sido presentada.
En un discurso de 2019 que vale la pena analizar, se puede extraer lo que es parte del pensamiento jurídico y político del Fiscal Barr y, especialmente, lo que es su convencimiento y defensa de la separación de poderes como única garantía de sostenimiento del sistema democrático y de las libertades ciudadanas.
Allí exponía: “… El genio central de la Constitución estadounidense radica en su uso de la estructura para proteger la libertad individual. No se basa únicamente, ni siquiera principalmente, en la concesión de derechos sustantivos. Como el juez Scalia bromeó con color: ‘Cada república bananera tiene una declaración de derechos’. Su punto, y el mío, es que el baluarte contra la tiranía en Estados Unidos siempre ha sido nuestra estructura de gobierno, especialmente la Separación de Poderes.
En estos días, los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo roban los titulares. Lo sé muy bien. Pero los enfrentamientos entre el poder judicial y los poderes políticos son igual de importantes.
Si bien los Framers tenían preocupaciones sobre un poder judicial no elegido que invadiera las prerrogativas de las ramas políticas, Hamilton prometió en Federalist 78 que la rama menos democrática también sería la rama ‘menos peligrosa’ porque los tribunales ‘no tienen influencia sobre la espada o el bolso’. … ni fuerza ni voluntad, sino simplemente juicio”.
Vale decir, que el Federalist78, es un documento fundamental para la comprensión del Poder Judicial de los Estados Unidos, escrito por Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de ese país. Barr sin embargo, ha advertido sobre la inconveniencia de algunas sentencias que controlan la actividad del Poder Ejecutivo, sin embargo, así no esté de acuerdo, reafirma que su acatamiento es parte de la garantía sobre la libertad de los ciudadanos.
“Maduro y sus cómplices, enfrentarán entonces la acusación de un fiscal convencido de la necesidad de una institucionalidad consolidada, que proteja la libertad de las personas, es decir, todo lo contrario a lo que ellos representan”
En 1992, en su primer período como fiscal indicó: “Dije en mis audiencias de confirmación, y he dicho varias veces desde entonces, que la lealtad definitiva del fiscal general debe ser al Estado de derecho y no al presidente que lo nombró”. Esta afirmación ha sido puesta a prueba en este periodo de gestión, sin embargo, también es posible que las voluntades de la justicia y del Ejecutivo coincidan frente a algunos asuntos, eso sí, cada uno en el marco de sus funciones.
Maduro y sus cómplices, enfrentarán entonces la acusación de un fiscal convencido de la necesidad de una institucionalidad consolidada, que proteja la libertad de las personas, es decir, todo lo contrario a lo que ellos representan.
Ahora, ¿cómo se llega a una acusación de esta envergadura?
Es mi interés tratar de hacer un ciclo de artículos que permitan aportar cómo funciona el sistema de justicia que enfrentarán los acusados, cómo esto puede contribuir hacia la transición democrática en Venezuela, y cuáles son los pasos a seguir para arribar a una sentencia definitiva que declare qué fue lo probado en forma definitiva.
La acusación, no es más que la conclusión final a la que arriba la Fiscalía, luego de haber desplegado una extensa actividad investigativa que tiende a buscar certeza sobre al menos dos aspectos esenciales: El primero, es que efectivamente los hechos objeto de la investigación hayan ocurrido. Esos hechos además, deben tener relevancia jurídico penal, esto es, que se encuentren recogidos como delito en la ley penal del país que lo investiga. En resumen, la investigación debe arrojar certeza de que el hecho ocurrió y que además es delito. En segundo término debe establecer con un alto grado de certidumbre, quién o quiénes son los autores y partícipes de dichos delitos. Con esos dos elementos fundamentales se elabora lo que se denomina acusación o hipótesis acusatoria del Estado.
Ya que he mencionado al Estado, es pertinente decir que la acusación fiscal, representa no un interés particular o de un grupo determinado, sino un interés general en que se aplique la ley penal en el caso concreto, por eso se intenta en nombre del Estado. Esto, de acuerdo con la tesis del funcionalismo penal de Jakobs, tiene como objetivo que se mantenga la vigencia del ordenamiento jurídico, lo cual no es más, que se satisfagan las expectativas de la población, al establecer que quien infringe la ley penal corre con las consecuencias de su comportamiento.
Qué lejos estamos los venezolanos de ver satisfechas esas expectativas, de ahí la importancia de construir un sistema de justicia sólido, independiente, objetivo y técnico, pero eso es otro tema.
Pero tal vez lo más fascinante de este proceso lo encontramos en la investigación. La investigación es una actividad creativa que pone a prueba las capacidades y la inteligencia de los encargados de llevarla a cabo. La investigación criminal es ciencia, arte, sagacidad, profunda inteligencia, todo eso junto, pero prometo hablarle de esta investigación en una próxima entrega.