Aun en medio de la pandemia mundial por el coronavirus Covid-19 y de los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por usar esta crisis para flexibilizar las medidas internacionales en su contra, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió dar un paso adelante que coloca el caso venezolano en otra fase, lo que puede desencadenar una oleada diferente de acciones en contra de quienes ejercen el poder en Venezuela.
Formalmente acusó a Nicolás Maduro y otros 14 funcionarios, ex funcionarios y relacionados, por ser parte de una red de tráfico de drogas y corrupción. Esta conspiración se daba en conexión con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Particularmente Maduro ha sido acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, entre otros delitos asociados al suministro de armamento a las FARC, lo que podría suponerle hasta cadena perpetua, por lo que la justicia estadounidense ofrece 15 millones de dólares por su captura.
Geoffrey Berman, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, manifestó que “los líderes de la FARC estaban recibiendo armas de alto calibre desde Venezuela”. Contexto en el cual llamó a Maduro “líder del cartel de los Soles”, esencialmente constituido por militares venezolanos, y que por varios lustros ha robustecido el narcotráfico usando al país como puente.
Las autoridades estadounidenses indicaron algunas de las rutas que usa el régimen de Maduro para estas actividades ilícitas, buscando llegar a su territorio, moviendo unas 250 toneladas métricas de narcóticos por año.
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió dar un paso adelante que coloca el caso venezolano en otra fase, lo que puede desencadenar una oleada diferente de acciones en contra de quienes ejercen el poder en Venezuela”
La Unidad de Investigaciones de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami llevaron a cabo la investigación. Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal Federal para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.
Los otros señalados
Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, fue acusado de lavado de dinero y corromper el sistema de justicia con sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela. La fiscal del Distrito del Sur de Florida, Ariana Fajardo, lo señaló de destruir el sistema y propiciar un estado de corrupción. De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE.UU. muestran aproximadamente 3 millones de dólares en ingresos.
Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Maduro, fue acusado de permitir el tránsito masivo de narcóticos y cobrar cuantiosas sumas de dinero por actividades de narcotráfico. Específicamente el fiscal Brian Boczkowski señaló a Padrino López por usar Venezuela como ruta de tránsito para el narcotráfico hacia Estados Unidos.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro; Hugo “El Pollo” Carvajal, quien manejó áreas de inteligencia militar para Hugo Chávez y hoy se encuentra evadido de la justicia; y Cliver Alcalá, general retirado y crítico del régimen de Maduro: Desde al menos 1999, junto a Nicolás Maduro, actuaron como líderes y gerentes del “Cartel de los Soles”.
Tarek El Aissami, sobre quien ya pesaba una orden de captura de EE.UU. desde 2019, y Joselit Ramírez, superintendente de Criptoactivos y Actividades conexas: Ambos, junto al empresario Samark López Bello, son señalados de participar en una serie de delitos relacionados con los esfuerzos por evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra el régimen venezolano.
Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, y Edylberto Molina, viceministro del Sistema Integrado de Policía: Participación en una conspiración internacional de distribución de cocaína, donde supuestamente ayudaron a los narcotraficantes a importar cocaína a los Estados Unidos.
Vasily Kotosky Villarroel Ramírez, capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana y Rafael Villasana Fernández, ex oficial de la Guardia Nacional Bolivariana: Kotosky y Villasana supuestamente utilizaron vehículos oficiales del Gobierno para transportar más de siete toneladas métricas de cocaína desde la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos marítimos en Venezuela.
“Este caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal Federal para la Unidad Internacional de Narcóticos y Terrorismo del Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación”
Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía: Lavado y recibo de sobornos para adjudicar negocios de Corpoelec.
Nervis Villalobos, ex funcionario de Hugo Chávez ligado a la corrupción en el sector eléctrico: Por su presunto papel en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano.
¿Igual que Manuel Antonio Noriega?
Desde 1983, cuando Manuel Antonio Noriega comenzó a gobernar de facto Panamá, hubo múltiples acciones de parte de Estados Unidos para buscar una salida. Negociaciones, presión y sanciones se dieron a lo largo de los años sin que el régimen de Noriega desistiera de su afán de sostenerse en el poder.
Finalmente, en 1989 se produjo una invasión militar al territorio panameño que terminó con la captura de Noriega para llevarlo a prisión, donde murió en 2017 a los 83 años, pagando por varias condenas en distintos países, que incluyen desde el narcotráfico hasta asesinato.
Para Iván Simonovis, coordinador especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela ante Estados Unidos designado por el Gobierno interino de Juan Guaidó, la reciente decisión de EE.UU. coloca al régimen de Maduro a mirarse en el espejo del régimen de Noriega.
Explicó que Noriega fue requerido por la justicia a través de una orden de captura. “No muy diferente a la designación del Régimen de Nicolás Maduro como promotor del terrorismo”, comentó Simonovis en su cuenta de Twitter al conocer la información.
Vale tener presente que el de Panamá es uno de los casos cercanos en la región de “salida militar” a una crisis, una de las “opciones” que Estados Unidos dice tener siempre sobre la mesa a la hora de evaluar la situación venezolana.
Sin excusas
Desde el brote de Covid-19 en Venezuela, Nicolás Maduro ha venido usando el tema como argumento para solicitar se flexibilicen las sanciones internacionales en su contra. No hay que olvidar que tales sanciones, que comenzaron formalmente en agosto de 2017, fueron una respuesta en contra de las decisiones de su régimen de alejarse de la ruta democrática.
Maduro, quien persiste en la usurpación de la Presidencia de Venezuela y ha negado cualquier vía para resolver la crisis política e institucional del país, ha señalado en los últimos días que las sanciones deben levantarse por razones humanitarias. Igualmente ha hecho gestiones para levantar recursos financieros, aun cuando el país se encuentra en situación de impago y enfrenta limitaciones para acceder a nuevo financiamiento.
El Covid-19 lucía como la excusa para liberarse de los cercos en su contra y ganar oxígeno para seguir adelante en su estrategia de sostenerse en el poder a cualquier precio. Pero el fiscal general de EE.UU., William Barr, es claro al señalar que “mientras nos enfrentamos a la propagación nacional de Covid-19, quiero recalcar que la misión crítica del Departamento de Justicia debe y continuará”. Es decir, que la pandemia no paraliza a la justicia.
Lo que quedó pendiente
Designar a Venezuela como Estado patrocinador del terrorismo es un tema en el que se viene trabajando desde hace tiempo en la agenda internacional, y que sigue pendiente.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido uno de los impulsores de la idea de que el régimen venezolano viola la Resolución 1373, aprobada en 2001 por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que prohíbe a los Estados miembros ayudar a grupos terroristas.
No hay que olvidar que en enero pasado, como punto de inicio de la gira internacional de Juan Guaidó, se celebró en Colombia la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha Contra el Terrorismo, donde el régimen de Nicolás Maduro fue señalado de manera directa por su complicidad con grupos irregulares.
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia suscribieron entonces una condena al terrorismo en todas sus expresiones, y reafirmaron la responsabilidad de los Estados de negar cobijo financiero, operacional o cualquier otro tipo de apoyo a los terroristas, y ponerlos a disposición de la justicia.
Tampoco se debe perder de vista que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), con los que Maduro y su círculo mantienen relaciones cercanas, están incluidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organization) que maneja el Departamento de Estado de EE.UU.
Hacer esta categorización abriría un espacio para que Estados Unidos aplique mayores sanciones.
Entre otras cosas se contempla:
- Prohibiciones relativas a las transacciones financieras con Estados terroristas.
- Prohibición de prestar asistencia a los países que ayudan a los Estados terroristas.
- Prohibición de prestar asistencia a los países que facilitan material militar letal a los Estados terroristas.
- Oposición a la prestación de asistencia por instituciones financieras internacionales a los Estados terroristas.
- Facilitar acciones civiles contra los Estados comprendidos en la lista de terroristas.
En la lista de Estados patrocinadores se cuentan Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria.
