El mundo occidental continúa cerrándose con mandatos oficiales de limitar el movimiento transfronterizo y de que los ciudadanos se aíslen en sus casas para contener la propagación del Covid-19, como está sucediendo en distintos estados de EE.UU., en diferentes países europeos y en casi toda América Latina. En muchos de estos países se ha suspendido la operación de comercios como bares, restaurantes, peluquerías, gimnasios, tiendas de música y clubes sociales, así como el acceso a estadios, parques, plazas o playas, entre otros lugares de congregación. En Venezuela, entramos en la segunda semana de lo que, en teoría, serán 30 días (prorrogables) de la paralización casi absoluta de nuestra economía para hacer frente a la epidemia.
En términos de respuestas nacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prioriza la adecuación de laboratorios para realizar pruebas de despistaje de forma masiva a fin de identificar a las personas infectadas, así como la adecuación veloz de instalaciones para su aislamiento, con la protección necesaria para el personal médico asistencial. También resaltan la desinfección de áreas públicas y la coordinación internacional de las medidas a tomar, entre muchas otras acciones. Sin embargo, la población venezolana no ha recibido información sobre esfuerzos relevantes que las autoridades de facto estén haciendo para masificar el acceso a pruebas de despistaje, ni sobre la adecuación de áreas de aislamiento de fácil acceso para la proporción estimable de la población que sería infectada. El régimen parece haberse limitado a paralizar, aún más, a un país que viene ya deteniéndose desde hace meses por la escasez de electricidad, gasolina y créditos bancarios.
“Las depresiones son episodios dramáticos en términos de su impacto social, por cuanto la pérdida de empleos crea un círculo vicioso de disminución del consumo, caída de la producción y más pérdidas de empleos, lo que abre camino al empobrecimiento de la población”
A nivel global, los gobiernos comprenden que el sufrimiento económico y empobrecimiento que se siembren en estos meses pueden eclipsar las ya cuantiosas muertes que ha causado el nefasto virus, y la inminente contracción mundial comienza a perfilarse como una posible depresión, más que como una simple recesión. Cuando el producto interno bruto decrece de forma ligera por un período limitado de tiempo podemos hablar de una recesión; una depresión, por otro lado, significa una caída sostenida de la producción y del consumo, acompañada de muy alto desempleo, de una contracción del crédito y la inversión, quiebras generalizadas de compañías y fluctuaciones cambiarias que, en general, acaban transformándose en fuertes caídas en el valor de la moneda. Sobre la base de estas definiciones, Venezuela lleva años sufriendo una depresión.
Lo cierto es que el mundo se encuentra a las puertas de una muy grave crisis de la economía global -de esto ya no caben dudas-. Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro americano, que en un principio sostenía que el Covid-19 era una crisis de salud pública pero no una crisis económica, afirma ahora que el desempleo en Estados Unidos podría llegar a la alarmante cifra de 20%, de no aprobarse los planes de apoyo a empresas y ciudadanos que se han propuesto. El banco americano Morgan Stanley pronostica que la Unión Europea podría sufrir una contracción de su producto interno bruto del 12% año-a-año para el segundo trimestre del 2020, y el semanario especializado The Economist estima que hasta el 40% del gasto en consumo global relacionado a esparcimiento y hospitalidad podría desaparecer. Estos pronósticos resultan especialmente preocupantes si consideramos que, según afirman historiadores de economía de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, las economías industrializadas requieren de al menos cinco años para recuperarse de caídas del PIB superiores al 10%.
“Venezuela tiene enormes problemas económicos generados por políticas inadecuadas desde mucho antes de la llegada del coronavirus, que limitan sustancialmente las posibilidades de resguardar a los ciudadanos de un empobrecimiento aún mayor”
Las depresiones son episodios dramáticos en términos de su impacto social, por cuanto la pérdida de empleos crea un círculo vicioso de disminución del consumo, caída de la producción y más pérdidas de empleos, lo que abre camino al empobrecimiento de la población. Este empobrecimiento puede ser temporal, pero si las depresiones se extienden, puede convertirse en estructural -y de la pobreza estructural es muy difícil salir-. En Venezuela, la pobreza multidimensional ha crecido 10 puntos porcentuales en los últimos 3 años, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).
La respuesta económica en el mundo
Ahora bien, ¿qué herramientas tienen los gobiernos para enfrentar las recesiones y depresiones? En general, éstas van desde aumentar el gasto público o reducir impuestos y bajar las tasas de interés para estimular la demanda de crédito y el consumo, pasando por devaluar la moneda para incentivar las exportaciones, hasta fuertes inyecciones de dinero en la economía, incluyendo instrumentos como el Quantitative Easing o el Helicopter Money. Cuando se hace Quantitative Easing, o flexibilización cuantitativa, un Banco Central compra bonos en tesorería de los bancos comerciales, para que éstos dispongan de mayor liquidez, bajando así violentamente las tasas de interés e incentivando la disponibilidad de créditos. Ante la crisis actual se ha discutido la posibilidad de que Bancos Centrales compren bonos frescos directamente a empresas no financieras, para inyectarles liquidez individualmente, o de que otorguen créditos limitados sin colateral y sin condicionamiento de repago. En casos más extremos, se puede dar créditos directamente a los ciudadanos para estimularlos a consumir, o también dárseles dinero incondicionalmente para apuntalar o incentivar su consumo -esta es la estrategia heterodoxa del Helicopter Money, o dinero helicóptero, nacida de un concepto originalmente desarrollado por Milton Friedman-.
“Quienes conducen el régimen no parecen entender que el 30% de 1.000 es más que el 90% de 100”
Resulta que muchos de los países afectados por el brote de Covid-19 ya están instrumentando estas medidas, y a gran escala. La Reserva Federal (el banco central americano) ha recortado las tasas de interés y ha empezado a aplicar un nuevo programa de flexibilización cuantitativa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto un paquete de estímulo que puede alcanzar un billón de dólares, incluyendo desde transferencias directas de dinero a los ciudadanos y créditos para las compañías pequeñas, hasta rescates financieros para las empresas afectadas (muy especialmente para las empresas más golpeadas por la crisis, como las líneas aéreas y otras empresas de transporte). El Tesoro también ha retrasado el pago del impuesto sobre la renta del 15 de abril al 15 de julio. El Senado, por su parte, está trabajando en otro paquete que podría ser aún mayor. El Banco Central Europeo está tomando medidas similares a las de la Reserva Federal, para que las naciones del viejo continente puedan afrontar lo que parece ser una depresión inminente.
El Reino Unido, a su vez, ha anunciado paquetes por al menos 350 mil millones de libras esterlinas para hacer frente a la recesión, incluyendo préstamos para empresas, una suspensión del cobro del Impuesto al Valor Agregado hasta junio, e inclusive un compromiso de pagar hasta el 80% del sueldo de los trabajadores cuyos ingresos sean inferiores a las 2.500 libras mensuales. Italia, tomando acciones similares, ha ofrecido pagar los costos de servicios públicos y de alquiler tanto a empresas como a ciudadanos.
“Las acciones puntuales que han tomado las autoridades de facto no nos salvarán de la ola de empobrecimiento que se avecina, con niveles de desempleo aún mayores a los que aquí se han registrado en los años recientes”
Y en América Latina, Argentina, por ejemplo, ha anunciado múltiples medidas, como prestar apoyos financieros directos a empresas afectadas, aumentar la asignación por hijo, pagar transferencias extraordinarias a los pensionados, fortalecer los comedores comunitarios, y expandir líneas de créditos blandos con tasas de interés preferenciales. The Economist estima que el estímulo global que implementarán los Bancos Centrales del mundo puede exceder los cuatro billones de dólares -una cifra superior al Producto Interno Bruto de Alemania de 2019-.
¿Y Venezuela, qué?
Venezuela tiene enormes problemas económicos generados por políticas inadecuadas desde mucho antes de la llegada del coronavirus, que limitan sustancialmente las posibilidades de resguardar a los ciudadanos de un empobrecimiento aún mayor. El ingreso petrolero, que otrora podría haber financiado políticas como las de otros países para amortiguar el empobrecimiento, ha decaído sustancialmente como consecuencia de años de desinversión que han reducido los volúmenes de extracción de petróleo; del despido y fuga de trabajadores expertos; del cuantioso y prolongado endeudamiento a través de compromisos de repago en petróleo; y del intercambio de crudo (con amplios márgenes de descuento) por gasolina con compañías rusas y chinas para sustituir la producción local de combustible de nuestras refinerías, que en el pasado cubrían la demanda doméstica y exportaban otro tanto, pero que los gobiernos revolucionarios han destruido. Este mermado ingreso, además, sufre ahora el impacto de una caída global en los precios del crudo. Esta es la circunstancia de los ingresos de un Estado que, además, se ha quedado con reservas internacionales ínfimas y sin ingresos formales por exportaciones distintas del petróleo. Es por esto que el Estado se ha hecho cada vez más dependiente del ingreso por impuestos cobrados a las actividades no petroleras, que ha aumentado sin contemplación del efecto contractivo que esto causa: Quienes conducen el régimen no parecen entender que el 30% de 1.000 es más que el 90% de 100.
De manera consistente con la incapacidad del régimen de afrontar la realidad en búsqueda del bien común de los venezolanos, la semana pasada se incrementó en 30 veces el valor de la unidad tributaria; y las autoridades de facto conminaron a los ciudadanos a pagar oportunamente sus impuestos antes del final de marzo -a los ciudadanos inactivos, en medio de la cuarentena forzosa y un racionamiento generalizado de combustible en distintos lugares del país-. Por otro lado, podríamos señalar, comenzó a actualizar los registros de su “Plataforma Patria” para distribuir dinero a los ciudadanos, en lo que podría considerarse una versión tropical del Helicopter Money. Ahora bien: El dinero helicóptero podría funcionar en economías estructuradas, en las que la capacidad de ofrecer bienes y servicios existe -es real y está disponible-, y por tanto un disparador del consumo puede arrancar un círculo virtuoso de actividad que se transforme en satisfacción de demanda y creación de nuevos empleos.
“El régimen parece haberse limitado a paralizar, aún más, a un país que viene ya deteniéndose desde hace meses por la escasez de electricidad, gasolina y créditos bancarios”
En Venezuela, la muy reducida capacidad de ofrecer bienes y servicios -minimizada más aún por la paralización de actividades derivada de la cuarentena– puede ser fácilmente rebasada por aumentos en el dinero circulante, transformándose ese dinero en inflación, sin siquiera un asomo de la satisfacción de demanda o la creación de nuevos empleos. Más aún, si la política la instrumenta un régimen autoritario que se ha ganado niveles gigantescos de desconfianza de parte de los ciudadanos, los nuevos bolívares que se lancen a la calle rápidamente buscarán convertirse en dólares, alimentando la pérdida de valor de la moneda. Todo esto, además, sin debatir el que la cuestionable “Plataforma Patria” privilegia a una parte de la población susceptible de ser coaccionada por el régimen para rédito político, o el que dista mucho de ser una herramienta de política económica justa, transparente o equitativa.
Está claro, entonces, que las acciones puntuales que han tomado las autoridades de facto no nos salvarán de la ola de empobrecimiento que se avecina, con niveles de desempleo aún mayores a los que aquí se han registrado en los años recientes. Deben instrumentarse medidas de ayuda a las empresas, como flexibilizar las fechas de pago de impuestos y promover que se les extiendan créditos blandos (derivados, posiblemente, de relajar el infame encaje marginal), y en conjunto con estas medidas debe permitirse la reactivación selectiva de diferentes sectores productivos nacionales.
Muchos gobiernos, como los de diferentes estados americanos, han establecido que empresas como oficinas de ingeniería y arquitectura; centros de asistencia social; empresas que interactúan con sus clientes por medios electrónicos; empresas de soporte de actividades de puertos y aeropuertos; industrias de manufactura; obras en construcción; plantas de embotellamiento; empresas agrarias; operadores logísticos; ferreterías; proveedores de gas; farmacias; telecomunicaciones; medios de comunicación; y servicios de recolección y disposición de basura, deben continuar trabajando, tomando las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores y realizando despistajes regulares a través del sistema de salud pública. Las autoridades de facto de Venezuela deben permitir una reactivación similar, o las consecuencias para la población serán nefastas.
De no tomar estas acciones, el régimen de facto del autócrata Nicolás Maduro perjudicará, innecesariamente, a los venezolanos y, una vez más, será el único responsable del creciente empobrecimiento de los ciudadanos.
@jpolalquiaga