“Las palabras se les lleva el viento”. Esta expresión popular ilustra a la perfección la suerte que han corrido las promesas que el régimen de Nicolás Maduro hizo a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de que atendería las recomendaciones que le formulara, para así mejorar la situación de las garantías fundamentales en Venezuela. Nueve meses después de que Michelle Bachelet visitara el país los ataques a la Asamblea Nacional (AN) y la persecución contra sus miembros y demás representantes opositores continúa, lo mismo que los casos de tortura y la crisis humanitaria que sufre el grueso de la población.
Así lo puso en evidencia la ex mandataria chilena el pasado 11 de marzo, cuando presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su última actualización oral de su informe sobre la situación venezolana.
Desde el movimiento venezolano de Derechos Humanos, por su parte, consideran importante la labor de la funcionaria internacional, por cuanto “desnuda las miserias del régimen”; y acusa a las autoridades de no tener la más mínima voluntad de querer cambiar las cosas.
“Si bien la Alta Comisionada destaca los ataques contra opositores y la AN, la situación de acoso y el cerco a la libertad sindical, los actos de hostigamiento contra la autonomía universitaria, las alegaciones de tortura en el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y los retrocesos en materia de derechos económicos, sociales y culturales lo que hay que resaltar es que de las 23 recomendaciones que hizo en su primer informe apenas una el régimen está cumpliendo y es la referida a la presencia de los oficiales de la Oficina del Alto Comisionado en el país”, denunció Inti Rodríguez, coordinador del Área de Monitoreo e Investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Sin embargo, el activista denunció que ni siquiera esta única propuesta ha sido garantizada al 100%. “La presencia de los oficiales de la Oficina del Alto Comisionado se ha visto en varias veces entorpecida por la negativa de la dictadura de Maduro de permitirles acceso a centros de reclusión y otros espacios donde se violan los Derechos Humanos”, agregó, en clara alusión al impedimento para que los delegados de Bachelet puedan visitar la sede de la DGCIM.
En julio de 2019, Bachelet planteó al régimen chavista una lista de tareas para mejorar la situación de las garantías fundamentales, entre las cuales figuraba, por ejemplo, disolver la polémica Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), señalada de cometer cientos de ejecuciones extrajudiciales; desmantelar los grupos civiles armados que lo respaldan (colectivos); poner fin al cierre de medios de comunicación; que tome medidas para garantizar la independencia judicial; que tomara medidas para poner fin a la tortura y que reparara a las víctimas de ella; liberar a los presos políticos; y que garantizara a todos los venezolanos acceso al agua, alimentos y medicamentos.
La omisión también es un pecado
Para Inti Rodríguez el que las autoridades hayan desatendido las sugerencias de la Alta Comisionada no solo revela “su falta de voluntad política” para mejorar la situación sino que de paso explica por qué los problemas se han agravado en estos nueve meses.
“En materia alimentaria, de salud y de acceso a servicios públicos la situación ha empeorado. El acceso a los alimentos por parte de la población es cada vez más limitado debido a la situación de hiperinflación y a la brecha entre quienes tienen más posibilidades y los que no tienen se hace cada vez mayor”, dijo, al tiempo que resaltó los casos de tortura: “La mayoría de las denuncias de torturas y tratos crueles registrados en 2019 se produjeron luego de la visita de la Alta Comisionada, es decir el Estado no solo no hizo un correctivo o tomó alguna medida para darle cumplimiento sino que siguió torturando”, argumentó.
Provea registró 574 casos de venezolanos que sufrieron torturas o malos tratos en el 2019, lo cual es un 526% más que los contabilizados por ellos mismos en 2018. Pero además de ese número de víctimas, 23 terminaron perdiendo la vida.
Sobre esta situación, el constitucionalista y también activista de Derechos Humanos, Alí Daniels, criticó el tono empleado por Bachelet para referirse al mismo.
“Lo único que lamento del informe es que se califique lo que ocurre en la DGCIM como tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entiendo que lo diga, porque como no han dejado que sus representantes visiten el DGCIM no quiere adelantar opinión, pero lo cierto es que sí hay evidencias más que evidentes de que allí se tortura”, dijo, en referencia al caso del capitán Rafael Acosta Arévalo.
Mintiendo siempre
El que las autoridades no cumplan las recomendaciones hechas por Michelle Bachelet no debería sorprender. ¿La razón? El desacato a las instancias internacionales es un signo distintivo del chavismo.
Ejemplo de ello es que los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, solo han cumplido parcialmente 2 de las 18 condenas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impuesto al país desde 1998.
Pero incluso casi desde el mismo momento en que la ex mandataria chilena concluyó su visita al país el chavismo no dudo en dejarla mal. Así en julio de 2019 ella anunció con bombos y platillos que el Poder Judicial liberaría a la suspendida jueza María Lourdes Afiuni y al periodista Braulio Jatar. Sin embargo, ambos fueron dejados en libertad condicional y no en libertad plena como dejó entrever la funcionaria internacional que ocurriría.
No obstante estos antecedentes, Alí Daniels, quien es director de Acceso a la Justicia -asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente-, valora positivamente a Bachelet, pues “toma el pulso a lo que está pasando en Venezuela” y aunque “esto no contribuya al cambio de Gobierno si es importante, porque mantiene el foco de atención de la comunidad internacional sobre el caso venezolano”.