El arbitraje institucional e imparcial es la piedra angular para las próximas elecciones en Venezuela. Aunque desde el gobierno de Nicolás Maduro y de los sectores políticos que adversan a la oposición se avanza en acuerdos parciales de garantías y condiciones electorales y métodos alternativos para la designación de los rectores electorales, estos teóricos acuerdos no desarrollan el sentir de los ciudadanos.
Como hemos advertido en otros textos de La Gran Aldea desde 1999 se han designado siete directivas del Consejo Nacional Electoral (CNE), y en un solo caso (2006) los integrantes del Poder Electoral fueron nombrados en la Asamblea Nacional (AN).
En concreto, 1999 significó la llegada de Tibisay Lucena al CNE de la mano de la Asamblea Nacional Constituyente; en 2003 el TSJ designó al primer CNE de estos tiempos; en 2005 se realizó el primer “correctivo directivo” del CNE por el TSJ; es en 2006 cuando tuvimos un CNE designado por la AN “roja-rojita”; en 2009 la AN designó a Socorro Hernández y Tania D’Amelio en fraude a la Ley. Es en 2014 la omisión de la AN, con Diosdado Cabello a la cabeza, lo que permite un nuevo CNE nombrado por el TSJ; y en 2016 el TSJ ratifica el fraude a la Ley de 2009 y mantiene en sus cargos a Hernández y D’Amelio.
Los acuerdos que se adelantan en la Mesa de Diálogo Nacional (MDN) representan a muy pocos venezolanos. La MDN está dirigida por los representantes de gobierno de Maduro (Jorge Rodríguez y Francisco Torrealba), y en ella participan los líderes de los partidos Avanzada Progresista (Henri Falcón); Soluciones (Claudio Fermín); Cambiemos (Timoteo Zambrano); MAS (Felipe Mujica), y Esperanza por el Cambio (Javier Bertucci).
Si tomamos como referencia el más reciente estudio de la firma Datanálisis, destaca que para el 45,9% de los ciudadanos el nombramiento de nuevos rectores del CNE debe ocurrir en la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó; mientras que 12,8% considera que éste es un deber de la Asamblea Nacional Constituyente.
Según este estudio apenas 7,5% de los ciudadanos cree que los rectores deben ser escogidos en un acto dirigido por el grupo parlamentario del diputado Luis Parra.
Es importante destacar que en el estudio de Datanálisis no se evalúa taxativamente la posibilidad que los rectores sean designados por los magistrados del TSJ (en los últimos 20 años cuatro de las siete directivas del CNE han sido designadas por el máximo tribunal).
Sin embargo, entre las opciones de respuesta solo 7,9% dice que el nombramiento de los integrantes del Poder Electoral debe ser ejecutado por una instancia diferente a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, la Asamblea Nacional Constituyente o el grupo parlamentario liderado por el diputado Luis Parra.
El chavismo quiere un CNE hecho en la Constituyente
Según el estudio de Datanálisis la posibilidad que la Asamblea Constituyente designe a los rectores del CNE es la opción que genera mayor consenso. El 47% de los venezolanos que se dicen chavistas aspiran a que el nuevo CNE sea nombrado por la instancia presidida por Diosdado Cabello; mientras 26% se inclina por decir que el nombramiento debe ser asumido por “la Asamblea Nacional presidida por Luis Parra”.
Esta idea cambia significativamente en el caso de independientes y opositores. Entre los independientes 34% aspira a que los integrantes del Poder Electoral sean designados por la Asamblea Nacional “presidida por Juan Guaidó”; mientras 10% se inclina por la ANC, y 6,8% por el grupo parlamentario de Luis Parra.
Por otra parte, entre quienes se definen como opositores la tendencia es mucho más clara. La amplia mayoría (80,4%) dice que los rectores deben ser nombrados en la Asamblea Nacional presidida por Guaidó.
Como hemos analizado en otros textos de La Gran Aldea la propuesta de la Mesa de Diálogo de un CNE con una composición 2:2:1 es una oferta engañosa de imparcialidad; al tiempo que hemos advertido que es la composición del CNE el principal bloqueador de participación electoral que existe en este momento entre opositores e independientes.
Presidencial antes que Parlamentarias
Tan importante como la garantía de un arbitraje electoral institucional e imparcial lo es el tipo de evento comicial que deberá organizar un nuevo CNE.
Aunque desde la Mesa de Diálogo Nacional se ha dejado claro que la ruta electoral que se negocia incluye parlamentaria (2020), regionales (2021) posibilidad de revocatorio (2022) y presidencial (2024); mientras que la opinión de los venezolanos es muy diferente.
En esencia la realización de elecciones parlamentarias (que permitiesen escoger una nueva Asamblea Nacional) solo es respaldada por uno de cada 10 venezolanos.
El estudio de Datanálisis refleja que la mayoría de los venezolanos prefieren que durante 2020 se convoquen elecciones presidenciales como un mecanismo para sortear la crisis multifactorial que atraviesa el país. Si no fuese posible realizar solo el evento presidencial, entonces los ciudadanos se decantan por la posibilidad de unificar los comicios presidenciales junto a las elecciones parlamentarias. La opción de realizar solo las elecciones parlamentarias es avalada por apenas 9,3% de los ciudadanos.
Evidentemente la autodefinición política condiciona significativamente el tipo de evento electoral que se aspira a que ocurra en 2020. Entre quienes se dicen chavistas 38% dice que solo deben realizarse comicios parlamentarios; mientras 28,9% coincide con la idea de que sean convocadas elecciones parlamentarias y presidenciales. Entre quienes se dicen chavistas apenas 20% se inclina por decir que es necesario que se convoquen presidenciales.
Entre los independientes la prioridad es diferente: El 45% pide elecciones presidenciales y parlamentarias en 2020, mientras 37% piensa que solo deben convocarse presidenciales. Apenas 4,5% de los independientes creen que la prioridad es la realización de comicios parlamentarios.
En el caso de los opositores la postura es mucho más clara: El 53% pide presidenciales, mientras 38,8% piensa que las presidenciales deben convocarse junto a las parlamentarias.
Entre los opositores solo 4,3% dice que la prioridad es realizar parlamentarias.
Según el estudio de Datanálisis, 14% de los venezolanos se definen como chavistas en este momento; mientras 35% se califica como opositores, y 49,9% sostienen que son independientes.
El estudio de Datanálisis se efectuó entre el 1 y 7 de febrero de 2020. Se realizaron 800 entrevistas en hogares a personas naturales de sexo masculino y femenino mayores de 18 años de los estratos socieconómicos III, II. El estudio tiene un error muestral de +/- 3,46%.
@puzkas