“Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump (el Presidente de Estados Unidos), es por culpa de nosotros (…) Por eso me atrevo a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente que asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio a todas las estructuras del Poder Judicial”. Con estas palabras Nicolás Maduro pidió a la cuestionada instancia someter al sistema de administración de justicia venezolano a la que será su quinta reforma en 20 años.
La solicitud la hizo el ocupante del Palacio de Miraflores el pasado 31 de enero en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo organismo del Poder Judicial, a donde acudió para asistir al acto que marca el inicio formal de las actividades en los juzgados del país.
Pero más allá de pedir realizar una revisión profunda, Maduro no dio detalles de lo que pretende cambiar y porque cree que en esta ocasión sí se conseguirá lo que no se logró en los otros cuatro intentos anteriores: Una mejor justicia.
Para el ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray; y para el catedrático de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Herrera Orellana, la propuesta es simplemente una excusa para purgar nuevamente a los tribunales y a la Fiscalía, para así asegurarse su control total.
“No ha habido ningún esfuerzo serio de reforma, todo es una farsa. Chávez tenía claro que sí quería el poder absoluto debía tener un Poder Judicial y una Fiscalía sumisa, y lo logró”
Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público
“Esto no es una reforma judicial es una payasada que busca quitarle el poder a Maikel Moreno”, afirmó Mundaray, quien considera que los sucesos del pasado 30 de abril, en los que un grupo de militares trató de poner en marcha una sublevación, la cual terminó con escaramuzas en la Base Aérea de La Carlota y con agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) liberando al ex precadidato presidencial Leopoldo López de su arresto domiciliario, provocaron este movimiento.
“Maduro sabe que lo se pretendía el 30 de abril partía de una sentencia (del TSJ) que le restituía los poderes a la Asamblea Nacional y por ello debe acabar con ese riesgo (…) Cuando la tiranía del chavismo ha visto alguna amenaza en el Poder Judicial, inmediatamente plantea una reforma para cambiar al estamento. Esto ocurrió luego de la sentencia que absolvió a los generales y almirantes implicados en los sucesos del 11 de abril de 2002, tras ese fallo que (el fallecido Hugo) Chávez calificó de ‘plasta’, se planteó una reforma para sacar a los magistrados que respaldaron ese fallo y sustituirlos por incondicionales. Ahora se busca enviar un mensaje a los jueces diciendo que Maikel Moreno ya no controla el Poder Judicial”, prosiguió la otrora mano derecha de la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz.
Tras los sucesos, desde el Gobierno de Estados Unidos se aseguró que Moreno y también el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, habrían acordado abrir los cauces para desplazar a Maduro del poder.
Por su parte, Orellana no cree que valga la pena analizar el planteamiento. ¿La razón? “La propuesta proviene de una estructura que no es un Gobierno sino una estructura criminal liderada por quien detenta el cargo de Presidente de la República y por lo tanto carece de valor desde el punto de vista jurídico, institucional y democrático. Pero además pretende que esa propuesta la lleve a cabo una instancia aún más ilegítima que quien la plantea: La mal llamada Asamblea Nacional Constituyente”.
Haciendo memoria
Desde 1999 la justicia venezolana ha vivido al menos cuatro grandes sacudidas. La primera ocurrió a los meses de que Chávez llegó al Palacio de Miraflores y se dio bajo el amparo del proceso constituyente que impulsó. Así la primera Constituyente chavista decretó la llamada Emergencia Judicial, que lideró el también desaparecido Manuel Quijada y durante la cual unos 491 jueces fueron destituidos, bajo acusaciones que iban desde enriquecimiento ilícito a baja productividad.
Para organizaciones como Acceso a la Justicia esta purga abrió las puertas a la cooptación de la justicia y a la actual sumisión de los tribunales al Gobierno. Tesis que es refrendada por Mundaray, quien recordó que “cientos de jueces fueron despedidos y reemplazados por abogados afectos al chavismo”.
En mayo de 2001 el TSJ decretó una reforma judicial y cuatro años después se dio una tercera sacudida, la cual coincidió con la cuestionada ampliación del TSJ que el chavismo impulsó al aprobar la Ley Orgánica del TSJ de 2004, en la cual se aumentó de 20 a 32 el número de miembros del máximo juzgado. En esta ocasión unos 600 jueces provisorios fueron removidos, bajo el alegato de que estaban incursos en irregularidades o no probaron ser eficientes en sus funciones. No obstante, este proceso al menos consiguió uno de sus objetivos: Reducir la provisionalidad, pues en doce meses 1.140 árbitros superaron los concursos y se hicieron con un juzgado de manera oficial, según cifras del TSJ.
“Las reformas judiciales en sociedades democráticas las impulsa el propio Poder Judicial”
Luis Herrera Orellana, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la UCAB
Sin embargo, lo avanzado duraría poco y cinco años después, bajo la Presidencia de Luisa Estella Morales el máximo juzgado anunció otra “reestructuración integral del Poder Judicial” para combatir “a fondo la corrupción, la inseguridad y la impunidad”. El saldo de esta nueva revisión fue la salida de decenas de jueces que habían ganado su titularidad y por lo tanto no podían ser destituidos de un momento a otro por el TSJ.
“Se limitaron a ofrecer cajitas felices a los jueces que pidieran jubilaciones especiales (tempranas) y así abrir espacio para nombrar a otros complaciendo peticiones de ministros, gobernadores, diputados y militares”, explicó Fernando Vegas Torrealba, quien para la época era magistrado de la Sala Electoral.
Sin interés
Pese a todas estas reformas y contrarreformas el servicio no ha mejorado y los problemas como la corrupción o el retardo procesal se mantienen intactos, lo cual explica por qué en el último sondeo de Datanálisis, publicado en febrero, seis de cada diez venezolanos valoran negativamente al TSJ y al Poder Judicial.
“No ha habido ningún esfuerzo serio de reforma, todo es una farsa. Chávez tenía claro que sí quería el poder absoluto debía tener un Poder Judicial y una Fiscalía sumisa, y lo logró”, apuntó Mundaray.
Un detalle que no puede perderse de vista es que de los 32 magistrados que integran en la actualidad el máximo juzgado, nueve han sido ministros, diputados, embajadores o son familiares de altos funcionarios del Gobierno.
“Las reformas judiciales en sociedades democráticas las impulsa el propio Poder Judicial”, remató Orellana.