Al hacer el diagnóstico de la naturaleza política del régimen de Nicolás Maduro, resulta bastante sencillo coincidir en su naturaleza no-democrática o autoritaria. Sin embargo, lo que resulta importante determinar es si ese autoritarismo es compatible con cierto grado de libertades electorales, a los fines de poder determinar cuál es el rol que las elecciones podrían tener dentro del proceso de transición en Venezuela.
I
La distinción entre regímenes autoritarios y regímenes democráticos se ha difuminado con el surgimiento de regímenes híbridos. Tal es el caso de lo que Steven Levitsky y Lucan Way denominan “autoritarismos competitivos”. Esto es, regímenes políticos que no se sujetan al Estado de derecho, pero que admiten cierto grado de libertad política a la oposición, mediante la organización de elecciones más o menos competitivas, reconociendo así cierto ámbito de acción política a la oposición.
En este tipo de autoritarismos, por ello, las elecciones pueden promover un proceso de democratización, o sea, de debilitamiento del autoritarismo. Ello requiere la existencia de condiciones mínimas o básicas de integridad electoral, que permitan organizar elecciones más o menos libres, pese al talante autoritario del Gobierno.
“El primer reto en Venezuela es rescatar el carácter competitivo del sistema electoral, para poder celebrar la elección presidencial que resuelva la crisis derivada del evento del 20 de mayo de 2018”
Junto a estos regímenes híbridos, existen también los autoritarismos no-competitivos, que son aquellos en los cuales no hay espacios de acción política para la oposición. Levitsky y Way identifican tres elementos claves para distinguir a los autoritarismos no-competitivos: 1. Los principales candidatos son formalmente excluidos de las elecciones; 2. La represión y los controles legales previenen efectivamente a la oposición de participar en elecciones; y 3. El fraude es tan masivo que no hay evidencias sobre la relación entre las preferencias y los resultados electorales.
II
Por mucho tiempo Venezuela fue considerada un autoritarismo competitivo, incluso, luego de la cuestionada elección presidencial de 2013. Por ello, y a pesar del deterioro del Estado de derecho, la oposición pudo organizarse para participar en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, lo que le permitió ganar las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN).
La elección del 2015 fue competitiva, en tanto la oposición pudo organizarse y participar bajo ciertas condiciones de integridad electoral que, a pesar de las deficiencias existentes, permitieron niveles razonables de competencia electoral.
La reacción del régimen de Maduro frente a esa elección fue desmantelar los frágiles elementos de competitividad electoral que hasta entonces se habían mantenido. En efecto, Nicolás Maduro desconoció los resultados de la elección de diciembre de 2015 a través de decenas de sentencias que impidieron a la Asamblea Nacional el ejercicio de sus atribuciones y avalaron inconstitucionales procesos penales en contra de los diputados. Luego, con la elección de la fraudulenta e ilegítima asamblea nacional constituyente, el régimen de Maduro avanzó en la destrucción de las condiciones de integridad electoral, como quedó en evidencia en las elecciones regionales de 2017, pero muy en especial, en el fraude cometido el 20 de mayo de 2018, cuando se simuló una elección presidencial. Un signo distintivo del desmantelamiento de los frágiles elementos de competitividad electoral fueron las ilegítimas inhabilitaciones a partidos y líderes políticos.
“Con la elección de la fraudulenta e ilegítima asamblea nacional constituyente, el régimen de Maduro avanzó en la destrucción de las condiciones de integridad electoral”
A las resultas de todo lo anterior, el autoritarismo competitivo de Venezuela degeneró en un autoritarismo no-competitivo. En efecto, retomando los tres criterios ya señalados de Levitsky y Way, cabe observar que: 1. Los principales candidatos y partidos políticos han sido formalmente excluidos de las elecciones, y muchos de ellos perseguidos políticamente; 2. El régimen de Maduro ha reprimido a la oposición, muy en especial a los diputados de la Asamblea Nacional y al Presidente encargado Juan Guaidó, como quedó en evidencia en el asalto al Palacio Federal Legislativo; y 3. Como pudo comprobarse entre 2017 y 2018, el fraude es tan masivo que no hay evidencias sobre la relación entre las preferencias y los resultados electorales.
El evento del 20 de mayo de 2018 fue no-competitivo, pues en medio de la persecución y represión a la disidencia, sólo pudieron participar los candidatos indirectamente escogidos por el régimen de Maduro. De allí precisamente la ineficacia jurídica de ese evento y su desconocimiento en Venezuela y en la comunidad internacional.
III
¿Qué consecuencias tiene que Venezuela sea un autoritarismo no-competitivo? En ausencia de canales institucionales que permitan el ejercicio de los derechos políticos con cierto grado de competencia, las elecciones resultan en procesos no-competitivos que, como tal, no expresan la voluntad del electorado ni permiten la libre elección de gobernantes. En el plano jurídico, las elecciones no-competitivas resultan ineficaces tanto en Venezuela como en el Derecho Internacional.
Es por lo anterior que, actualmente, en Venezuela sólo puede haber elecciones no-competitivas. Por ello, el propio Steve Levitsky, en entrevista a Prodavinci realizada en 2018, afirmó que “en las actuales condiciones, cuando la oposición venezolana está impedida de participar políticamente, y cuando no hay ninguna vía electoral o institucional disponible, debe pensarse en mecanismos no-electorales para lograr ese cambio”.
“Un signo distintivo del desmantelamiento de los frágiles elementos de competitividad electoral fueron las ilegítimas inhabilitaciones a partidos y líderes políticos tras las elecciones parlamentarias de 2015”
Hay antecedentes que demuestran que, en regímenes autoritarios, las elecciones pueden promover cambios políticos de manera directa -como sucedió en Chile con el referendo en contra de Pinochet- o de manera indirecta -como sucedió recientemente en Bolivia-, en el cual las denuncias de fraude llevaron al colapso del régimen de Morales. Pero igualmente, como recuerdan expertos como Lindeberg, las elecciones pueden consolidar el control de los regímenes autoritarios. Tal es el caso, precisamente, de los regímenes no-competitivos como Venezuela.
IV
Este diagnóstico permite concluir que el primer reto en Venezuela es rescatar el carácter competitivo del sistema electoral, para poder celebrar la elección presidencial que resuelva la crisis derivada del evento del 20 de mayo de 2018. No se pretende con ello rescatar condiciones perfectas de integridad electoral, pues ello exige una paulatina y compleja transición hacia la democracia constitucional que no puede alcanzarse en el corto plazo. El objetivo es más modesto: Rescatar condiciones mínimas o básicas de integridad electoral que, a pesar de sus imperfecciones, permitan celebrar la elección presidencial en condiciones competitivas.
A pesar de tratarse de un objetivo modesto, el rescate de estas condiciones mínimas de integridad electoral requiere complejas reformas. En efecto, el único problema a resolver en Venezuela no es promover una transición del autoritarismo de Maduro a la democracia constitucional. Junto a ello, es preciso atender también las consecuencias del colapso del Estado venezolano cuyas debilitadas estructuras han sido cooptadas por el crimen organizado y que ha desatado la Emergencia Humanitaria Compleja. En resumen, rescatar las condiciones mínimas de integridad electoral precisa de un conjunto de reformas básicas pero integrales, que atendiendo a todo el ciclo electoral, permitan celebrar elecciones presidenciales razonablemente libres, justas y transparentes. En un próximo artículo comentaremos estas reformas básicas e integrales.
*Procurador Especial de la República designado por la Asamblea Nacional.