“Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón”
Francisco de Quevedo
Si hay alguien que tiene sobre sus hombros la responsabilidad del sostenimiento de las libertades públicas, y la preservación de los valores democráticos dentro de una sociedad, es el Juez.
Dentro de cualquier conglomerado social, siempre es factible que haya grupos que pretendan imponer cierta hegemonía sobre el resto, con lo que se genera un desequilibrio en el ejercicio pleno de los derechos por parte de los ciudadanos. Pero el mayor peligro a la libertad no se encuentra en los desequilibrios propios de los conflictos entre ciudadanos, pues al final ambos pueden ser percibidos como iguales, lo realmente destructivo de cualquier orden es la ausencia de freno al autoritarismo que proviene desde las instancias del poder estatal.
Es muy humana la tendencia a abusar o extralimitarse en el ejercicio del poder. Por ello, desde mi perspectiva, uno de los mayores logros de la humanidad es la posibilidad de limitar el ejercicio ilegal o desmedido del poder, mediante el control jurisdiccional de sus actos. Si quien ejerce el poder se extralimita o abusa del mismo causándome un gravamen a mi o al resto de la sociedad, puedo pedir a un juez que anule, corrija o limite a ese poder, y lo coloque nuevamente dentro del marco de la legalidad. No poder ejercer esta posibilidad (como ocurre en nuestro país), es la puerta de entrada al autoritarismo y por ende a la violación de los Derechos Humanos de la población.
Quien pone freno a cualquier pretensión autoritaria es el juez. Una sociedad sin jueces es por tanto una sociedad a la deriva, en la que los ciudadanos no pueden contrariar los designios del poder, y este avanza sin control hasta convertir a los ciudadanos en súbditos. El Estado por tanto decide todo por estos y, bajo esta premisa, la gente deja de tener las riendas de su propio destino, dejan de ser ciudadanos, y se transforman en esa masa sin derechos que algunos llaman “pueblo”.
Juez no es cualquier sujeto que detente el cargo por designación de la autoridad competente, de hecho en el caso venezolano, con honrosas excepciones, quienes ocupan los tribunales no pueden llamarse jueces. El juez es un individuo al que idealizamos como la encarnación de muchas virtudes, es quien tiene que ser capaz de establecer los equilibrios necesarios para la convivencia cívica de la población, y para lograr la regulación de las interacciones entre el poder y los ciudadanos.
El juez, debe ser por tanto independiente de cualquier presión externa que genere incidencia sobre sus decisiones, eso se traduce en imparcialidad. Debe ser íntegro y poseedor de una formación profesional profunda, de ahí que cada decisión debe ser fundada en derecho y razón, de modo que cualquier persona pueda comprender cuáles fueron las motivaciones y operaciones del intelecto, que le condujeron a tomar una determinación. El juez debe ser además diligente, pues el respeto por los lapsos y el tiempo de los demás se traduce en eficiencia en el ejercicio de la función; debe además ser valiente, para enfrentar los intereses y ataques de los que puede ser víctima una vez tome una decisión. Agregaría que ha de tener vocación histórica, ya que ha de comprender la trascendencia de sus decisiones, como instrumento de defensa de la democracia y las libertades civiles.
En parte, la debacle de nuestro país pasa por haber acabado con la mayoría de los jueces, quienes fueron sustituidos por operadores políticos chavistas incapaces de defender a los ciudadanos del ejercicio brutal del poder, sino por el contrario, alentando con sus decisiones el avance dictatorial. El mismo Chávez lo tenía claro, entre sus primeras medidas estuvo la instauración de una comisión de reestructuración del Poder Judicial, que de un plumazo removió a cientos de jueces de carrera, quienes fueron de inmediato sustituidos por individuos sumisos llamados a cumplir un rol político. En nuestro país todo acto autoritario tiene su respaldo en alguna sentencia. Nunca más el ciudadano pudo enfrentar al Estado, y nacieron grupos de poder que utilizaron el sistema para sus propios intereses.
Los jueces que necesitaremos para la reconstrucción del país aún están en formación. No sólo deben ser los más conocedores del derecho, sino además los más impregnados de valores como la honestidad y trasparencia. Debemos ir a las universidades y captar a los mejores estudiantes para proponerles que sean los jueces del mañana, que se formen en función de la reconstrucción democrática. Es tarea pendiente, con la mayoría de los que ocupan estos puestos hoy, no es posible avanzar hacia el verdadero Estado de Derecho y Justicia que todos aspiramos.