El 6 de diciembre de 2015 la oposición venezolana conseguía su victoria electoral más aplastante frente al chavismo en casi tres lustros, al hacerse con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional (AN). Sin embargo, el oficialismo no se quedó con esa derrota y buscó vías para anularla y así, al filo de la Nochebuena de ese año, en el Parlamento que aún controlaba remodeló el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Las designaciones de los 13 magistrados principales y 20 suplentes provocaron duros cuestionamientos dentro y fuera del país, porque fueron vistos como un movimiento para neutralizar al nuevo Poder Legislativo. En primer lugar, porque carecían de sustento los argumentos de que los nombramientos se debían a las vacantes existentes en el máximo juzgado, pues en realidad no había 13 vacantes principales sino una. “Nos forzaron a jubilarnos”, confesó meses después la ex miembro de la Sala Social, Carmen Elvigia Porras, ante una comisión parlamentaria, quien al momento de retirarse aún le restaba un año de mandato.
Y, en segundo término, porque el procedimiento estuvo plagado de irregularidades, entre ellos que los lapsos para revisar las credenciales de los candidatos no se cumplieron y la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no avaló la lista definitiva.
Las sospechas de que esta jugada solamente iba dirigida a bloquear a la nueva AN se confirmaron apenas unos días después cuando la nueva Sala Electoral, ahora integrada por un ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Christian Zerpa, y por una ex directiva del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Fanny Cordero, impidió a los diputados por el estado Amazonas tomar sus cargos, alegando supuestas irregularidades en su elección; y con ello arrebató a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la mayoría calificada necesaria para designar altas autoridades del Estado o para reformar la Constitución.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Venezuela, publicado en 2018, acusó al TSJ de desmantelar la democracia con sus actuaciones contra el Parlamento”
A partir de allí, el máximo juzgado en sus salas Constitucional y Electoral ha dictado 110 fallos más contra el Parlamento, según el registro elaborado por Transparencia Venezuela, los cuales no solamente han ido dirigidos a anular leyes, arrebatarle funciones como la aprobación del presupuesto nacional o impedirle ejercer otras como las sanciones a miembros del Gobierno, sino también a permitir la persecución y encarcelamiento de una veintena de sus miembros.
“Los magistrados exprés son empleados del Gobierno y están allí para servirle a él”, afirmó el magistrado emérito Fernando Vegas Torrealba, uno de los 12 que fueron forzados a retirarse anticipadamente en 2015.
Más rojo que nunca
Cuando a finales de 2015 el Parlamento aún controlado por el chavismo decidió reactivar el Comité de Postulaciones Judiciales para escoger magistrados en el TSJ no daban crédito a esta decisión, porque al grupo más cercano a vencérsele su mandato de doce años aún le quedaban más de un año; y además porque todos ellos eran cercanos a las tesis del oficialismo.
¿Por qué entonces se les obligó a retirarse, según la palabra de algunos de ellos? “Porque aunque eran chavistas trataban de cuidar las formas y se sabía que el mantenimiento del poder pasaba necesariamente por arrasar con cualquier mecanismo de control (…) Hugo Chávez era un autoritario al que le preocupaba que el mundo lo viera como un dictador, en cambio Nicolás Maduro se jacta de serlo. Estamos en una fase terminal donde cualquier cosa que se requiera para mantenerme en el poder debe ser avalado”, razonó el ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien no dudó en aseverar que el TSJ se ha convertido en un “cáncer” para el Estado que acabó con la forma republicana al dar luz verde a todas las decisiones del inquilino de Miraflores.
En similares términos se pronunció la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, quien aseveró que con los magistrados exprés el Gobierno consiguió “tener a la justicia cada vez más sometida a sus designios y poder aplicar terrorismo judicial contra sus oponentes”.
Un apestado y mal ejemplo
Por su comportamiento en estos cuatro años el TSJ ha tenido que pagar un alto precio y soportar duras críticas. Así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe sobre Venezuela, publicado en 2018, acusó al organismo de desmantelar la democracia con sus actuaciones contra el Parlamento.
Aunque antes el máximo juzgado ya no gozaba de buena imagen en el exterior, tal y como lo prueban los cuatro fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó contra él entre 2007 y 2011; o los cuestionamientos que recibió en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, jamás había sido señalado de alertar una dictadura y en consecuencia sus miembros habían sido objeto de sanciones. En la actualidad, 29 de los 32 magistrados tienen prohibido entrar a Estados Unidos y sus bienes están congelados; y los integrantes de las salas Constitucional y Electoral han sido sancionados además por la Unión Europea (UE), Colombia, Perú, Panamá y Canadá.
“Los magistrados exprés son empleados del Gobierno y están allí para servirle a él”, afirmó el magistrado emérito Fernando Vegas Torrealba
Pero Mundaray cree que el daño hecho por el TSJ aún es más profundo. “Este TSJ ha permitido la cartelización de la justicia. Cada magistrado hoy tiene una cuota de poder que le permite la designación de jueces superiores, de instancia y de municipio; y por ello ahora todo está tarifado. Los abogados se han convertido en meros tramitadores. Ya no hay ningún debate jurídico, sino una rebatiña. La situación es tan grave que hasta los defensores públicos están cobrando por servir de intermediarios ante los jueces para conseguir que se fijen las audiencias o se den los traslados de presos”, relató.
Esta versión fue corroborada por el magistrado jubilado Vegas Torrealba, quien afirmó: “La mayoría de los magistrados exprés tienen poca preparación, no son juristas, pero les gusta hacer negocios con las causas que conocen”. En estos cuatro años no se han tomado medidas para resolver problemas como la corrupción o la provisionalidad de los jueces (66% de estos funcionarios no son titulares y pueden ser removidos en cualquier momento por el TSJ sin proceso alguno), pero además han comenzado a presentarse otros no vistos en al menos dos décadas como la carencia de insumos (papel, computadoras, etc.) para poder realizar su labor.