En vista de la caída del precio del petróleo a nivel internacional y el desplome de la producción nacional de crudo por la falta de inversión, en 2016 Nicolás Maduro propuso el inicio de la Agenda Económica Bolivariana para impulsar otras áreas de desarrollo en Venezuela. Fue así como se firmó, vía decreto, el proyecto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.
La región donde se implementa este ambicioso proyecto ocupa 111.846,86 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12% del territorio nacional. Es una extensión mucho más grande que países como Holanda, Suiza y Panamá. Su ubicación exacta está entre los estados Bolívar y Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, en el sur del país. Este espacio cuenta con 16 comunidades indígenas y, de acuerdo con los inventarios biológicos locales, posee un hábitat natural de 850 especies de aves, 257 de mamíferos, 205 de anfibios y 204 de reptiles.
Las operaciones extractivistas que se han adelantado son desarrolladas por empresas nacionales e internacionales. De acuerdo con el viceministro de Exploración e Inversión Ecominera de Maduro, Víctor Cano, el 55% de las operaciones son desarrolladas por empresas de capital nacional y el 45% por empresas extranjeras. No obstante, el talón de Aquiles de este sector de la economía venezolana no está en los operadores comerciales, sino en las mafias que hoy se erigen como los principales dueños de la extracción.
Las dos caras de un mismo discurso
En el marco de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP25) realizada en Madrid, que inicialmente se desarrollaría en Chile y que debió mover su sede por la ola de protestas que enfrenta el gobierno de Sebastián Piñera; convocó a diversos líderes del mundo con el objetivo de reforzar los compromisos con la mitigación de gases de efecto invernadero que hoy perjudican la temperatura del planeta.
El gobierno de Nicolás Maduro envió a una delegación encabezada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien declaró en la inauguración de la Cumbre que “ya no hay tiempo, estamos al borde de una catástrofe climática”. Venezuela ha ratificado en las últimas conferencias su compromiso con la lucha por la preservación del planeta, incluso dentro del “Plan de la Patria” chavista esta premisa conforma uno de los cinco objetivos estratégicos. No obstante, las instituciones del país no han implementado políticas acordes con este desafío, los proyectos del Ministerio del Ambiente sobre energía renovable presentan lentitud en su ejecución y opacidad de información.
“Bajo el amparo gubernamental destruyen la naturaleza a zarpazos, mientras unos pocos son los que realmente se enriquecen de la extracción”
Por su parte, los representantes diplomáticos designados por la Asamblea Nacional, Antonio Ecarri, Embajador de Venezuela en España e Isadora Zubillaga, Embajadora de Francia y Comisionada presidencial adjunta para las Relaciones Exteriores, alzaron su voz en la COP25 Madrid 2019 para dar a conocer la grave situación que representa el Arco Minero del Orinoco, además del impacto a las poblaciones de la Amazonía venezolana.
Pero lo que más preocupa no es este aspecto en el caso venezolano. Desde el 2017, la Asamblea Nacional (AN) y diversos expertos en temas de ambiente han señalado que en el Arco Minero del Orinoco ocurre un ecocidio. La extracción de forma masiva de minerales como bauxita, coltán, diamantes, hierro y especialmente oro ha generado contaminación de los ríos, pérdida del subsuelo, desforestación, enfermedades como la Malaria y lo que es peor, la proliferación de grupos armados al margen de la Ley.
¿Sabías que el Arco Minero se desarrolló dentro de la Reserva Forestal Imataca?
Ya en 2011, el ex presidente Hugo Chávez tomó la batuta para impulsar el proyecto del Arco Minero del Orinoco. Aunque el verdadero origen de la delimitación de una zona exclusiva para la explotación minera formal y comercial, ya había sido discutida en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Y antes como ahora, la opinión pública tuvo su protagonismo en rechazarlo, ya que el nuevo decreto involucraba la Reserva Forestal Imataca, un área de bosques delimitada y protegida desde la década de los ‘60.
Entonces el gobierno de Chávez tomó aquel decreto de desregularización de esa reserva forestal y le dio el ejecútese, permitiendo la violación oficial de la mayor reserva forestal del lado norte de la Amazonía del Continente, y que se encuentra en territorio venezolano.
Hoy ante la mirada desconcertada de ambientalistas, poblaciones indígenas y medios especializados, el oro no es todo lo que brilla en el Arco Minero. Le hacen competencia el coltán, diamantes, hierro, níquel, bauxita, una tierra prodigiosa de riquezas minerales ocultas tras la extensión más grande de bosques del país.
Lo que fue por años la extracción de pequeños grupos que explotaban la minería informal, hoy se extiende por cientos de hectáreas de la mano de empresas nacionales, internacionales y grupos irregulares. Todos, bajo el amparo gubernamental, destruyen la naturaleza a zarpazos mientras unos pocos son los que realmente se enriquecen de la extracción.
Grupos narcoterroristas y mafias delictivas son los que mandan
Según la firma Insight Crime, el ELN y los disidentes de las FARC son dos de los principales operadores dentro del Arco Minero. La extracción del oro ha modificado las estructuras financieras de ambos grupos, los cuales se han beneficiado del amparo de la Fuerza Armada venezolana para desarrollar un corredor con el fin de contrabandear oro a países vecinos. Una de las investigaciones de Insight Crime sostiene que hoy el 60% del financiamiento del ELN viene de la minería ilegal en Venezuela, y en el caso de los disientes de la FARC es el 50%.
Dentro de este lucrativo negocio los guerrilleros colombianos no están solos. El diputado por el Estado Bolívar, Américo De Grazia, denunció en el 2017 que bandas delictivas (pranato) son los jefes de las minas. Los pranes que son el origen de la palabra pranato se refieren al máximo exponente de la criminalidad dentro de las cárceles venezolanas. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), asegura que los pranes se han expandido y consolidado a lo largo de los casi 112.000 kilómetros cuadrados del estado Bolívar.
La presencia de estos grupos armados ha propiciado enfrentamientos constantes por el control de las minas, donde no sólo han caído abatidos miembros de estas organizaciones delictivas, sino también funcionarios de la Fuerza Armada e indígenas.
Crimen ecológico
Los críticos del proyecto del Arco Minero sostienen que su impacto es letal sobre la naturaleza. La primera consecuencia que salta a la vista es la deforestación. Un estudio denominado La Amazonía Saqueada, con información de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), indicó que Venezuela posee 1.899 puntos de minería no autorizados, donde se extrae oro, diamantes y coltán. La directora de la Sociedad Venezolana de Ecología, Vilisa Morón, explicó cómo se desarrolla la deforestación dentro de la minería ilegal: “Se deforesta para que acampen los mineros, se quitan los árboles en el borde de los ríos por el tipo de extracción. Se arrasan entre 2 y 10 hectáreas por punto minero”.
En 2018, la ONG venezolana Provita, que ha estudiado la biodiversidad de Venezuela durante más de 30 años, anunció que 5.266 kilómetros cuadrados de vegetación fueron devastados en la Amazonía venezolana entre los años 2000 y 2015, en gran parte para dar paso a operaciones mineras.
“En una tierra prodigiosa de riquezas minerales ocultas tras la extensión más grande de bosques del país, se desarrolla el Arco Minero”
Asimismo, los ríos también son afectados por la extracción. La actividad genera el arrastre de desechos a las cuencas y esto produce, de acuerdo con expertos en el tema, un impacto sobre 1.200 especies de peces que habitan en esta zona.
El mercurio es el elemento químico utilizado durante la actividad minera y tiene un impacto severo sobre los ríos y los suelos. De acuerdo con Alfonso Rodríguez, experto ambiental e investigador, “el agua a presión es la forma más agresiva que utilizan los mineros para degradar el suelo. Luego, cuando la tierra está diluida le añaden mercurio, un químico letal para el ambiente y la salud, para separar la tierra del metal y extraer el oro. El mercurio es un elemento que termina en los ríos; incluso llega hasta la isla de Trinidad y Tobago. Todo esto es una contaminación total del agua”.
El río Orinoco hoy es el principal afectado por la extracción de oro que se vive en el Arco Minero. Esta cuenca es la tercera más grande de toda Sudamérica, cubre 990.000 kilómetros cuadrados, atraviesa horizontalmente el sur de Venezuela y llega hasta Colombia.
Brote de enfermedades y trata de personas
Los bosques deforestados, la utilización del mercurio y los fosos de agua estancada en el Arco Minero han desatado brotes significativos de una enfermedad que Venezuela ya la tanía superada. La Malaria está azotando a las poblaciones que habitan en esta región, especialmente a los pueblos indígenas.
Una investigación realizada por la ONG local Kapé Kapé evidenció que la Malaria causó el 21% las muertes en el estado Amazonas y el 25% en el estado Bolívar durante el 2018. La inversión en el sistema de salud para atender esta enfermedad es insuficiente; por lo que los pacientes están emigrando a países fronterizos como Brasil y Colombia en busca de tratamientos. En este sentido, el Ministerio de Salud de Brasil emitió un comunicado donde destacó que dentro del país existen 2.119 casos de Malaria con procedencia del exterior, de los cuales 1.370 eran provenientes de Venezuela.
“El Arco Minero en una tragedia ambiental y política desde cualquier punto de vista, cuyo impacto ya sobrepasó las fronteras venezolanas”
Sin embargo, la Malaria o Paludismo no es la única incidencia sobre la población. Sofisticadas redes de trata de blancas están operando en la localidad con total libertad. Testimonios de los propios habitantes revelan cómo mujeres y adolescentes son llevadas a las minas para vender su cuerpo a cambio de oro.
Según el informe “Mujeres al Límite 2019”, las niñas y adolescente de comunidades indígenas son vendidas o abusadas por los hombres que trabajan la minería ilegal en el estado Bolívar. La ONG que realizó el estudio denunció que en vista de que los mineros no pueden abandonar sus sitios de trabajo, ya que los tienen en disputa con otros grupos, las féminas son llevadas para que se encarguen de las labores domésticas y favores sexuales.
Las razones esbozadas anteriormente convierten al Arco Minero en una tragedia ambiental y política desde cualquier punto de vista, cuyo impacto ya sobrepasó las fronteras venezolanas. Hoy el mundo debe poner sus ojos frente a esta problemática, cruzarse de brazos o mirar para otro lado sólo empeorará el alcance de este ecocidio.