El general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, Francisco Martínez, ha sido testigo en primera fila de la protección a organizaciones narcoterroristas, sabe que las conexiones existen y ha visto de cerca lo que eso implica. Hoy -desde su condición de retiro- no siente culpa de la proliferación del ELN en territorio venezolano, pues a su juicio sólo cumplía órdenes.
La divulgación de un video, que se presume fue grabado en Venezuela, donde dos líderes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron su reincorporación a la lucha armada revivió la tensión entre Bogotá y Caracas. Una tensión de más de una década debido a la complicidad entre la llamada revolución bolivariana, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El gobierno de Iván Duque acusa al régimen de Nicolás Maduro de brindar protección y financiamiento a organizaciones narcoterroristas, que buscan desestabilizar el territorio colombiano. Pero ya en 2008 el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, mostró pruebas en ese sentido que fueron obtenidas del computador del líder guerrillero Raúl Reyes Reyes.
El general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Francisco Martínez, ha sido testigo en primera fila de esta relación. Sabe que las conexiones existen y ha visto de cerca lo que eso implica.
La trayectoria
Como militar activo, Martínez había estado a cargo del destacamento 342 de la región metropolitana en Caracas y del 444 del estado Miranda. Era reconocido entre sus compañeros como un hombre de lealtad probada, compromiso militar y estudios permanentes en el campo de la defensa territorial. En su historial reposaba haber desmantelado una red de contrabandistas y acaparadores, sumado a un golpe certero a una banda de secuestradores de los Altos Mirandinos.
“El ELN ya no necesita intimidar a la población con armas, ahora maneja recursos del Estado que utiliza con fines clientelistas”, afirma el general Martínez
Luego, desde el 14 de mayo de 2011 al 25 de junio del 2013, estuvo a cargo del destacamento 351 de San Fernando de Apure. Al frente de estas responsabilidades debía controlar el contrabando de combustible, garantizar el orden y la seguridad local, así como combatir el “bachaqueo”. Martínez es padre de dos hijos, Manuel y Gonzalo, está casado con María Lourdes de Freitas, una apureña de nacimiento que lo acompañó decididamente durante su gestión en esa entidad.
Con apenas dos semanas de asumir el cargo en San Fernando, recibió noticias de sus subordinados sobre el establecimiento de campamentos irregulares al sur de la entidad. Lo primero que interpretó es que se trataba de algún despliegue de fuerza ordenado por el Ministerio de Defensa para ejercer soberanía. “Mi general, en esos campamentos que se están levantando lo que menos parecen es militares, la gran mayoría tiene escudos, hablan en códigos indescifrables y tienen un acento bastante desconocido”, fueron las palabras de uno de los tenientes que estaba bajo las órdenes de Martínez.
El general confiesa que en primera instancia le restó importancia al hecho, hasta que recibió una llamada de uno de sus superiores. En una conversación de más de dos horas, Martínez le dijo a su mayor general que el orden y la seguridad estaban garantizados en la zona, y que los planes estaban siendo coordinados con la policía. No obstante, su superior le dijo que la llamada no era para una rendición de cuentas, sino para bajarle línea. “Durante los próximos meses se van a establecer grupos rojos en varios sectores del estado, necesitamos que le des todo el apoyo logístico y de seguridad para que puedan sentirse cómodos. Ellos estarán ubicados en campamentos…”.
Inquilinos con anuencia
Los grupos rojos serían desde ese momento los nuevos inquilinos que empezarían a entorpecer su trabajo.
En septiembre de 2011 comenzaron a registrarse denuncias masivas en los órganos policiales por parte de ganaderos, a quienes se les pedía “una colaboración” con un comando de seguridad que buscaba garantizar la productividad de sus campos. Los empresarios afirmaban que era un cobro de vacuna. La policía, por su parte, le achacaba el hecho a una banda de secuestradores que operaba en 7 municipios de la localidad. Con los días la denuncia caló en los medios locales y ya se hablaba de extorsión a los ganaderos. Parcialmente se adjudicaban los hechos al establecimiento de una guerrilla colombiana en suelo apureño.
Martínez empezó a recibir presión de la sociedad y los medios de comunicación pedían entrevistas que él no concedía. Mientras tanto, desde los campamentos se le pedía resguardo militar para quienes entrenaban con armas largas, pañuelos rojos en la cara, brazalete en los brazos, uniforme militar y consignas ideológicas sobre la lucha popular para cambiar el orden económico del vecino país.
“De Apure salían más de 25 gandolas semanales con combustible y carne con destino a la frontera con Colombia”
En la prensa florecían denuncias sobre linchamientos a delincuentes por parte de la guerrilla, los insurgentes vendían la teoría de guerra en favor del pueblo. La radio gozaba de una amplia audiencia en Apure, por eso entre los planes de la guerrilla se encontraba el establecimiento de estaciones radiofónicas para dar a conocer sus labores de defensa popular.
En el estado Apure abundaban las gandolas de alimentos y combustible. Martínez debía darles la bendición y permitir que circularan sin mucho monitoreo ni revisión de papeles. Los camiones llenos de combustible no necesitaban hoja de ruta, requisito que sí era indispensable -por ejemplo- para los de Empresas Polar.
La advertencia
Una mañana, mientras Francisco Martínez desayunaba en una lonchería, fue abordado por dos hombros con bigotes, pelo corto y cuerpos robustos. “Mi general, qué bueno verlo por estos lados. Sé que le gusta la empanada de carne mechada al igual que a su hijo Manuel, me lo saluda”, las breves palabras llegaron directo al corazón de Martínez.
Los desconocidos venían del ELN. Sus redes se habían extendido a todo el estado, donde 60% de los ganaderos ya les pagaban “impuestos”. De Apure salían más de 25 gandolas semanales con combustible y carne con destino a la frontera con Colombia. Y toda esta estructura ilegal se había tejido en las narices de un militar que se vanagloriaba de haberle dado golpes certeros al acaparamiento de alimentos.
Por miedo a represalias el general inició sus labores para ser trasladado. “Me sentía bastante expuesto, ya esta gente conocía a mi familia y a mis amigos. En ningún lugar me sentía seguro”, expresa quien llegó a tener la custodia de más de 100 funcionarios de la GNB.
Así, impulsó su salida. Habló con sus superiores sobre la necesidad de traslado, idea que fue acogida con beneplácito. Finalmente, dejó el cargo y también una bomba de tiempo para su sucesor.
Territorio tomado
Apure era una región donde 55% del territorio, de acuerdo con sus propias estimaciones, estaba tomado por la guerrilla y donde su expansión al estado Amazonas era un hecho. La promesa de seguridad hecha a sus generales se había esfumado. En ciertos municipios predominaban la violencia, el descuartizamiento y los secuestros a quienes se negaban a pagar vacuna. Un toque de queda informal.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, aseguró recientemente que 45% del ELN se encuentra operando desde Venezuela, con más de 1.000 hombres que tienen presencia en 12 de los 24 estados del país.
Asimismo, un reportaje de la consultora InSight Crime reveló que hasta 90% de la logística y el poder de lucha de esta guerrilla se encuentra en Apure. Este mismo informe detalla que el grupo armado obtiene vastos ingresos de actividades ilegales como el contrabando de alimentos subsidiados por el régimen de Maduro, el cobro de impuestos a ganaderos y a venezolanos que buscan cruzar hacia Colombia por las trochas, y el narcotráfico. No obstante, lo que pareciera haber transformado la estructura financiera del grupo subversivo sería el desarrollo de la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, que ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro.
La Fundación Redes (Fundaredes), denunció que en algunos municipios del estado Táchira, el ELN se encarga de la distribución de las cajas de alimentos CLAP y de la construcción de obras públicas, lo cual demuestra su penetración dentro de las estructuras del Estado venezolano. “El ELN ya no necesita intimidar a la población con armas, ahora maneja recursos del Estado que utiliza con fines clientelistas”, afirma el general Martínez, quien hoy -desde su condición de retiro- no siente culpa de la proliferación del ELN, pues a su juicio sólo cumplía órdenes.
La expansión de este grupo armado dentro de Venezuela pareciera haber tomado otra dinámica, pues su despliegue ya no sólo incomoda a Bogotá, sino que es visto como una amenaza latente para toda la región.