Han pasado 19 meses desde que la Fiscal del Tribunal de La Haya anunciara que realizaría un examen preliminar sobre el caso venezolano, y aún no ha ofrecido ningún balance.
“Desde el año 2016 he seguido de cerca las situaciones en Filipinas y en Venezuela (…) Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la Corte Penal Internacional, he decidido abrir un examen preliminar en cada una de estas situaciones”. Van 19 meses transcurridos desde que la fiscal del juzgado con sede en La Haya (Holanda), Fatou Bensouda, diera esta declaración y aún no ha revelado si considera que las denuncias por crímenes de lesa humanidad que ha recibido contra casi una docena de altos funcionarios venezolanos, comenzando por el propio Nicolás Maduro, cumplen los requisitos para terminar ante el Tribunal creado para castigar delitos de lesa humanidad.
La lentitud de Bensouda ha hecho que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien presentó la primera querella en noviembre de 2017, esté pensando en alternativas para conseguir sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de hechos como los casi 8.000 ajusticiamientos que documentó entre 2015 y mediados de 2017, así como por las miles de detenciones ilegales y arbitrarias ocurridas en el marco de las protestas que sacudieron al país hace dos años; y por las torturas que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) vienen realizando contra opositores.
“Si la Corte no actúa estoy pensando en presentar denuncias contra funcionarios venezolanos por violaciones a los Derechos Humanos ante la justicia de terceros países”, reveló la ahora disidente del chavismo, en alusión a la llamada justicia universal, en conversación telefónica.
¿Pero qué es la justicia universal? El magistrado español Alberto Jorge Barreiro, en un artículo, la definió como “un principio derivado del Derecho Internacional que, basado en un interés supranacional, posibilita a los tribunales internos ejercer en representación de la comunidad internacional la jurisdicción penal para el enjuiciamiento de determinados crímenes internacionales, con independencia de la nacionalidad de las víctimas y victimarios y del lugar en que se hayan cometido, con el fin de evitar la impunidad”.
La justicia universal se aplicó por primera vez en 1999 cuando el juez español Baltasar Garzón emitió una orden de captura contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien se encontraba en Londres (Reino Unido) para ser operado y gracias a ella debió permanecer varios meses en la capital británica bajo arresto domiciliario, aunque luego terminó siendo llevado a su país.
Aunque Ortega Díaz no quiso precisar ante qué país o países estaría pensando presentar denuncias contra Maduro y otros altos jerarcas chavistas, hizo votos porque sea la Corte Penal Internacional (CPI) la que actúe.
“Si no lo hiciera quedaría simplemente como un organismo burocrático”, alertó.
En perspectiva
¿Hay motivos para sospechar que el caso venezolano está engavetado, más allá de las fotografías en las que se ve a la fiscal Bensouda junto a la embajadora venezolana ante los Países Bajos y representante de la Misión permanente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, Haifa El Aissami, hermana del ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami; o al hecho de que ha transcurrido año y medio sin que se tengan noticias de los resultados de las investigaciones que viene haciendo la Fiscalía de la Corte? Ortega Díaz cree que sí y de paso ofrece otro.
“Nos solicitaron 23 testigos para demostrar que en Venezuela no se había podido hacer justicia y nosotros los ofrecimos, pero hasta ahora ninguno ha sido llamado para testificar”, se quejó la jurista guariqueña desde Colombia.
El Ministerio Público intervenido por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no ha resuelto ninguno de los asesinatos ocurridos durante la ola de protestas de 2017, y además ha ofrecido explicaciones poco convincentes en los casos del concejal Fernando Albán, del que sostiene que se suicidó en la sede del Sebin; o del capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto por las torturas que sufrió en el Dgcim.
Sin embargo, expertos como Marino Alvarado, ex coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), advirtieron que este proceso no es rápido. “Esto puede durar mucho. Allí está el caso colombiano”, apuntó.
Desde 2004, en el despacho de Bensouda tiene un expediente relacionado con los crímenes que las guerrillas FARC y el ELN y los paramilitares y el Ejército colombiano cometieron durante el conflicto armado que sufrió ese país. Hasta 2016 dicho expediente estaba en la fase tres de este proceso de filtrado, la etapa previa a decidir si se admite a trámite o no. Sólo una vez admitida una denuncia se inicia una investigación contra una o varias personas.
Hasta ahora la Corte Penal no ha conocido ningún caso relacionado con América Latina. Los 22 procesos que ha llevado adelante han sido por hechos ocurridos en África.
Ortega Díaz, por su parte, le salió al paso a estas razones. “El caso de Venezuela es grave porque las violaciones a los Derechos Humanos continúan, mientras que en los otros casos que tiene la Fiscalía de la Corte se trata de hechos ocurridos en el pasado, es decir que difícilmente se van a agravar, pero ese no es el caso venezolano y un ejemplo es lo ocurrido con el capitán Acosta Arévalo”.
No poner todos los huevos en la misma cesta
La propuesta planteada por la Fiscal General en el exilio podría resultar mejor que la opción original, al menos a la luz de las advertencias formuladas por Thairi Moya, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien advirtió que sin una reforma legal ante una eventual decisión de la Corte Penal no podría aplicarse en el país.
“En Venezuela no existe un sistema de responsabilidades que diga que se hará responsables al Presidente de la República, a los ministros, etc. Este sistema de responsabilidades superiores se ha adoptado en todos los países europeos desde la II Guerra Mundial, donde no excluyen a nadie (…) En Venezuela no existe lo que a nivel internacional se conoce como la responsabilidad del civil, que puede ser pasiva o activa. Lo más parecido que tenemos en Venezuela es la autoría intelectual, pero no tiene una misma pena que aquel que perpetra el crimen. Tampoco hay una clara mención a la autoría por omisión. Es decir, cuando un superior civil, sea este político o de un cuerpo policial, haya permitido la comisión de determinados actos”, afirmó en entrevista con El Ucabista.
Moya denunció que el caso de los militares aún es peor. “En el caso de la Justicia Militar no existe la responsabilidad del superior. Existe una cosa que ni se asemeja a lo que es una responsabilidad de un superior. Eso no existe. El Código de Justicia Militar es de 1918 y no está adaptado a los Convenios de Ginebra, de modo que no hay forma de cómo juzgar a los militares si cometen estos crímenes”.
La Corte Penal, por ejemplo, no ha logrado ejecutar la orden de captura que dictó contra el ahora ex dictador sudanés Omar al Bashir, por la negativa de ese país y otros de África a materializarla.
No obstante estos “peros”, hay que recordar que el Tribunal creado tras la firma del Estatuto de Roma ha conseguido importantes victorias como lo son las condenas a 18 años de cárcel contra el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, en 2016; y más recientemente la que impuso al ex líder rebelde de ese país, Bosco Ntaganda.