El régimen de Nicolás Maduro se alista para el próximo censo de población, donde un rol clave lo tendrán los milicianos, quienes se encargarán de levantar la información en los hogares.
Con la agudización de la crisis económica, el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado el control social sobre los ciudadanos, que ahora apunta a una nueva escalada en la figura de la Cédula Inmobiliaria.
Ricardo Menéndez, ministro de Planificación de Maduro, anunció el adelanto del XV Censo de la Población y, en ese marco, informó sobre la creación de este nuevo sistema con el cual, entre otras cosas, las familias podrán cancelar los servicios básicos. Pero el mecanismo es similar a otros que ha utilizado el oficialismo en el pasado para condicionar la asignación de beneficios socioeconómicos.
De hecho, cuando Hugo Chávez estaba en la Presidencia su bandera eran las llamadas misiones sociales que más allá de la asignación de recursos, contemplaban registros y seguimiento de los beneficiarios; pero el control se ha perfeccionado bajo la gestión de Nicolás Maduro con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el Carnet de la Patria.
Carnet y comida
En abril de 2016, Maduro comenzó la reestructuración del sistema de distribución de la Misión Alimentación con la creación de los CLAP, cuya primera atribución fue la venta de bolsas y cajas de comida a precios subsidiados en las comunidades. Dichas instancias están integradas por consejos comunales y miembros de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, Frente Francisco de Miranda y de Unamujer.
Al inicio del plan, los miembros de los CLAP solicitaron a las familias de cada comunidad llenar planillas en las que debían dar sus datos personales así como el tipo de vivienda que poseían, servicios, trabajo, número de personas que habitaban en las casas, ingresos por persona y participación comunitaria. Con esa información, los Comités decidían la distribución de las bolsas, que con el tiempo ha sido irregular.
Ese esquema comenzó en momentos en que las fallas de abastecimiento se habían profundizado por la merma de la producción, como consecuencia de las regulaciones de precios, el recorte de importaciones y la inseguridad jurídica. Analistas y expertos consideraban que los CLAP eran la vía creada por el Gobierno para administrar la escasez.
Maduro no sólo dejó en los CLAP la distribución de alimentos, también les dio el poder para inspeccionar a las industrias, especialmente a las de comida y artículos de higiene personal, áreas donde se acentuaban los problemas de desabastecimiento.
Pero para el primer mandatario los CLAP no fueron suficiente, y con miras a posibles eventos electorales, creó el llamado Carnet de la Patria.
El argumento oficial era que por medio de ese instrumento se podía tener un registro y control de las misiones y proyectos sociales, conocer los planes a los cuales los ciudadanos tenían acceso o no.
En los eventos electorales que se realizaron en 2017 -Asamblea Nacional Constituyente (ANC), gobernadores y alcaldes- el Carnet fue la herramienta del oficialismo para garantizarse los votos. Incluso, Héctor Rodríguez, hoy gobernador de Miranda, admitió tras las elecciones de la cuestionada ANC que “el código QR [que tiene el Carnet] nos ha servido como poderosa herramienta para la movilización por la Constituyente”.
Desde hace dos años el oficialismo ha coaccionado para gestionar el documento y, sin ese instrumento aseguran los funcionarios, no hay acceso a beneficios como los bonos especiales. Las exigencias llevaron a que más de 70% de la población admitiera que tenía el Carnet de la Patria, de acuerdo con los sondeos de diversas encuestadoras.
Previo a las elecciones presidenciales de mayo de 2018, Transparencia Venezuela destacó en un reporte que el Carnet “se perfila como el sustento de un movimiento político”. Y fue una de las herramientas clave para que Maduro fuera reelegido para otros seis años, en un proceso considerado por los opositores y la comunidad internacional como fraudulento.
La cédula
A los CLAP y al Carnet de la Patria ahora se sumará la Cédula Inmobiliaria, un nuevo documento que tendrá un código QR de identificación.
Ricardo Menéndez dijo, a inicios de septiembre, que con la Cédula Inmobiliaria el propietario de una vivienda podrá asociar los servicios públicos y los trámites que realice ante la alcaldía de su localidad.
“Las facturas de electricidad, agua, gas, teléfono, e incluso todo lo que corresponde a los servicios catastrales van a tener en esta base de datos, un componente firme desde el punto de vista de desarrollo”, señaló Menéndez durante una jornada de capacitación para el próximo Censo poblacional.
Por su parte, Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), adelantó en su programa “Con el mazo dando”, hacia dónde apunta el Censo. Comentó que las viviendas son para las familias, no para alquiler. “Si se toca la puerta de su vivienda y usted no está. Y sale alguien y dice que es alquilado, ¡Ya va! la casa no es para alquilarla, la vivienda es para la familia. No le vamos a quitar la casa, sólo vamos a chequear”, agregó Cabello, quien cuando fue diputado de la AN encabezó la reforma de la Ley de Arrendamientos de 2011 que asestó un golpe al mercado de alquileres.
También vale destacar que el esquema se plantea a las puertas de 2020, año cuando se efectuarían unas elecciones parlamentarias.
En cuanto al Censo mismo hay otro componente que destaca: La participación de los milicianos. Menéndez dijo que en la fase de formación de los empadronares estarán la Milicia y el denominado poder popular (consejos comunales, entre otros). No hay que olvidar que a los milicianos Maduro les ha aumentado su poder. Ahora, entre otras funciones, podrán ser parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Abogados venezolanos señalan que dicho instrumento no es necesario cuando los inmuebles ya están registrados. Juan Manuel Raffalli, jurista, escribió en su cuenta de Twitter recientemente que “eso es un mecanismo de control inmobiliario, cuyos fines últimos o potenciales desconocemos. La propiedad inmobiliaria ya está inscrita en los registros y en el catastro municipal”.