Según el más reciente estudio del IVAD, el 67% de la población venezolana manifiesta que se debe esperar a que culmine el período parlamentario a finales del año 2020. Mientras, la excusa de estar preparándose para una eventual elección parlamentaria le sirve al chavismo para definir el alcance de su maquinaria electoral.
El periodo constitucional de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela electos en diciembre del año 2015 culmina el 4 de enero de 2021. No obstante, el chavismo presiona para adelantar en un año la elección de los nuevos parlamentarios como herramienta de negociación con la oposición, especialmente porque algunos sectores políticos del país (disidentes del chavismo y minoritarios en la oposición) no desestiman la posibilidad de participar en este proceso, aunque las condiciones técnicas y políticas no difieran significativamente de las que existían en el año 2018.
Control de los tiempos electorales
“El 5 de enero de 2020 es una buena fecha para realizar las elecciones”, sostiene reiteradamente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). No obstante, la idea de Cabello es contraria a la percepción que tienen los ciudadanos.
Según el más reciente estudio del Instituto Venezolano de Datos (IVAD) el 67% de la población venezolana manifiesta que se debe esperar a que culmine el período parlamentario a finales del año 2020. Sólo 25% dice estar de acuerdo con la propuesta de celebrar anticipadamente los comicios parlamentarios.
De prosperar la idea de Cabello de celebrar comicios parlamentarios el 5 de enero de 2020, Venezuela pasaría a tener un parlamento electo en diciembre del año 2015 que se encuentra en funciones (aunque declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia), un parlamento electo que sólo pudiese tomar posesión de sus cargos 12 meses después de la elección, y una Asamblea Nacional Constituyente con rango supraconstitucional que desde la perspectiva del chavismo puede sesionar indefinidamente.
Esta estrategia ha sido utilizada por el chavismo en el pasado. Designar poderes o autoridades para cargos de elección popular que resten competencias a los funcionarios electos por los ciudadanos.
Uso de los recursos del Estado
La excusa de estar preparándose para una eventual elección parlamentaria le sirve al chavismo para definir el alcance de su maquinaria electoral (no la necesita formalmente desde la derrota en 2015) pensando en una eventual elección presidencial que sea acordada a través de los distintos mecanismos de negociación que se mantienen activos en Venezuela.
“Con las RAAS (Redes de Acción y Articulación Sociopolítica) hemos llegado a 5.825.297 personas, cara a cara, caso a caso. Son 47 mil comunidades, 280 mil calles. En cada comunidad, en cada calle hay un jefe, preparándonos para las elecciones”. La afirmación de Cabello ratifica que la capacidad de movilización del chavismo puede mantenerse en torno a los 6 millones de personas, una cifra que se mantiene constante desde el proceso parlamentario del año 2015.
Las RAAS, la nueva forma de organización social del chavismo, están inspiradas en los Comités de Defensa de la Revolución, y mantiene el accionar electoral del chavismo que se ha denunciado en el pasado como ventajista: Utilizar los recursos del Estado para beneficiar la estructura y organización electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La explicación de cómo funcionan las RAAS y el uso electoral que tendrán también demuestra que el chavismo sigue controlando los tiempos de la elección, y no admitirá la convocatoria de procesos electorales mientras no garantice su control absoluto sobre el padrón de votantes potenciales del que dispone. De hecho, la comisión especial para Evaluar la fecha de las elecciones parlamentarias está integrada por Francisco Ameliach, quien a su vez es el máximo jerarca en la estrategia electoral del PSUV.
Generar abstención en la oposición
“Yo confío en el CNE”, la frase de Cabello ratifica que el chavismo mantendrá su estrategia: Control absoluto sobre sus votantes, mientras genera abstención entre los electores opositores.
Según el IVAD 58.7% de la población venezolana considera que debe nombrarse un nuevo CNE, mientras 21.5% cree que debe reestructurarse el actual Poder Electoral. Sólo un 16% cree que debe mantenerse como está.
Mantener la estructura actual del CNE genera abstención entre los electores que se autodefinen como opositores e independientes. Según estudios de opinión pública coordinados por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el principal bloqueador para la participación electoral de quienes se dicen opositores e independientes es la composición del CNE.
El chavismo se prepara para nuevas elecciones, incluso pudiesen ser presidenciales, pero siempre repitiendo la estrategia electoral del pasado: Uso de los recursos del Estado para controlar y presionar a los venezolanos más dependientes de los planes sociales, mientras genera abstención en sus adversarios.
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